El Gobierno ha hecho de la pandemia la mejor excusa para implantar una monarquía constitucional. Duque legisla a su antojo, inclusive sin invocar la emergencia económica para decretar el aislamiento, contando además con la complicidad de un Congreso que ni legisla ni ejerce control político, como es su obligación. Esto se adorna con una empalagosa campaña mediática plagada de contradicciones para que, a través de un programa de televisión dirigido diariamente a la nación por todos los canales, el subpresidente Duque se promocione como el mesías. El antidemocrático propósito es intoxicar al pueblo con la imagen del mandatario y sus supuestos grandes logros, como suelen hacerlo Maduro y otros dictadores que tanto critican, estrategia a la que, intencional o inadvertidamente, contribuyen algunos medios.
Pero la cosa tiende a empeorar porque, no contentos los uribistas con haberse tomado el país y manejarlo arbitrariamente, unos mozalbetes del partido de gobierno que deambulan como congresistas ya anunciaron que impulsarán una reforma legal para despojar de recursos los acuerdos de La Habana con las Farc y destinarlos a la solución de la pandemia. La maniobra es clara y seguramente les dará jugosos dividendos transitorios, así sean mentirosos. No faltarán los incautos que estén de acuerdo con este raponazo, validos del falaz argumento de que primero está la salud.
Y a lo anterior se agrega una inútil discusión sobre si quien manda es el subpresidente Duque —a quien a su turno mandan otros— o la libertaria e independiente alcaldesa Claudia López, controversia que los abogados gobiernistas pretenden dirimir como si todavía estuviese rigiendo la retardataria Constitución de 1886, pues siguen creyendo que el inquilino de la Casa de Nari es amo y señor de esta república del Sagrado Corazón. ¡Qué desilusión! Les bastaría a esos juristas auxiliadores del régimen leer solamente el artículo 1 de la Constitución Política de 1991, que es la vigente, el cual postula que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales...”. Así de claro y de fácil.
Y digo que, a pesar de la contundencia de la actual Constitución, es estéril discutir si el que manda es el subpresidente Duque o si es la alcaldesa Claudia López quien tiene la última palabra, como lo creo, pues la lacerante realidad es que las órdenes se cocinan y ejecutan en el poderoso Consejo Gremial.
En efecto, es errada y peligrosa la decisión de empezar a abrir el país reactivando la construcción y la manufactura, fundada en una recomendación del nuevo ministro de Salud —por cierto, muy parecido a Néstor Humberto Martínez—, que ya se ha hecho desconfiable porque cambia de criterio según lo que impongan los industriales. Primero nos sentencia al aislamiento indefinido incluidos los menores de edad, más tarde permitió que estos pudieran salir y recientemente se retractó prohibiéndoles la calle.
Lo mismo sucede con la medida de reactivar dos sectores de la economía, lo que en Bogotá implica la movilización de cerca de un millón de personas que van a exponerse al contagio y a regar el coronavirus. Según el vacilante ministro de Salud, esta decisión obedece a que disminuyeron las personas hospitalizadas, justificación nada creíble porque si así fuera habrían podido ponerle fin a la emergencia sanitaria, y además porque todos los días aumentan los infectados y los muertos.
Mientras todo esto ocurre, en las cárceles crece el pánico y muy pronto tendremos más muertos, porque a los dueños del capital y al fiscal Barbosa poco o nada les importa lo que le pueda suceder a la población prisionera, condenada a morir infectada en esas cloacas.
Lo cierto es que luego de cinco semanas de encierro obligatorio los colombianos todavía no sabemos ni siquiera cómo se transmite el coronavirus. Lo único tangible hoy es que somos cautivos de un gobierno virtual que pretende convencernos de lo que no fue capaz de hacer presencialmente.
Adenda. Que un médico y su familia sean amenazados de muerte por sus vecinos si no abandonan el edificio de estrato 6 confirma que la tal solidaridad ciudadana es otra gran farsa nacional.
El Gobierno ha hecho de la pandemia la mejor excusa para implantar una monarquía constitucional. Duque legisla a su antojo, inclusive sin invocar la emergencia económica para decretar el aislamiento, contando además con la complicidad de un Congreso que ni legisla ni ejerce control político, como es su obligación. Esto se adorna con una empalagosa campaña mediática plagada de contradicciones para que, a través de un programa de televisión dirigido diariamente a la nación por todos los canales, el subpresidente Duque se promocione como el mesías. El antidemocrático propósito es intoxicar al pueblo con la imagen del mandatario y sus supuestos grandes logros, como suelen hacerlo Maduro y otros dictadores que tanto critican, estrategia a la que, intencional o inadvertidamente, contribuyen algunos medios.
Pero la cosa tiende a empeorar porque, no contentos los uribistas con haberse tomado el país y manejarlo arbitrariamente, unos mozalbetes del partido de gobierno que deambulan como congresistas ya anunciaron que impulsarán una reforma legal para despojar de recursos los acuerdos de La Habana con las Farc y destinarlos a la solución de la pandemia. La maniobra es clara y seguramente les dará jugosos dividendos transitorios, así sean mentirosos. No faltarán los incautos que estén de acuerdo con este raponazo, validos del falaz argumento de que primero está la salud.
Y a lo anterior se agrega una inútil discusión sobre si quien manda es el subpresidente Duque —a quien a su turno mandan otros— o la libertaria e independiente alcaldesa Claudia López, controversia que los abogados gobiernistas pretenden dirimir como si todavía estuviese rigiendo la retardataria Constitución de 1886, pues siguen creyendo que el inquilino de la Casa de Nari es amo y señor de esta república del Sagrado Corazón. ¡Qué desilusión! Les bastaría a esos juristas auxiliadores del régimen leer solamente el artículo 1 de la Constitución Política de 1991, que es la vigente, el cual postula que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales...”. Así de claro y de fácil.
Y digo que, a pesar de la contundencia de la actual Constitución, es estéril discutir si el que manda es el subpresidente Duque o si es la alcaldesa Claudia López quien tiene la última palabra, como lo creo, pues la lacerante realidad es que las órdenes se cocinan y ejecutan en el poderoso Consejo Gremial.
En efecto, es errada y peligrosa la decisión de empezar a abrir el país reactivando la construcción y la manufactura, fundada en una recomendación del nuevo ministro de Salud —por cierto, muy parecido a Néstor Humberto Martínez—, que ya se ha hecho desconfiable porque cambia de criterio según lo que impongan los industriales. Primero nos sentencia al aislamiento indefinido incluidos los menores de edad, más tarde permitió que estos pudieran salir y recientemente se retractó prohibiéndoles la calle.
Lo mismo sucede con la medida de reactivar dos sectores de la economía, lo que en Bogotá implica la movilización de cerca de un millón de personas que van a exponerse al contagio y a regar el coronavirus. Según el vacilante ministro de Salud, esta decisión obedece a que disminuyeron las personas hospitalizadas, justificación nada creíble porque si así fuera habrían podido ponerle fin a la emergencia sanitaria, y además porque todos los días aumentan los infectados y los muertos.
Mientras todo esto ocurre, en las cárceles crece el pánico y muy pronto tendremos más muertos, porque a los dueños del capital y al fiscal Barbosa poco o nada les importa lo que le pueda suceder a la población prisionera, condenada a morir infectada en esas cloacas.
Lo cierto es que luego de cinco semanas de encierro obligatorio los colombianos todavía no sabemos ni siquiera cómo se transmite el coronavirus. Lo único tangible hoy es que somos cautivos de un gobierno virtual que pretende convencernos de lo que no fue capaz de hacer presencialmente.
Adenda. Que un médico y su familia sean amenazados de muerte por sus vecinos si no abandonan el edificio de estrato 6 confirma que la tal solidaridad ciudadana es otra gran farsa nacional.