Decía el periodista Juan Gossaín, en uno de sus editoriales de radio, que el asunto de las denominadas “chuzadas” del DAS, monstruoso y criminal, por lo demás, no era obra de tres detectives, sino que venía de muy alta cumbre.
“El cáncer no se cura con Mejorales”, apuntó Gossaín, citando una frase popular. Y, en efecto, el cáncer está en un minúsculo sector del país que lo ha tomado como su feudo, lo ha entregado a las transnacionales y vuelto “plata de bolsillo”.
Ahora, cuando el rechinante sol de la historia cae sobre las espaldas del Presidente, no sobra hacer un “paneo” por los últimos acontecimientos, que muestran al régimen actual no sólo como uno de los máximos violadores de derechos humanos en el continente, sino como una especie de verdugo de su pueblo, en particular en casos como los “falsos positivos” y la criminal emergencia social, declarada inexequible por la Corte.
Volviendo a las maniobras del DAS, eufemísticamente llamadas “chuzadas”, pero en esencia un tema de espionaje estatal, es una nueva demostración de la mirada excluyente y antidemocrática de los que manejan este solar. El montaje, que viene desde hace años, consiste en difamar, macartizar, hostigar y otras villanías, a los que no están de acuerdo con el príncipe. No sólo es la satanización del opositor, sino, en muchos casos, su “borrada”, su neutralización.
Como decía alguien, en vez de “hacerles inteligencia” a los criminales, se la montan a magistrados, periodistas, opositores del gobierno. Todo aquel que no apoye la seguridad democrática o exprese cuestionamientos al régimen, es considerado enemigo, un terrorista, un guerrillero de civil y otros tantos apelativos con los que en los últimos ocho años se ha marcartizado al disidente.
Sí. Es monstruoso lo del DAS. Y más aún cuando las órdenes, según las últimas investigaciones de la Fiscalía y de la Corte Suprema, procedían del alto gobierno. Es la instauración de un régimen de terror y la violación del Estado Social de Derecho. Es un golpe a la llamada democracia y, al mismo tiempo, es la siembra de posiciones autoritarias y dictatoriales. Es como si ese exclusivo salón de señores feudales dijese: “no admitimos la disidencia”. Y listo.
Y por eso, el extensivo espionaje a magistrados, a los cuales se les infiltró en sus comunicaciones, vida privada, información fiscal y familiar, lo mismo que a opositores y periodistas. Toda esta situación delictiva apunta a que las órdenes y preparación de la vigilancia al estilo Gran Hermano partieron de la Casa de Nariño.
Según los documentos conocidos, a varios opositores al gobierno se les montaron aterradoras cacerías de brujas y prepararon celadas que ni en los regímenes más autoritarios y antidemocráticos se habían visto. Por ejemplo, en las elecciones del 2006, el DAS diseñó varias trampas: “Carlos Gaviria: generar vínculos con las Farc. Partido Liberal, Piedad Córdoba: generar vínculos con las Auc. Serpa: generar vínculos con el Eln. Petro: generar vínculos con M-19 y narcotráfico. Wilson Borja: infidelidad sentimental. Samuel Moreno: desfalcos financieros”.
A los opositores no sólo se les armaron falsos vínculos, sino que se les sometió a seguimientos, intercepciones ilegales, lo mismo que a sus familiares. Tanto a magistrados, como a opositores y periodistas, se les “chuzaron” sus teléfonos, además de prepararles carpetas “muy jugosas con información sobre el pago de impuestos, registros migratorios, certificados de cámara de comercio y datos de centrales como Sifín y Datacrédito”.
Una de las carpetas diseñadas por el DAS era la de “Seguimiento a organizaciones y personas de tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales con el fin de restringir o neutralizar su accionar”. Todos estos actos delictivos, en los que, según testigos, están involucrados altos funcionarios gubernamentales, son parte del decorado de horror de un gobierno que, desde el principio, mostró sus antipatías por todo aquel que no estuviera de acuerdo con sus políticas y sus atropellos.
El espionaje macabro del DAS, además de los “falsos positivos” (crímenes de estado) y la criminal legislación sobre salud, serían motivo más que suficiente para tumbar un gobierno. O para que éste tuviera la dignidad de dimitir. Bueno, pero se sabe que éste no es un país serio y que los señores feudales siguen ahí, manejándolo a su antojo. Qué le vamos a hacer.
