A los “vallunos bogotanos” –como con desprecio y envidia nos llaman los arrogantes momios de la Cámara de Comercio de Cali a quienes somos más vallecaucanos que ellos así vivamos en Bogotá–, nos duele lo que pasa y podría sucederle al Valle del Cauca.
Estudiosos del tema de seguridad coinciden en que el departamento está a punto de balcanizarse por la fragmentación territorial que están provocando las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Desde Jamundí al sur hasta el Cañón de las Garrapatas en el norte, el Valle es zona de guerra donde nadie vive en paz, porque el Estado no tiene control territorial.
La gobernadora Dilian Francisca Toro hace su mejor esfuerzo, pero sabe que la situación no mejorará mientras el Gobierno Nacional no comprenda el riesgo que amenaza al suroccidente y apoye la respuesta a la criminalidad con inversión social, recursos financieros y pie de fuerza. En el entretanto, estos grupos delincuenciales seguirán adueñándose del territorio al que ya ni siquiera pueden asomarse militares ni policías.
A esto ha de agregarse el notorio desmantelamiento de las capacidades de seguridad y defensa en el Valle y en el Pacífico que, si bien se inició con el cuatrienio baboso de Duque, se ha agravado en el gobierno del M-19, y por eso, desde Buenaventura y en toda la Costa Pacífico, conviven narcotráfico, guerrilla, delincuencia común, hambre y anarquía. Las gentes siguen sin comprender la razón por la cual el Gobierno de Duque abandonó el batallón de Alta Montaña en Jamundí, pero más todavía que el Gobierno de Petro no lo haya restablecido en Villa Colombia, tal como lo ha impulsado la gobernadora Toro, sin el respaldo del Gobierno Nacional.
Si se pierde Jamundí, sucumbirían Cali, el Valle del Cauca y el Pacífico; así de calamitosa es la situación. Las disidencias de las FARC convirtieron a Jamundí en un enclave cocalero con más de 1.790 hectáreas de coca, laboratorios de procesamiento de drogas ilícitas, rutas del narcotráfico y tráfico ilegal de armas. Desde el 1 de enero de 2024 se han registrado 60 hechos violentos.
Este tropiezo ha menguado las capacidades de inteligencia para recolectar y procesar datos en una región que los necesita urgentemente. Es inconcebible que en la escalada terrorista de la semana anterior, con 19 ataques terroristas en el Cauca y el Valle, los comandantes militares y policiales reconocieran en un Consejo de Seguridad que no tuvieron información de inteligencia que les permitiera anticiparse a la violenta incursión de las disidencias de las FARC. Y dejaron en el ambiente que, quizás, esas disidencias han rememorado el fallecimiento del delincuente Matimbú.
Esto se ha deteriorado por la persecución silenciosa ejercida contra efectivos muy importantes de la fuerza pública desde el despacho del anterior ministro de Defensa, hostigamiento incentivado por un ilustre senador de izquierda, quienes se propusieron diezmar a los hombres encargados de la inteligencia acechándolos con excluirlos de las filas.
La Fiscalía no es una fuerza de choque, y por tanto es incapaz de concretar las detenciones ordenadas por ella y los jueces contra delincuentes de la estructura disidente de las FARC “Jaime Martínez”, pero tampoco ni ejército ni policía pueden detener a nadie. Hay 39 órdenes vigentes desde el 2024, algunas cumplirán un año sin su materialización en julio y agosto de este año.
El sindicato de prófugos que saben que nadie los persigue ni puede detener multiplica los escuadrones de la muerte y la violencia generalizada. Además de fortalecer las operaciones de inteligencia, el control territorial y la vigilancia del espacio público, es necesario parar el robustecimiento económico de las organizaciones armadas que dominan el departamento, por cuenta de los dividendos multimillonarios que reciben del narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión.
Adenda No 1. El ministro Benedetti debería mirar la Constitución y corregir su tontería de que el Registrador –autoridad electoral– es un simple “operador logístico”.
Adenda No 2. ¿Será que Petro sindicará también de sediciosos a los magistrados del Consejo de Estado por el acierto de suspenderle su atroz consulta popular?
Adenda No 3. Petro afirmando que aún no se sabe que el atentado a Miguel Uribe fuera por motivos políticos. Ahora se entiende por qué el gobierno pretendía intervenir con la Fiscalía en las investigaciones.
