Sin ningún pudor, el Gobierno avanza con paso seguro en su peligrosa y antidemocrática empresa de apoderarse de la justicia. Es un viejo sueño del uribismo en el que paradójicamente coincide con el régimen de Maduro.
El punto no es solamente que el uribismo sea hoy amo y señor en la Fiscalía, al extremo de que hasta la sección de extinción y dominio la gobierna la hija del rector de la cueva del fascismo, la Universidad Sergio Arboleda, a quien varios medios coronaron como la reina anticorrupción, a partir de un relato confuso y nada verosímil, todo porque al parecer tuvo un enfrentamiento laboral con una subalterna de prestigio personal y profesional a la que con su inmenso poder no solo sacó a sombrerazos del cargo, sino que en los medios ha tratado de convertir en una indeseable, por decir lo menos; mientras tanto, ella se presenta como la redentora. Eso es apenas una muestra de lo que está ocurriendo en la Fiscalía, donde para tener audiencia y ser oído se requiere acreditar credenciales de membresía del Centro Democrático o de la Sergio. Por eso al señor Bieri, el censurador de la Casa de Nari, no le ha pasado absolutamente nada —salvo en la Procuraduría— y probablemente nada le suceda, porque es de las propias tropas.
La cosa no para allí. Hace pocos días el Gobierno consiguió designar como magistrado de la Corte Constitucional al doctor Jorge Ibáñez, sin duda un jurista con buen recorrido, de quien el Gobierno espera que no se le olvide cómo fue posible que se hizo togado. Confío en Ibáñez, porque es curtido en la polémica y a salvo de la lisonja, pero lo que no se puede borrar es que quienes lo han llevado hasta allí creen que han hecho una inversión segura con él. Por el bien de la democracia, ojalá nada de eso ocurra.
Pero sigue libre la plaza en la Corte Constitucional que dejó el pastorcito mentiroso de Carlos Bernal, el engendro de la lagartería del rector del Externado. Han pasado casi cuatro meses desde su renuncia intempestiva y el Gobierno no integra la terna de juristas para someterla al escrutinio del Senado. ¿Qué hay detrás de esa demora? ¿No se consiguen abogados para candidatizar a tan importante dignidad? O el Gobierno está moviendo sus fichas para llevar allí a unos alfiles que andan detrás de escritorios oficiales, como Andrés Barreto, el rajado de la CPI; o el embajador Álvaro Motta, un viejo y obsecuente amigo del temido Néstor Humberto Martínez; o una que otra dama uribista fiel al Gobierno que pronto aparecerá. Llegamos a noviembre y no hay terna, pero el Gobierno sí sabe por dónde va el agua al molino.
Muy pocos han advertido que tomando el control de este sillón en la Corte Constitucional, esta quedaría en manos de la derecha uribista. La corporación se ha venido aproximando al Gobierno, pero con uno más que llegue se acabarán las tensiones y el gran tribunal constitucional que en el pasado nos llenó de orgullo y reconocimiento internacional será, sin duda, la Corte oficial del régimen.
Y el más inmediato suceso que está por ocurrir hará moñona. En efecto, Duque tiene que elaborar tres ternas de candidatos para la Comisión de Disciplina Judicial, que reemplaza a la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Como se sabe, este organismo controla, vigila y sanciona disciplinariamente a abogados, jueces y fiscales, salvo los aforados, y a los funcionarios de la justicia; como poner un ponqué en la puerta de una escuela.
Apoderado el Gobierno de la justicia disciplinaria, más pronto que tarde sucederá lo mismo que en los tiempos tempestuosos de la Seguridad Democrática; es decir, todo será uribismo judicial politizado y corrupto. Sumando todo este poder, le resultará fácil a Duque extender sus tentáculos e influencia en las demás altas cortes, y entonces estaremos otra vez en las puertas de un renovado cartel de la toga como el que antaño llenó de desprestigio a la Rama Judicial.
Y para que no queden dudas, el congresista uribista Álvaro Hernán Prada, investigado en la Corte Suprema, se alista para llegar a la Comisión de Acusaciones, encargada de investigar precisamente a los magistrados de la Corte. No se les olvidó nada.
Adenda. Gane quien gane, nuestras autoridades deben esclarecer y sancionar la injerencia de congresistas y funcionarios colombianos en las elecciones americanas.
