Tras el botín

Definitivamente la crisis en las altas cortes se incrementa diariamente y no hay solución a la vista, diferente de la de revocar la totalidad de los magistrados, como lo he propuesto desde hace algunos meses.

Ello no significa que todos los togados sean corruptos o indeseables, sino que el sistema judicial se prostituyó tanto que ya no es posible recuperarlo ni siquiera con el esfuerzo o la protesta silenciosa de algunos de los magistrados que también sienten vergüenza y miedo de lo que está ocurriendo al interior del Palacio de Justicia. Por eso puedo decir con toda certeza que muchos magistrados me han hecho saber que estarían dispuestos a sumarse a la propuesta de que se revoquen inclusive sus nombramientos, porque el actual estado de cosas los tiene indignados, acorralados e indefensos.

Ahora se sabe que ese poderoso triángulo dueño de la justicia conformado por Ruth Marina Díaz, Francisco Javier Ricaurte y Pedro Munar, está ejecutando un ambicioso plan que de concretarse pondría en la Contraloría General de la República al también exmagistrado Camilo Tarquino o al exauditor Jaime Raúl Ardila, contertulios de la arrogante cofradía del clientelismo judicial. Ya el propósito no es nombrar a otro de la tribu como magistrado, porque en esa tarea son invencibles, ahora la pretensión es escalar y tomarse directamente varias entidades estatales, para no tener necesidad de intermediarios.

El asunto, a pesar del alto vuelo que conlleva, es bien sencillo. En los próximos meses tendrá que integrarse una terna de candidatos para contralor general, por el vencimiento del desastroso período de su actual titular, Sandra Morelli Rico, también cercana a ese siniestro triángulo Díaz, Ricaurte, Munar. El plan que se ha puesto en marcha es que alguna de las cortes, donde este trío es temido y acatado, terne a Tarquino o a Ardila para tan alta dignidad. La idea es que luego el procurador —también miembro de la camarilla— haga lo suyo en el Congreso a la hora de elegir contralor, para asegurar que sea elegido el camarada. El mensaje es claro: a quienes ya se apoderaron hasta del aire que se respira en las cortes, no les basta ese inmenso poder que detentan y quieren más. Son las audacias de este Partido de los Jueces, a cuya cabeza están Díaz, Ricaurte, Munar y otras personalidades de ese mundillo, cuya voracidad no tiene límites. Por eso se oye decir en todos los corrillos que ya hay un magistrado de la Sala Penal que será el próximo fiscal, y que otro del Consejo de la Judicatura sucedería a Ordóñez en la Procuraduría. El Partido de los Jueces ya no se conforma con manejar a su antojo la balanza de la justicia, sino que necesita mucho más, porque creen que lo merecen todo. Son los sofisticados piratas del nuevo milenio.

Este nuevo partido que no tiene personería jurídica, pero que controla la más grande torta burocrática, está por conseguir que la Corte Suprema de Justicia terne como candidato a la Corte Constitucional a Jorge Luis Quiroz, en la actualidad magistrado auxiliar del presidente de la Corte, Luis Gabriel Miranda, este último nombrado gracias a las maromas que supo orquestar su padrino, el maquiavélico doctor Ricaurte. Es decir, otro alfil del equipo que, de llegar a la Corte Constitucional, estaría bien dispuesto a apoyar la candidatura de Tarquino o Ardila o de alguien semejante para la Contraloría. Pero si fracasa esta carta, hay todavía un as bajo la manga: Marco Antonio Rueda, hoy magistrado de Sala Penal del Tribunal, paisano de Ruth Marina Díaz y Alejandro Ordóñez, también está incluido en la lista de candidatos a la Corte Constitucional, y ya se imaginan a quién apoyaría para la Contraloría. ¡Moñona!

La crisis en la justicia no da espera. Lo extraño es que hasta ahora ninguno de los candidatos presidenciales, ni siquiera el propio Santos, testigo de excepción de lo que está pasando en las cortes, se han preocupado por incluir en sus programas de gobierno una solución a la corruptela judicial.

Adenda. La justicia contencioso administrativa condena al DAS por “chuzar” a un exmagistrado de la Corte, y Uribe callado, como si el asunto hubiese ocurrido en otro gobierno.