El tal paro sí existe

Vea, usted, todo lo que se ha juntado para justificar, cómo no, un paro cívico nacional contra las políticas sociales y económicas del gobierno de Santos: el marchitamiento de la salud pública; la venta (casi un regalo) de Isagén; un reajuste salarial que, según las centrales obreras, no cumple con la ley; la reforma tributaria y el aumento al IVA que estudia el ejecutivo, además de la situación de los wayuu, que siguen muriéndose de inanición.

Y como si fuera poco —el pliego de agravios es largo y está justificado por todas las miserias que padece el pueblo colombiano— se parará porque hay que protestar contra la corrupción, como lo ocurrido en Reficar, y contra el modelo neoliberal del cual Santos ha sido uno de sus impulsores desde hace años (cuando fue, por ejemplo, parte del gobierno oscurecedor de César Gaviria; luego, del de Pastrana, y más tarde, de Uribe); modelo desmantelador del Estado y auspiciador de las jugosas ganancias de transnacionales y grupos financieros de aquí y de allá.

Aquí, en uno de los países más inequitativos del mundo, donde vale la expresión “malaventurados los pobres”, porque cada vez lo serán más, sobre todo cuando se les reduce a morir de hambre, como acontece con los niños y ancianos de la etnia wayuu, un paro es apenas una mínima expresión de resistencia y desobediencia civil ante las arbitrariedades oficiales. Aquí, donde la “locomotora minera” ha alterado el equilibrio ecológico; donde las empresas extranjeras producen catástrofes como la acaecida hace algún tiempo en los Llanos Orientales, con chigüiros incluidos; donde se cierran hospitales y se atropella a los trabajadores de la salud, un paro cívico es una respuesta popular a los desafueros.

Hace años, el 14 de septiembre de 1977, hubo en Colombia un paro cívico nacional, tal vez hasta hoy el más importante en la historia del país, por la participación de todas las centrales obreras y del sindicalismo independiente, la capacidad de la gente para enfrentar al gobierno de López Michelsen, calificado por el pueblo como “de hambre, demagogia y represión”, digo que hubo un vasto movimiento de protesta, que tuvo a Bogotá como centro del descontento.
Entonces, la situación inflacionaria mantenía una carestía insoportable para las mayorías, y los bajos salarios no alcanzaban para resolver ninguna necesidad. Como colofón, el gobierno alcanzaba las más altas cumbres de impopularidad y desprestigio, sobre todo por los “negociados” de la familia presidencial, utilizadora del poder para el enriquecimiento privado. Eran tiempos en que las caravanas de mafiosos narcotraficantes y el llamado “crimen organizado” se iban asentando en una sociedad descompuesta y atiborrada de zozobras…

Como es obvio, las diferencias son múltiples de ayer a hoy. Pero, en esencia, las desmejoras de la situación de la gente son crecientes. Basta observar lo que sucede en el sistema de salud (en el que ha cabalgado a sus anchas la corrupción, como sucedió en Saludcoop), con un “deterioro progresivo”, que ha conducido a los sindicatos y asociaciones del ramo a manifestarse en contra de las políticas oficiales, causantes del malestar y de la crisis.

Diversas organizaciones de la salud, dirigieron una carta abierta a Santos, en la que, entre otros aspectos, denunciaron el “cierre parcial o disolución y liquidación de instituciones que implican el cierre intempestivo de servicios de urgencias, hospitalarios y quirúrgicos”, y la situación deficitaria que ha obligado, en un nuevo atentado contra la dignidad, al “hacinamiento de pacientes y tiempos inauditos de espera en la atención a los usuarios”.

Al paro (que no contempla acciones contra las conversaciones de La Habana; al contrario, muchos de sus promotores respaldan el proceso de paz) se sumarán, aparte de las convocantes centrales obreras, camioneros, pensionados, desempleados y el magisterio. La defensa de la educación pública y del patrimonio nacional hace parte de los objetivos de la protesta. Las voces contra la venta de Isagén se alzarán de nuevo, en momentos en que el gobierno de Santos culpa a los consumidores de agua y energía de un posible racionamiento.

El paro cívico recordará que han muerto de hambre, en los últimos ocho años, más de cuatro mil niños wayuu, en particular porque en la Guajira, la agresiva “gran minería” destruyó no solo las fuentes de agua de la gente, sino la agricultura, y todo con la complacencia e inefectividad del gobierno. Nada raro que, ante la capacidad y desarrollo de la protesta popular, el gobierno diga que “el tal paro no existe”.