Neoliberalismo a la carta

A fines de la agitada década del 80, con un ambiente de mafiosos envalentonados, de guerrillas alborotadas y de paramilitares en ascenso, el clima en Colombia se prestaba para abonar la idea de una nueva constitución política. La mampara, bonita y bien tejida, era que había que lograr un contexto adecuado para la paz, tan necesaria siempre. Y, detrás del deseo, estaba la esencia de la colada: la imposición del neoliberalismo con todas las de la ley.

Y no solo en Colombia. El Consenso de Washington, en 1989, había tirado línea para que los países que giraban en torno a la órbita estadounidense, y del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, adaptaran sus legislaciones a las nuevas políticas de mercado y privatizaciones. Era un asalto imperial sobre todo a las neocolonias latinoamericanas. Hubo nuevas constituciones en varios países para solidificar el piso legal al triunfo absoluto de un modelo económico que vulneró a los trabajadores y produjo una catástrofe para las mayorías empobrecidas, y que era y es una delicia en plusvalías para trasnacionales y unos cuantos potentados.

En Colombia, el sustento legal para la inoculación del virus neoliberal lo propició la Constitución del 91. Fueron varios los golazos marcados por los ideólogos de la comedia con un trasunto de “pacificación” y “democracia”, que contó, como en la humillante ocupación de los nazis a varios países europeos, con el concurso de colaboracionistas criollos, algunos con pinta izquierdosa y dogma marxistoide.

Uno de los goles, todos de “excelsa” factura, fue el de calificar derechos fundamentales, como la educación, la salud y las pensiones, como de “servicio público”. Y, como lo han explicado autoridades en esas materias, era la posibilidad de mercantilizarlos, bajo los mecanismos de la oferta y la demanda. Así, los “particulares” podían lucrarse y entrar en abierta competencia con el Estado. O si no, vean qué pasa hoy.

Y en aquella fiesta neoliberal, el presidente que estrenó Constitución, César Gaviria, pronunció, sin sonrojos y con alharaca, un “bienvenidos al futuro”: sí, de miserias para tantos compatriotas, de quiebras para una significativa parte de la industria nacional azotada con la “apertura económica” y él se erigió como un portaestandarte de la “libre competencia económica”. El país se puso en subasta. Se ferió. Entró de modo constitucional en la suscripción de los leoninos tratados de libre comercio, en medio de la algazara de los que creían que la novísima Carta era garantista de derechos y una herramienta para la consecución de la paz en aquellos días de mar de leva.

Se trató de una Constitución inspirada en intereses de organismos como el FMI, el BM y, claro, de los Estados Unidos. Inspiró cual musa hollywoodense las privatizaciones, como ocurrió también en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y otros países de la órbita de Washington. Se recuerda, para no ir muy lejos, el despelote privatizador y el desangrador saqueo del gobierno Menem en Argentina, de cuyos destrozos dio cuenta, en un documental de denuncia, el extinto cineasta Fernando ‘Pino’ Solanas.

Tan alabada y bendecida, tan remendada y modificada luego en “articulitos” para la reelección presidencial, la Carta del 91 no fue ni es, como se mostró en los fastos de la Constituyente, una panacea para los males del país. Fue, como lo han demostrado algunos tratadistas, una suerte de “emboscada neoliberal” que despejó el camino a las privatizaciones y convirtió los derechos ciudadanos “en negocio para enriquecer a unos cuantos oligopolios y a la precarización del trabajo”, como bien lo afirmó la revista Deslinde.

En su número 49, de septiembre-octubre de 2011, el articulista Juan Ahumada Farietta, abogado y asesor sindical, analizó a fondo en la mencionada publicación la espeluznante raigambre neoliberal de la Constitución del 91. En su estudio logró comprobar cómo en la construcción de la carta fundamental se aplicó el ideario del neoliberalismo, dictado a placer por los organismos internacionales de crédito y los gurúes de Washington. “Se bendijeron los tres arietes principales de la política neoliberal: las privatizaciones, la apertura económica y la flexibilización laboral”, se apunta en el texto.

A pesar de la ampliación de derechos fundamentales, en la parte esencial de la Constitución, quienes manejaron la totalidad del proyecto, no sin la consabida demagogia, impusieron la conversión de los servicios sociales en negocios muy lucrativos para el sector privado. En un artículo de Las dos orillas, publicado el 5 de julio de 2016, José Álvarez sostuvo que la Constitución del 91 fue una victoria (por goleada) del neoliberalismo en Colombia.

El trigésimo aniversario de la Constitución del 91 es una coyuntura histórica ideal para analizar las consecuencias y alcances. Se trató en su montaje y aprobación de un proceso en el que Washington aprovechó diversas circunstancias para ajustar la tornillería del plan de recolonización de sus cotos de caza, como Colombia, cuyos gobiernos, tanto ayer como hoy, siguen siendo de sus más dóciles y obsecuentes mayordomos.