La desaparición forzada: un gran reto para Colombia
Por: Martín Santiago*
La desaparición forzada es un delito complejo que conlleva la violación de varios derechos humanos, así como un delito continuado que, además, añade un trágico ingrediente para los familiares de las víctimas: la incertidumbre de no saber qué ocurrió con su familiar y, por ende, la imposibilidad de hacer el duelo. Se trata de un sufrimiento prolongado, duradero y constante: una inmensa crueldad que sufren hoy miles de familias colombianas. Un delito que, como ningún otro, busca deliberadamente la impunidad de sus responsables.
Cada desaparición forzada vulnera el derecho a la seguridad y la dignidad de la persona; a no sufrir tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante; a unas condiciones humanas de reclusión; a una personalidad jurídica; a un juicio justo; a la vida familiar, y cuando la persona desaparecida es asesinada, el derecho a la vida.
En Colombia, el delito de desaparición forzada sigue constituyéndose como uno de los retos más importantes y sensibles a los que se enfrenta el país, para el esclarecimiento de las desapariciones cometidas en el pasado, para su prevención en el presente y, sobre todo, para su total erradicación en el futuro. La depuración de los registros, el avance de las investigaciones judiciales, de las exhumaciones y de la identificación positiva y contrastada de los restos mortales para la entrega a sus familiares de manera digna son pasos necesarios que deben liderar las instituciones del Estado de manera coordinada y eficaz.
A medida que el Registro Nacional de Desaparecidos se actualiza, se vislumbra la preocupante magnitud del fenómeno de la desaparición forzada en el país. La Fiscalía General de la Nación registra un total de 32.000 casos denunciados; la Unidad de Atención y Reparación Integral Víctimas unos 45.000 casos, y el Centro Nacional de Memoria Histórica en su último informe sobre dicho delito reporta más de 66.000 casos. No obstante los avances que ha tenido el Estado colombiano en el tema desde la promulgación de la ley 589 de 2000, el grado de impunidad que rodea este delito es muy alto, y la búsqueda, identificación y entrega de restos a sus familiares continúa siendo una deuda pendiente del Estado, incluyendo a las instituciones, los actores armados y la sociedad en general, con las víctimas y sus familiares.
Por esta razón, es de valorar que en el punto 5 del Acuerdo de Paz, el Acto Legislativo y el Decreto 589 de 2017 por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, se reafirme el compromiso con la satisfacción de los derechos de las víctimas, sobre todo el derecho a la verdad, a saber lo sucedido con la desaparición de su familiar. La verdad se convierte en un factor determinante para la reconciliación, porque para las víctimas es reparador que los perpetradores reconozcan las acciones que han llevado a cabo.
La verdad es necesaria para el mantenimiento de procesos de paz, para crear posibles escenarios de reconciliación en sociedades que están enfrentadas o divididas, porque el reconocimiento de lo sucedido antes y durante el conflicto contribuye a reconstruir un lenguaje de confianza al seno de la sociedad.
En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, es importante que tomemos conciencia de la magnitud de este delito, cuya práctica generalizada y continuada constituye un crimen de lesa humanidad, el cual debe ser percibido por el conjunto de la sociedad como uno de los más graves delitos posibles. Su prevención, esclarecimiento y erradicación demandan por tanto, un esfuerzo conjunto del Estado y toda la ciudadanía.
*Coordinador Residente y Humanitario de la ONU y Representante Residente del PNUD en Colombia
Por: Martín Santiago*
La desaparición forzada es un delito complejo que conlleva la violación de varios derechos humanos, así como un delito continuado que, además, añade un trágico ingrediente para los familiares de las víctimas: la incertidumbre de no saber qué ocurrió con su familiar y, por ende, la imposibilidad de hacer el duelo. Se trata de un sufrimiento prolongado, duradero y constante: una inmensa crueldad que sufren hoy miles de familias colombianas. Un delito que, como ningún otro, busca deliberadamente la impunidad de sus responsables.
Cada desaparición forzada vulnera el derecho a la seguridad y la dignidad de la persona; a no sufrir tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante; a unas condiciones humanas de reclusión; a una personalidad jurídica; a un juicio justo; a la vida familiar, y cuando la persona desaparecida es asesinada, el derecho a la vida.
En Colombia, el delito de desaparición forzada sigue constituyéndose como uno de los retos más importantes y sensibles a los que se enfrenta el país, para el esclarecimiento de las desapariciones cometidas en el pasado, para su prevención en el presente y, sobre todo, para su total erradicación en el futuro. La depuración de los registros, el avance de las investigaciones judiciales, de las exhumaciones y de la identificación positiva y contrastada de los restos mortales para la entrega a sus familiares de manera digna son pasos necesarios que deben liderar las instituciones del Estado de manera coordinada y eficaz.
A medida que el Registro Nacional de Desaparecidos se actualiza, se vislumbra la preocupante magnitud del fenómeno de la desaparición forzada en el país. La Fiscalía General de la Nación registra un total de 32.000 casos denunciados; la Unidad de Atención y Reparación Integral Víctimas unos 45.000 casos, y el Centro Nacional de Memoria Histórica en su último informe sobre dicho delito reporta más de 66.000 casos. No obstante los avances que ha tenido el Estado colombiano en el tema desde la promulgación de la ley 589 de 2000, el grado de impunidad que rodea este delito es muy alto, y la búsqueda, identificación y entrega de restos a sus familiares continúa siendo una deuda pendiente del Estado, incluyendo a las instituciones, los actores armados y la sociedad en general, con las víctimas y sus familiares.
Por esta razón, es de valorar que en el punto 5 del Acuerdo de Paz, el Acto Legislativo y el Decreto 589 de 2017 por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, se reafirme el compromiso con la satisfacción de los derechos de las víctimas, sobre todo el derecho a la verdad, a saber lo sucedido con la desaparición de su familiar. La verdad se convierte en un factor determinante para la reconciliación, porque para las víctimas es reparador que los perpetradores reconozcan las acciones que han llevado a cabo.
La verdad es necesaria para el mantenimiento de procesos de paz, para crear posibles escenarios de reconciliación en sociedades que están enfrentadas o divididas, porque el reconocimiento de lo sucedido antes y durante el conflicto contribuye a reconstruir un lenguaje de confianza al seno de la sociedad.
En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, es importante que tomemos conciencia de la magnitud de este delito, cuya práctica generalizada y continuada constituye un crimen de lesa humanidad, el cual debe ser percibido por el conjunto de la sociedad como uno de los más graves delitos posibles. Su prevención, esclarecimiento y erradicación demandan por tanto, un esfuerzo conjunto del Estado y toda la ciudadanía.
*Coordinador Residente y Humanitario de la ONU y Representante Residente del PNUD en Colombia