Si Duque y varios de sus ministros venían interviniendo descaradamente en la campaña electoral a través del mecanismo de controvertir todas y cada una de las propuestas de los diferentes candidatos presidenciales, en particular las de Petro, ahora la procuradora Cabello les ha concedido patente de corso para que hagan manifestaciones así rompan la neutralidad que están obligados a mantener y hacer respetar. Son las “ventajitas” de que la jefe del Ministerio Público sea alguien de las propias tropas.
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En un reportaje concedido por Margarita Cabello a El Tiempo, a la pregunta sobre si no creía que Duque intervenía en política contra el candidato Gustavo Petro, respondió con una perla. Según la procuradora, la prohibición a los funcionarios para que intervengan en “controversias políticas” se refiere a “las diferencias políticas de tipo partidista o en el marco de procesos electorales”, pero no “a la intervención en deliberaciones o discusiones sobre temas públicos” porque supuestamente ello afectaría la discusión pública “entre todos los ciudadanos”.
Mejor dicho, en plata blanca, a diferencia de la histórica llamada de atención que en su momento hizo el procurador Aramburu a Carlos Lleras cuando se le fue la lengua en la campaña que terminó eligiendo a Misael Pastrana en medio de acusaciones inolvidables de fraude, lo que ha hecho Cabello es darles carta blanca a los funcionarios para que refuten lo que les disguste de las propuestas de los candidatos. Eso no es otra cosa que volverse protagonista “en el marco de procesos electorales”, o sea intervenir en política. Hasta el fiscal Barbosa, tan propenso al abuso, se contagió de esta enfermedad y oficiando de Fico salió a regañar a Petro por haber dicho que su Fiscalía no ofrece garantías, que es lo que pensamos millones de colombianos.
Cuando conocí a Margarita Cabello en sus tiempos de destacada jurista respetaba su criterio para aproximarse a los fallos judiciales, pero como ahora se volvió política suele extraviarse interpretando sentencias, como ya le ocurrió con la de la Corte IDH, error que terminó en otro mayor al convertir en jueces a unos procuradores delegados. Ahora repite para poner en peligro la transparencia de las elecciones, pues no es cierto que la Sentencia de la Corte Constitucional C-794 de 2014 les permita a los funcionarios intervenir en política a propósito de referirse a temas de interés general de sus despachos. El daño que esta teoría sacada de la manga está causando a la democracia puede escalar a situaciones de violencia, y es allí donde la procuradora Cabello debería rectificar.
Si es grave que la Procuraduría haya abierto la puerta para que se rompa la neutralidad del gobierno en el proceso electoral, que ya está fracturada, es un verdadero desastre que la jefe del Ministerio Público y recientemente también el fiscal Barbosa olviden que el artículo 422 del Código Penal elevó a la categoría de delito la intervención en política de los servidores públicos. Que quienes se sientan a salvo de la justicia disciplinaria por intervenir en política no echen en saco roto que, si cruzan esa línea roja, tendrán que responder como cualquier delincuente.
La razón que impone a los funcionarios la obligación de no intervenir en un proceso electoral, menos por la vía de rebatir las propuestas de los candidatos opositores del gobierno, es asegurar “que el comportamiento de los servidores públicos sea imparcial y evitar el favorecimiento de un específico candidato o grupo político”.
El resultado de esta incertidumbre se traduce en que lo que resta de esta fatigante campaña electoral no oiremos a Fico haciendo planteamientos ni defendiendo al gobierno que él representa y pretende perpetuar. Si alguien debería refutar las propuestas de Petro o Fajardo, ese tiene que ser el candidato del uribismo, pero Gutiérrez es tan incapaz, desinformado y despistado que su tarea como aspirante a la presidencia la están desempeñando Duque, los ministros Palacios y Molano –sus verdaderos jefes de debate–, con abuso y atropellos que amenazan la tranquilidad. Muy pronto ya lo harán otros funcionarios escudados en la peregrina hermenéutica de la doctora Cabello.
Adenda. La insistencia del ministro de Defensa, Diego Molano, en sostener que la masacre del Putumayo fue una “operación legítima”, cuando es evidente que violaron el DIH porque fueron homicidios de personas protegidas, más que un crimen es una estupidez.
