Hace años que en Colombia la salud está enferma.
Cómo será de grave la situación, que lo único destacable que en ese campo le ha sucedido al pueblo colombiano es la tutela. Dice la Defensoría del Pueblo que en el país cada cuatro minutos se pone una tutela, el setenta por ciento de ellas para exigir los derechos del Plan Obligatorio de Salud.
Desde la aprobación de la Ley 100, en 1993, en el gobierno de espanto de César Gaviria, con ponencia del que después también estuvo ocho años en un régimen de autoritarismos y medidas contra el pueblo, Álvaro Uribe, digo que desde esas calendas nefastas los que han gozado de cabal salud han sido los grupos financieros dedicados al negocio de la salud.
Y si los defensores de la susodicha ley advierten que mejoró la cobertura, lo que no dicen es que empeoró los servicios. Las quejas y reclamos de la gente, con la salvedad de que en Colombia es poco lo que la gente reclama, tal vez por culpa de la cultura del miedo y de creer que los que protestan son subversivos, han aumentado en lo referente a la pésima atención que reciben en las EPS. Según la Defensoría, hubo cerca de trescientas mil denegaciones de servicios de salud en 2013. Casi todas por medicamentos.
El senador Jorge Robledo, que adelanta un debate contra Saludcoop, entidad que según él ha realizado el mayor asalto al patrimonio público del país, puso en evidencia las cifras de empeoramiento de los servicios de salud, siguiendo al respecto los informes de la Defensoría del Pueblo. Los servicios de laboratorio, por ejemplo, han empeorado un catorce por ciento, mientras las cirugías lo han hecho en un veinticinco por ciento. Los servicios de alto costo para el cáncer, empeoraron en un cincuenta y uno por ciento. Pero no pasa nada.
El Hospital Federico Lleras, de Ibagué, está en crisis, pero nada pasa. Sin novedad en el frente. Hace tiempos se denunciaron las irregularidades del cartel de las EPS con defraudaciones de escándalo, pero el fiscal general de la Nación, sí señores y señoras, el fiscal, encargado de investigar esas anomalías, hizo contratos con Saludcoop por más de cinco mil milloncitos de pesos. Y como si nada.
Y tampoco pasó nada con las más de setenta y cinco mil reclamaciones que los pacientes (o clientes, según el lenguaje de los negocios) realizaron ante la Superintendencia de Salud en 2012 por los malos servicios de las EPS. Casi todas las quejas se referían a esa suerte de infierno que son las esperas para citas con especialista; las programaciones de cirugías y la entrega incompleta de medicamentos. De aquel tiempo a hoy parece que la situación ha empeorado.
El panorama de la salud se oscurece y envilece cada vez en Colombia. Desmejoran las atenciones, el paciente-cliente se ve sometido a humillaciones y esperas denigrantes. Y como si esto fuera poco, las EPS adeudan a hospitales y clínicas públicos cerca de seis billones de pesos, lo cual los deja hundidos en crisis como la del hospital de Ibagué. Situación que se agrava con las deudas del Estado, que ascienden a quinientos mil millones de pesos, de acuerdo con las denuncias del senador Robledo.
La privatización de la salud en Colombia, desde 1993, condujo a que el paciente dejara de ser el protagonista del “acto médico”, para dejarles ese rol a las chequeras, las facturas y el billete. Y así surgieron empresas que se enriquecieron con la enfermedad de los colombianos. La salud en manos de mercaderes y especuladores.
Volviendo al tremendo debate promovido por Robledo, el senador denunció la complacencia del presidente Santos y sus ministros con las maniobras de las EPS, en particular de Saludcoop: “Tengo la idea de que el sistema de salud ha caído preso de los intermediarios financieros y que se vienen imponiendo desde hace mucho rato prácticas por completo inaceptables. En buena medida es la crisis de un sector donde la gente no se muere del corazón ni de los riñones, sino que las mata el sistema de salud, las matan las EPS, como dice con toda razón la sabiduría popular”.
El sistema de salud en Colombia parece estar a punto de un infarto. Y, como suele pasar en estos casos, el perjudicado mayor es el paciente. Ese mismo que la Ley 100 transmutó en cliente, al que, además, muchas veces ni se le atiende, ni se le cura, sino que se le envía sin escala al cementerio.
