Hay una suerte de despertar de las luchas populares y sindicales en Colombia, por reivindicaciones de distinta índole, que hacen presumir, otra vez, el avance de una conciencia crítica frente a distintas expresiones del poder. Y, puede ser, como decía Thoreau en su célebre conferencia sobre la desobediencia civil, que se avance hacia una situación en “que debemos primero ser hombres y luego súbditos. No es deseable cultivar tanto respeto por la ley como por lo correcto”.
Y lo correcto, en un país destrozado por la corrupción sistémica, es erguirse frente a los abusos y los atropellos, también inherentes a un sistema basado desde tiempos inmemoriales en la inequidad y las injusticias sociales.
Por estos días han sonado voces de inconformidad. Los maestros de Colombia, casi siempre zamarreados por gobiernos que se interesan menos por la educación que por mantener a la mayoría de gente en el limbo de la ignorancia, se pronuncian en defensa de sus derechos. “Para los maestros, este paro es un compromiso con la educación pública estatal, porque además de la autonomía de las instituciones está en juego la financiación para esta área”, según la visión de Fecode. Anotan los profesores que el Gobierno no puede seguir negando la inversión educativa “mientras permite que la corrupción campee en otros sectores”.
Al paro del magisterio, y con reivindicaciones y protestas distintas, se han agregado el de los taxistas contra la plataforma ilegal Uber. Y en el Chocó y Buenaventura los paros cívicos se levantan contra las eternas promesas incumplidas, como desde hace años se da en un departamento que goza de una rica biodiversidad (por eso lo han saqueado) y una pobreza crónica en sus habitantes. El reportero Gabriel García Márquez hizo, en 1954, una radiografía del Chocó que, más de 60 años después, no se ha modificado mucho. O sí, la situación ha empeorado.
El del Chocó ha sido un paro cívico (otro más de su larga historia de miserias y desgreños) porque el Gobierno de Santos no les ha cumplido con un pliego petitorio y, además, contra la presencia aterradora de grupos armados ilegales. En el paro de Buenaventura, donde la situación de orden público se complicó, los llamados de la gente tienen que ver, entre otros, con obtener mejoras en el servicio de aguas. Allí el hospital sigue cerrado y la situación social es catastrófica.
Se recuerda que en ese puerto sobre el Pacífico se ha visibilizado una situación de espanto, con las “casas de pique”, los desaparecidos, las fronteras invisibles y los altos índices de violencia. “La costa Pacífica fue excluida del banquete del desarrollo”, ha dicho el obispo de Buenaventura Héctor Epalza.
Y a la oleada de paros y manifestaciones se agregaron hace poco las de más de 700.000 trabajadores estatales, a los que les congelaron los salarios. “No podemos permitir que sea con la precarización de los empleados de Colombia que pretendan arreglar un problema generado por la misma política del Gobierno”, dijo Luis Alejandro Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.
Además de los trabajadores de la Rama Judicial y el Inpec, estudiantes y profesores de la Universidad Nacional y los del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, de Medellín, entre otros, han elevado su voz para exigir mejores condiciones laborales y educativas. En esta última institución hay un malestar por la descongelación de las matrículas, porque, según el gobernador de Antioquia (Luis Pérez), esta situación de “congelarlas hace como diez años” ha conducido al déficit. “Ninguna institución en el mundo puede vivir sin matrículas”, añadió.
Sobre el caso, el diputado Jorge Gómez le envió una misiva al gobernante: “No es cierto que “ninguna institución en el mundo pueda vivir sin matrículas. La verdad es que en los países civilizados la educación es gratuita, incluida la superior” y agregó: “Pero el PJIC, con cerca de 15.000 alumnos registrados, no es una institución de educación superior que pueda considerarse barata. Por el contrario, sus tarifas son, de lejos, unas de las más caras del país”. El paro continúa en esa institución.
Los paros y protestas son interesantes para visibilizar la situación de angustia del pueblo colombiano. Tal vez al gobernante le parezca, como ya sucedió, que los “tales paros no existen”, como fue la reacción de Santos acerca de los que se hicieron contra la venta de Isagén, las reformas tributarias, el aumento del IVA y la muerte por inanición de miembros de la cultura wayuu… Sin embargo, existen. Son parte de la desobediencia civil.
Hay una suerte de despertar de las luchas populares y sindicales en Colombia, por reivindicaciones de distinta índole, que hacen presumir, otra vez, el avance de una conciencia crítica frente a distintas expresiones del poder. Y, puede ser, como decía Thoreau en su célebre conferencia sobre la desobediencia civil, que se avance hacia una situación en “que debemos primero ser hombres y luego súbditos. No es deseable cultivar tanto respeto por la ley como por lo correcto”.
Y lo correcto, en un país destrozado por la corrupción sistémica, es erguirse frente a los abusos y los atropellos, también inherentes a un sistema basado desde tiempos inmemoriales en la inequidad y las injusticias sociales.
Por estos días han sonado voces de inconformidad. Los maestros de Colombia, casi siempre zamarreados por gobiernos que se interesan menos por la educación que por mantener a la mayoría de gente en el limbo de la ignorancia, se pronuncian en defensa de sus derechos. “Para los maestros, este paro es un compromiso con la educación pública estatal, porque además de la autonomía de las instituciones está en juego la financiación para esta área”, según la visión de Fecode. Anotan los profesores que el Gobierno no puede seguir negando la inversión educativa “mientras permite que la corrupción campee en otros sectores”.
Al paro del magisterio, y con reivindicaciones y protestas distintas, se han agregado el de los taxistas contra la plataforma ilegal Uber. Y en el Chocó y Buenaventura los paros cívicos se levantan contra las eternas promesas incumplidas, como desde hace años se da en un departamento que goza de una rica biodiversidad (por eso lo han saqueado) y una pobreza crónica en sus habitantes. El reportero Gabriel García Márquez hizo, en 1954, una radiografía del Chocó que, más de 60 años después, no se ha modificado mucho. O sí, la situación ha empeorado.
El del Chocó ha sido un paro cívico (otro más de su larga historia de miserias y desgreños) porque el Gobierno de Santos no les ha cumplido con un pliego petitorio y, además, contra la presencia aterradora de grupos armados ilegales. En el paro de Buenaventura, donde la situación de orden público se complicó, los llamados de la gente tienen que ver, entre otros, con obtener mejoras en el servicio de aguas. Allí el hospital sigue cerrado y la situación social es catastrófica.
Se recuerda que en ese puerto sobre el Pacífico se ha visibilizado una situación de espanto, con las “casas de pique”, los desaparecidos, las fronteras invisibles y los altos índices de violencia. “La costa Pacífica fue excluida del banquete del desarrollo”, ha dicho el obispo de Buenaventura Héctor Epalza.
Y a la oleada de paros y manifestaciones se agregaron hace poco las de más de 700.000 trabajadores estatales, a los que les congelaron los salarios. “No podemos permitir que sea con la precarización de los empleados de Colombia que pretendan arreglar un problema generado por la misma política del Gobierno”, dijo Luis Alejandro Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.
Además de los trabajadores de la Rama Judicial y el Inpec, estudiantes y profesores de la Universidad Nacional y los del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, de Medellín, entre otros, han elevado su voz para exigir mejores condiciones laborales y educativas. En esta última institución hay un malestar por la descongelación de las matrículas, porque, según el gobernador de Antioquia (Luis Pérez), esta situación de “congelarlas hace como diez años” ha conducido al déficit. “Ninguna institución en el mundo puede vivir sin matrículas”, añadió.
Sobre el caso, el diputado Jorge Gómez le envió una misiva al gobernante: “No es cierto que “ninguna institución en el mundo pueda vivir sin matrículas. La verdad es que en los países civilizados la educación es gratuita, incluida la superior” y agregó: “Pero el PJIC, con cerca de 15.000 alumnos registrados, no es una institución de educación superior que pueda considerarse barata. Por el contrario, sus tarifas son, de lejos, unas de las más caras del país”. El paro continúa en esa institución.
Los paros y protestas son interesantes para visibilizar la situación de angustia del pueblo colombiano. Tal vez al gobernante le parezca, como ya sucedió, que los “tales paros no existen”, como fue la reacción de Santos acerca de los que se hicieron contra la venta de Isagén, las reformas tributarias, el aumento del IVA y la muerte por inanición de miembros de la cultura wayuu… Sin embargo, existen. Son parte de la desobediencia civil.