El palacio sigue en llamas

En 1985, otro año funesto para la historia de Colombia, el narcotráfico, con el cartel de Medellín a la cabeza, ya tenía un enorme poder, que le permitió, por ejemplo, pagar a la ya diezmada guerrilla del M-19 una incursión para tomar como rehenes a las cortes. Hay indicios que señalan que la toma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de ese año, estaba cantada.

Los Extraditables, que así se autodenominó el grupo de narcotraficantes liderado por Pablo Escobar, pretendían que la Ley de Extradición fuera declarada inexequible. Y si bien no se conoce aún suficiente documentación acerca de cuánto pagaron los mafiosos a los guerrilleros y qué otros puntos se acordaron en aquella tenebrosa alianza delincuencial, desde mediados de octubre de 1985 se sabía de los planes del M-19 de tomarse la sede de las cortes.

Según el exmagistrado Carlos Betancur Jaramillo, sobreviviente de los cruentos sucesos y entonces presidente del Consejo de Estado, el 17 de octubre la Policía Nacional les informó a él y a Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, que se había descubierto un plan para la toma del Palacio de parte de guerrilleros del M-19, patrocinados por las mafias del narcotráfico.

Se habló en dicha reunión de reforzar las medidas de seguridad con circuitos cerrados de televisión, barreras eléctricas en los accesos, vidrios de seguridad y aumento del pie de fuerza. La única que se concretó fue esta última medida, porque no había presupuesto para lo demás. Sin embargo, tres días antes de la toma, se retiró la vigilancia, que quedó a cargo de tres celadores. ¿Por qué se quitó la guardia? ¿Hubo complicidad oficial en esta situación?

El actual ministro de Justicia, Yesid Reyes, hijo del asesinado Alfonso Reyes, reveló que un español, preso de La Picota, le reveló la última semana de octubre que hiciera todo lo posible para que su padre no estuviera en el palacio a la semana siguiente, porque iba a pasar “algo muy grave”. “Si digo algo más, me matan”, agregó. El general de la policía, Víctor Delgado Mallarino, cuando el hijo del magistrado le contó la historia, contestó: “No le ponga cuidado a eso que son chismes de cárceles” (El Tiempo, 6-11-2015).

El “chisme” de cárcel se convirtió en un infierno real el 6 y 7 de noviembre. Un comando del M-19 se tomó a sangre y fuego la sede de la justicia en Colombia, quizá esperando revivir los hechos de 1981, con el asalto de la Embajada de República Dominicana, en Bogotá. El tiro les salió por la culata y provocó el holocausto de la justicia. “El M-19 creyó que el poder judicial era importante y que paralizaría el país (…) No fuimos más que un montón de basura en la mitad del enfrentamiento de dos grupos enloquecidos, cuya consigna no parecía ser otra que el exterminio”, dijo tiempo después el supérstite exmagistrado Betancur.

En aquellos dos días de ignominia (y en los que seguirían) se comprobó, que, en efecto, la justicia en Colombia y sus representantes eran desechables. Que hubo, más que una cacareada defensa de las instituciones políticas colombianas, una actitud de vindicta contra una cuadrilla de insurgentes vendidos al narcotráfico, que habían “humillado” a ejército y policía en golpes anteriores, como el de la embajada y el robo de cinco mil armas vetustas en el Cantón Norte. Y de paso, exterminar las cortes, desaparecer personas y provocar un holocausto sin parangón en la ya perpetua “horrible noche” del país.

Según Carlos Betancur no había órdenes de salvar a nadie, sino a Jaime, hermano del presidente Belisario Betancur Cuartas, y a la esposa del entonces ministro de Gobierno Jaime Castro. Lo perentorio era, según el mismo exmagistrado, testigo de excepción de aquellos hechos, “disparar a todo lo que se moviera”. El día de la toma, por lo demás, hubo censura a los medios de comunicación; ninguno de ellos publicó nada de las centenares de condenas del exterior al gobierno de Betancur, y este amordazó a la prensa y ordenó la transmisión de un partidito de fútbol.

Desde luego, los máximos responsables de aquel desenlace fueron el narcotráfico y sus acólitos del M-19, pero también hubo otros. Y aquí vuelvo a las palabras del señor Betancur Jaramillo: los segundos culpables fueron “la autoridad militar por proceder en forma absurda, estúpida y con falta de profesionalismo para reconquistar el palacio sin importar las más de 200 personas inocentes que estábamos allí”.

Una semana después del holocausto, llegó la anunciada y pavorosa tragedia de Armero, que tapó la masacre de ciento seis personas en el Palacio de Justicia.