¿Democracia para quién?

La democracia –dicen- es, hasta hoy, el menos malo de los sistemas políticos.

Basada en la llamada soberanía popular, propugna por un gobierno de todos y en el cual todos participan y deciden. Hasta ahí, algo de teoría. Sabemos –y lo hemos padecido- que la democracia, sobre todo en países como Colombia, obedece más a las apariencias y simulacros que a las bellezas que los que están en el poder pregonan sobre ella.

Es fama que este país en toda su historia republicana lo han manejado unas cuantas familias exclusivas y excluyentes para beneficio personal y en desmedro de las mayorías. Democracia es un concepto envilecido en Colombia y utilizado, en muchas ocasiones, para justificar hechos y posiciones que, en la práctica, van en contravía de las aspiraciones populares.

Hoy, en tiempos de comicios, el país anda por los caminos de la desinstitucionalización, sobre todo por la ejecución de un proyecto que busca perpetuar en el poder, bajo los presupuestos de la “seguridad democrática”, al que muchos analistas han calificado como el club de la plutocracia.

Esa desinstitucionalización, o, más bien, adecuación del Estado a las ambiciones y deseos de unos pocos, se presenta desde hace rato y busca, entre otros asuntos, hacer perder la independencia de los otros poderes, para concentrarlos en el Ejecutivo. La Constitución del 91 ha sufrido reformas de “articulitos” para brindar garantías a dicho proyecto, encarnado por el Presidente de la República, que no sabemos todavía si va a ser candidato (pero funge como tal), porque, según él, todo depende de “Dios, la Corte Constitucional y el pueblo”.

El camino hacia la reelección lo vienen abonando hace tiempos. El controvertido concepto acerca del referendo reeleccionista dado por el procurador es parte de la estrategia, que según van pasando los días se vuelve farsa. Claro, el Presidente acató lo que el procurador dijo sobre el referendo y la ley de garantías, en particular sobre la transmisión de los consejos comunitarios. Pero nada soltó, por ejemplo, sobre otras limitaciones que esa misma ley contempla, como si va a suspender la contratación y la entrega de subsidios y recursos, si asistirá a o no a inauguraciones de obras, etc.

Por supuesto, como todavía no es candidato (aunque en la práctica sí lo es) no hay normatividad que lo obligue a acogerse a la dichosa Ley de Garantías, y como todavía la despedazada Constitución no le da pie para vociferar sobre su soñada aspiración a reelegirse, pues entonces puede seguir haciendo campaña sin decir que está en ella. Gajes de la presunta democracia, se dirá.

El caso es que toda esta situación, sin duda planeada, llena de gases mefíticos la campaña electoral y pone a los demás candidatos en inferioridad de condiciones y posibilidades. ¿Dónde queda, entonces, el cacareado principio de igualdad electoral? Los demás aspirantes, que ya se ven como el burro amarrado frente al tigre, deberían por lo menos considerar si continúan bajo esas condiciones en una liza que ya los hace ver como “leves briznas al viento y al azar”.

No deja de ser espantoso (y quizá risible) que a pocos meses de las elecciones, aparte de la tal “encrucijada del alma” que tiene Uribe, todo dependa de Dios, de una corte y de un candidato que al mismo tiempo es Presidente de la República. Ah, bueno, el pueblo aquí ha sido lo de menos. Es el que sufre todas las arbitrariedades y atropellos de un sistema que se autodenomina democrático. Y, ante tantas miserias y desafueros, la pregunta es: ¿cuándo despertará? Sólo nos queda parafrasear una sentencia bicentenaria: ¡democracia, cuántos desmanes se cometen en tu nombre!