Vivimos en un país de víctimas. Muchas de ellas invisibles, humilladas, despojadas, a las que se les niega reparación, verdad y justicia.
El Estado colombiano protege a los verdugos y les da “sopa y seco” a los caídos en un conflicto interno armado, que además el Gobierno niega que exista. ¿Qué significa estar del lado del victimario?
La semana pasada, el Congreso le echó tierra a la Ley de Víctimas, sobre todo por las peticiones del Presidente, que obligó a su bancada a hundirla, con el argumento de que no había con qué pagarle a tanta gente, porque sería entrar en bancarrota, de dónde saldrían casi 80 billones de pesos, qué iba a ser entonces de la “seguridad democrática”, mejor dicho, ninguna virgen, ni siquiera la de los sicarios, la salvaría. Qué hacer con los inversionistas, qué con los banqueros, en síntesis, que las víctimas se vayan al carajo. Ya vendrán más.
Qué cuentos de devolverles tierras, de pagar por los muertos en esta violencia de tantos años, que es mejor olvidar a los desaparecidos, que las víctimas se resignen, que no reclamen, que no pidan justicia, que eso aquí no se usa. Es, más o menos, el eco que resuena tras el enterramiento de la susodicha ley.
Además, era insólito que se equiparara a las víctimas del Estado con las de guerrilleros y paramilitares. Según el Presidente, las víctimas de la Fuerza Pública solo deben ser reconocidas después de que los jueces declaren culpables a los autores. Todo el mundo sabe –incluso el primer mandatario- que tales juicios pueden ser eternos, y que al final de cuentas se imponga la ley de la impunidad.
El representante liberal Guillermo Rivera, impulsor de la Ley de Víctimas, al calificar como una salvajada lo que hizo el Gobierno con las víctimas, declaró que Uribe admitió que reparar a las víctimas del Estado por vía administrativa, sin sentencia previa, “acabaría con la moral de las tropas”. Lo cual ha llevado a otros observadores a interpretar el asunto como un temor del Presidente a que los militares lo saquen a tiros del puesto.
Algunas de las víctimas expresaron que lo que se percibe es la continuación de la impunidad. Por ejemplo, para la señora Esperanza Marchán, cuyo esposo Eduardo Ávila, un dirigente cívico asesinado presuntamente por la policía en el año 2000, el proyecto de Uribe “revictimiza” a muchos al exigirles a los parientes poner demandas, pagar abogados y demostrar la culpabilidad de los victimarios, algunos en ejercicio de sus funciones y ante quienes quedarían expuestos.
Nada fundados los temores de doña Esperanza. Porque es fama que aquí las víctimas están desprotegidas y el victimario tiene todas las de ganar. En un país, por ejemplo, en el que muchos llevan un “paraco en su corazón” (¿se acuerdan de aquella encuesta?), hay justificaciones a granel para el victimario. Si los paramilitares se alían con los militares, todo eso parece normal y válido, porque se trata de “causas justas”. Qué importa si utilizan motosierras, si juegan fútbol con cabezas de sus víctimas, si son vivados y puestos en la galería de los héroes. Qué importa si una guerrillera mató a decenas. Se puede nombrar como “gestora de paz”. Y listo.
No es raro que para los victimarios haya garantías de impunidad. O que sus penas sean reducidas. Además, a veces, ante las cámaras, pueden sufrir un intempestivo ataque de amnesia. Un alzheimer repentino que los lleva a olvidar cuántos mataron, cuántos cadáveres arrojaron a los ríos, cuántos llevaron a los hornos crematorios de la barbarie colombiana.
Las víctimas en Colombia están condenadas a seguir siendo víctimas, incluso personas peligrosas, como pasó, digamos, con la líder campesina Yolanda Izquierdo, asesinada después de testificar contra Salvatore Mancuso y cuando pretendía la recuperación de tierras que habían sido usurpadas por paramilitares.
Tiene razón doña Esperanza. Las víctimas están expuestas. Y como van las cosas, van a ser las culpables de todos los crímenes y todos los horrores del degradado conflicto interno colombiano.
Vivimos en un país de víctimas. Muchas de ellas invisibles, humilladas, despojadas, a las que se les niega reparación, verdad y justicia.
El Estado colombiano protege a los verdugos y les da “sopa y seco” a los caídos en un conflicto interno armado, que además el Gobierno niega que exista. ¿Qué significa estar del lado del victimario?
La semana pasada, el Congreso le echó tierra a la Ley de Víctimas, sobre todo por las peticiones del Presidente, que obligó a su bancada a hundirla, con el argumento de que no había con qué pagarle a tanta gente, porque sería entrar en bancarrota, de dónde saldrían casi 80 billones de pesos, qué iba a ser entonces de la “seguridad democrática”, mejor dicho, ninguna virgen, ni siquiera la de los sicarios, la salvaría. Qué hacer con los inversionistas, qué con los banqueros, en síntesis, que las víctimas se vayan al carajo. Ya vendrán más.
Qué cuentos de devolverles tierras, de pagar por los muertos en esta violencia de tantos años, que es mejor olvidar a los desaparecidos, que las víctimas se resignen, que no reclamen, que no pidan justicia, que eso aquí no se usa. Es, más o menos, el eco que resuena tras el enterramiento de la susodicha ley.
Además, era insólito que se equiparara a las víctimas del Estado con las de guerrilleros y paramilitares. Según el Presidente, las víctimas de la Fuerza Pública solo deben ser reconocidas después de que los jueces declaren culpables a los autores. Todo el mundo sabe –incluso el primer mandatario- que tales juicios pueden ser eternos, y que al final de cuentas se imponga la ley de la impunidad.
El representante liberal Guillermo Rivera, impulsor de la Ley de Víctimas, al calificar como una salvajada lo que hizo el Gobierno con las víctimas, declaró que Uribe admitió que reparar a las víctimas del Estado por vía administrativa, sin sentencia previa, “acabaría con la moral de las tropas”. Lo cual ha llevado a otros observadores a interpretar el asunto como un temor del Presidente a que los militares lo saquen a tiros del puesto.
Algunas de las víctimas expresaron que lo que se percibe es la continuación de la impunidad. Por ejemplo, para la señora Esperanza Marchán, cuyo esposo Eduardo Ávila, un dirigente cívico asesinado presuntamente por la policía en el año 2000, el proyecto de Uribe “revictimiza” a muchos al exigirles a los parientes poner demandas, pagar abogados y demostrar la culpabilidad de los victimarios, algunos en ejercicio de sus funciones y ante quienes quedarían expuestos.
Nada fundados los temores de doña Esperanza. Porque es fama que aquí las víctimas están desprotegidas y el victimario tiene todas las de ganar. En un país, por ejemplo, en el que muchos llevan un “paraco en su corazón” (¿se acuerdan de aquella encuesta?), hay justificaciones a granel para el victimario. Si los paramilitares se alían con los militares, todo eso parece normal y válido, porque se trata de “causas justas”. Qué importa si utilizan motosierras, si juegan fútbol con cabezas de sus víctimas, si son vivados y puestos en la galería de los héroes. Qué importa si una guerrillera mató a decenas. Se puede nombrar como “gestora de paz”. Y listo.
No es raro que para los victimarios haya garantías de impunidad. O que sus penas sean reducidas. Además, a veces, ante las cámaras, pueden sufrir un intempestivo ataque de amnesia. Un alzheimer repentino que los lleva a olvidar cuántos mataron, cuántos cadáveres arrojaron a los ríos, cuántos llevaron a los hornos crematorios de la barbarie colombiana.
Las víctimas en Colombia están condenadas a seguir siendo víctimas, incluso personas peligrosas, como pasó, digamos, con la líder campesina Yolanda Izquierdo, asesinada después de testificar contra Salvatore Mancuso y cuando pretendía la recuperación de tierras que habían sido usurpadas por paramilitares.
Tiene razón doña Esperanza. Las víctimas están expuestas. Y como van las cosas, van a ser las culpables de todos los crímenes y todos los horrores del degradado conflicto interno colombiano.