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18 Apr 2022 - 5:00 a. m.

Impuestos y desigualdades

Aunque pueda ser un tema tedioso, técnico y del que poco entendemos, los impuestos son una parte fundamental de nuestra vida. Cada uno de los colombianos pagamos impuestos, desde el ciudadano de a pie que paga IVA cuando compra una botella de agua, hasta el dueño de una multinacional que paga el impuesto a los dividendos. Todos pagamos, y también, todos nos beneficiamos del gasto social y la inversión que se realiza con nuestros impuestos. Tanto el ciudadano de a pie como el dueño de la multinacional, acceden a carreteras, energía eléctrica, sistema judicial, y muchos otros bienes y servicios públicos.

Este escrito hace parte de una serie de 30 columnas reflexionando sobre 30 diferentes formas de desigualdad en Colombia que publicamos semanalmente los lunes”.

Colectivo ¡Re-Imaginemos!

No obstante, existen profundas desigualdades en la forma como opera nuestro sistema tributario. No siempre el que tiene más paga más; existen regímenes especiales y exenciones tributarias para algunos sectores y empresas sin una justificación técnica; los terratenientes pueden terminar pagando muy poco en impuestos, y algunos que tienen el conocimiento o la plata para pagar por el conocimiento, logran evadir impuestos en paraísos fiscales. Si no reducimos las desigualdades en nuestro sistema tributario, difícilmente podemos pensar en reducir las desigualdades en la salud, en las tierras, en el trabajo.

Desigualdades tributarias entre personas con mayores y menores ingresos

Parte de las desigualdades del sistema tributario colombiano vienen de que las tasas efectivas de tributación (es decir, lo que termina pagando cada quien como porcentaje de su ingreso) no son suficientemente progresivas. Por progresivas se entiende que las personas que más pueden pagar contribuyan con un porcentaje mayor de sus ingresos que las personas que menos pueden pagar, una característica que los sistemas tributarios deberían tener.

Otra fuente de desigualdad se relaciona con temas de evasión (es decir, mecanismos ilegales para no pagar impuestos) o elusión (es decir, mecanismos legales para minimizar o evitar el pago de impuestos). En palabras simples, algunas de las grandes empresas y de las personas más ricas logran contratar expertos para encontrar “huecos” en el Estatuto Tributario que les permiten pagar menos impuestos. Una práctica común es llevar el dinero a paraísos fiscales (que van desde islas caribeñas hasta países como Suiza) donde pueden reducir su carga tributaria.

Y ¿por qué nos debería importar esto? Porque los impuestos que no pagan estas personas son dinero que el país no recauda y, por tanto, es dinero que no se invierte en arreglar nuestras vías, en construir centros de salud, o en contratar a más maestros. Esto afecta principalmente a los colombianos más pobres, que son quienes dependen de los sistemas públicos de educación, salud y transporte.

Otro problema que permite que algunas personas sigan evadiendo y eludiendo impuestos tiene que ver con la desconfianza hacia el Estado. Seguramente todos hemos escuchado a alguien decir “yo no pago impuestos, porque igual esa plata se la van a robar”. Tristemente, es verdad que existen niveles de corrupción muy altos en nuestro país, pero dejar de pagar impuestos solo nos acerca a lo que se conoce como un “equilibrio perverso” donde la gente no paga, el gobierno no tiene suficientes recursos para invertir, las necesidades sociales persisten, se genera descontento y desesperanza y las justificaciones para no pagar impuestos terminan aumentando aún más.

Desigualdades de impuestos en el territorio

Otra forma de desigualdad tributaria tiene que ver con las brechas entre los impuestos que puede recolectar el Gobierno Nacional vs. los que logran recolectar los gobiernos locales. Los ingresos de los gobiernos locales dependen, principalmente de las transferencias que les hace el gobierno central, que además tienen lo que se conoce como “destinación específica” (es decir, el Gobierno Nacional ha definido no solo cuánta plata llega a los gobiernos locales, sino que también ha definido en qué cosas pueden gastarlas o no).

Esto implica que la capacidad que tienen los gobiernos locales para recolectar impuestos que financien las inversiones que ellos eligen es muy baja, porque salvo casos como Bogotá, Medellín y algunas otras ciudades principales, los gobiernos locales tienen baja capacidad administrativa (personal y conocimiento) para recolectar impuestos. No solo esto, sino que además, enfrentan problemas políticos para aumentar los impuestos. Un ejemplo de esto ocurre con el impuesto predial. En la gran mayoría de los municipios del país, el recaudo del predial es muy bajo pues no se ha podido (o no se ha querido) actualizar los catastros ni los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), que son los factores que determinan el recaudo del predial.

Los efectos de las desigualdades: más allá de los impuestos

Las desigualdades tributarias van más allá de lo que pagan o recaudan diferentes personas o territorios; las desigualdades tributarias tienen también efectos sobre la manera como crece o no crece la economía, como se genera o no se genera empleo, y, por tanto, como mejora o no mejora nuestra calidad de vida.

Por ejemplo, un requisito fundamental para el desarrollo económico es que las empresas puedan competir en condiciones más o menos iguales. Esto permitiría que los consumidores premiaran con mejores precios y más ventas a las mejores empresas, que a su vez crecerían más, y así, todos podríamos estar mejor. En algunas ocasiones, tiene sentido otorgar a algunas empresas condiciones favorables especiales. Tal puede ser el caso de las empresas pequeñas o nacientes, que enfrentan más problemas para crecer y competir. Desafortunadamente en Colombia ha ocurrido todo lo contrario: hasta las últimas reformas tributarias, la tasa efectiva de tributación de las empresas pequeñas era inexplicablemente mayor que la de las grandes. Aunque dichas reformas crearon el régimen SIMPLE, está aún por verse si corregirán este hecho.

Parte de esta desigualdad se debe a la existencia de regímenes especiales, exenciones y excepciones tributarias que terminan distorsionando la economía. Supongamos, por ejemplo, que en un sector económico existe una empresa que gracias a una excepción incluida en el Estatuto Tributario logra acceder a una zona franca uniempresarial (es decir, una zona franca conformada por solo esa empresa). Esta empresa va a obtener el beneficio de pagar 20 % de tarifa de impuesto de renta, mientras que todas las demás empresas de ese sector deben pagar el 35 %. Esta empresa va a tener entonces unas condiciones preferenciales sin ninguna justificación de tamaño. La consecuencia de esto es que en ese sector no habría exactamente lo que se conoce como una “economía de mercado” que determine qué tanto gana o crece una empresa, sino que las posibilidades de la empresa las determinaría una norma tributaria injustificada.

Lamentablemente, los políticos siguen llenando el sistema tributario de huecos y exenciones. Un ejemplo fue la reforma tributaria que presentó el presidente Duque a inicios de su mandato, en la que incluía exenciones tributarias para las “megainversiones”. Esta plantea que empresas que inviertan más de $1 billón de pesos se benefician de pagar menores tasas de impuesto de renta que las que hagan inversiones de $500 millones o $50 millones.

La lógica que nos han contado para justificar este tipo de exenciones es que las “megainversiones” van a generar empleo y crecimiento económico, y que esto nos beneficia a todos. Lamentablemente no existe evidencia de que esto ocurra[1]. De hecho, los “contratos de estabilidad jurídica”, figura muy similar a las megainversiones creada en el gobierno Uribe, fueron eliminados hace ocho años después de que una evaluación contratada por el Departamento Nacional de Planeación demostrara sus múltiples falencias de procesos y resultados, recomendando su finalización.

¿Por qué seguimos entonces incluyendo nuevas exenciones para beneficiar a unas pocas empresas y a unos pocos sectores sin ninguna justificación? La respuesta no es técnica, sino política. Y el resultado es que cada Gobierno de turno incluye nuevos huecos en el Estatuto Tributario, haciendo de nuestro sistema una colcha de retazos.

¿Cómo reducir las desigualdades en los impuestos?

No todo es color de hormiga. Existen soluciones, y es importante que más personas las conozcamos y las exijamos. Un primer paso necesario es eliminar las exenciones tributarias y regímenes especiales, excepto en los muy contados casos en los cuáles se demuestre el beneficio social que una exención pueda generar. Otro aspecto relevante es hacer más equitativo el lobby político entre empresas y sectores. Es clave que las pequeñas y medianas empresas logren organizar sus gremios, para hacer oír sus voces, pues las empresas que logran hacer lobby actualmente son principalmente las más grandes, organizadas en grandes gremios, como los del sector minero.

Por su parte, es necesario que entidades como la DIAN cuenten con profesionales altamente capacitados y bien pagos, para reducir lo que se llama “asimetrías entre regulador y regulado” (es decir, las asimetrías entre los abogados que trabajan en la DIAN, frente a los costosos abogados tributarios que contratan algunas personas o empresa para encontrar huecos en el Estatuto Tributario). Se necesitan también mayor formación y más recursos para que los funcionarios de los gobiernos locales puedan ejercer su responsabilidad y autonomía recaudando impuestos.

En últimas, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad también. Tenemos la responsabilidad de dejar de eludir y de evadir impuestos; y lo más importante, la responsabilidad de elegir mejores gobernantes. Gobernantes que luchen contra la corrupción, que inviertan el gasto de manera progresiva, que tapen los huecos en el sistema tributario, y que gobiernen velando por el interés general y no el particular. Solo así podemos empezar a re-imaginar caminos de equidad en Colombia. Como un primer paso, Gabriela diseñó una intervención en calle, para parar y reflexionar sobre si pagamos impuestos justos en Colombia. Conoce las respuestas de las personas en este video.


Este escrito hace parte de una serie de 30 columnas reflexionando sobre 30 diferentes formas de desigualdad en Colombia que publicamos semanalmente los lunes. Las columnas fueron escritas a partir de un proceso de diálogo entre 150 jóvenes académicos, artistas, activistas, víctimas y demás personas de diferentes perfiles y saberes. Este proyecto se llama Re-imaginemos, y es una carta abierta invitándonos a hablar, cuestionar y reimaginar las desigualdades.

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Coautores: Luis Carlos Reyes, PhD en economía y director del Observatorio Fiscal; Nefer Olaya, contadora y ex Secretaria de Hacienda en Florencia, Caquetá; Andrés Felipe Trejos, candidato a PhD en economía e investigador en temas de competencia y desarrollo productivo; Daniela Mercado, abogada con experiencia en el sector minero energético; y Gabriela Egurrola, artista visibilizadora de problemas sociales y económicos.

Editora: @Allison_Benson_

[1] Técnicamente, no existe evidencia que justifique incluir regímenes especiales, salvo en unos casos muy concretos en los cuáles los beneficios sociales (para toda la sociedad) de algunas inversiones, son muy altos, pero el retorno privado (el de la empresa) es bajo o riesgoso, justificando que el Estado le de unas condiciones preferenciales para que sea posible ofrecer ese servicio y beneficiar a la ciudadanía. Un ejemplo de esto podría ser la energía geotérmica, que es deseable desde el punto de vista del beneficio general, pero requiere de inversiones muy altas y riesgosas.

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