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Conocido el trío de candidatos de Petro a suceder en la Corte Constitucional a Alejandro Linares, ha tomado fuerza el reparo de que los ternados (Cielo Rusinque, Vladimir Fernández y Gerardo Vega) son subalternos del mandatario y que ninguno tiene suficiente “experiencia constitucional”.
El magistrado que será reemplazado, Alejandro Linares, cuando fue nombrado tampoco era constitucionalista, pues sus ejecutorias y méritos lo destacaron en otras disciplinas, pero se lució como juez sin tener “experiencia constitucional”.
Han sido muy pocos los togados expertos en derecho constitucional que se han sentado en ese tribunal. Han llegado penalistas, civilistas, comercialistas, filósofos, laboralistas, administrativistas, pastores, ambientalistas, políticos derrotados, amas de casa y hasta ganaderos, como el tristemente célebre Pretelt. La razón es obvia: para ser magistrado no se requiere ser doctor en derecho constitucional. La Corte es un escenario político jurídicamente diverso, que sirve de termómetro a los problemas del país, y por eso caben todos los abogados incluidos quienes se ufanan de conocer la Constitución.
Corría 2006 cuando un joven abogado supuestamente toreado en las lides constitucionales puso a la Corte a transitar uno de sus más bochornosos momentos. Ese gran constitucionalista apoyó una ponencia en contra de la reforma que autorizó la tramposa reelección inmediata de Uribe Vélez y luego cambió de criterio para sumarse a quienes le impartieron la bendición a ese esperpento. Allí no paró el asunto porque, apenas posesionado, Uribe II designó como su embajador en una nación europea al progenitor del genial magistrado o camaleón constitucional. Nadie se preguntó entonces si ese salto mortal de trapecista obedeció a su recia formación como constitucionalista.
Antes de 1991 el derecho constitucional era una ciencia que muy pocos conocían, por la sencilla razón de que la Constitución nada ofrecía a los ciudadanos. Entonces con justicia se hicieron notables juristas como Jacobo Pérez, Manuel Gaona, Luis Carlos Sáchica, López Michelsen y otros de esa generación. Todo eso cambió cuando en la nueva Carta se incluyeron las acciones de tutela, populares, de grupo y las de cumplimiento, mecanismos puestos al servicio e intereses de toda la comunidad, lo que se tradujo en que hasta el menos entendido de los abogados hoy pueda disertar con alguna propiedad sobre el derecho constitucional. Por supuesto, eso no significa que todos los profesionales del derecho sean constitucionalistas, pero sí que la abismal distancia que separaba a esos “sabios” del resto de sus colegas sea cada vez más tenue.
Es una crítica sin fundamento exigir hoy que quien llegue a la Corte Constitucional tenga que esgrimir experiencia constitucional. Pericia en esa importante área no consiste en esos alardes cultistas de repetir de memoria miles de sentencias, con las cuales suelen intoxicarse de vanidad los chisgarabises de siempre. No, la cosa es más sencilla porque cualquier togado, aun los que se especialicen en “chismografía” y hasta en inteligencia artificial, puede sentarse en los sillones de la Corte Constitucional.
Rusinque, Fernández y Vega formalmente reúnen los requisitos para aspirar a la Corte. Otra cosa es si le convienen o no al país. Rusinque y Fernández se han formado y vivido en el mundo del derecho, no siempre con tranquilidad porque ambos cultivan enemigos y críticos feroces que les cuestionan sus antecedentes. Pero de ahí a tacharlos de inexpertos constitucionalistas es francamente una bobería.
No puedo decir lo mismo de Vega, no solo porque no tiene un solo escrito como jurista sino porque lo que se sabe de él inquieta. La impresión que ha dejado en la Agencia Nacional de Tierras no es la de un funcionario sereno, capaz de administrar justicia con independencia e imparcialidad. Lo gobierna un tufillo de odio por quienes no piensen como él. Un hombre con un torrente sanguíneo tan alterado como el que ostenta Vega es una peligrosa aventura. No debió estar en esa terna.
Lo que el país reclama a estos tres mosqueteros petristas, más que experiencias en derecho constitucional, es que se comprometan a ejercer con dignidad y decoro el deber de ingratitud, como en su momento lo hiciera María Victoria Calle. Así que entre el diablo y escoja.
Adenda. Petro tiene razón en quejarse porque la Fiscalía solo se interese por investigar los supuestos atentados contra Barbosa —el fiscal de gremios y empresarios— y su gente.
