CUANDO ALGUNOS (O MUCHOS) INcautos creen que aquí hay una “profundización” de la democracia y una elevación del nivel de vida de los desamparados, la realidad muestra otros paisajes, melancólicos y desconsoladores, como el aumento del número de desplazados internos en Colombia, de las solicitudes de asilo y de refugiados. Esta situación, en sí misma escabrosa, es suficiente para decir que aquí hay, en efecto, una hecatombe.
¿Acaso será por ello que Uribe, aunque no lo module, aspira a otra reelección? El desplazamiento, una iniquidad social, ha impuesto a Colombia un abominable marbete que lo caracteriza como un país en el cual se violan “masiva, generalizada y sistemáticamente” los derechos humanos y con la crisis humanitaria más aguda del hemisferio occidental. Es deshonroso, sobre todo para un gobierno que aspira a prolongarse en el poder, que haya más de cuatro millones de desplazados.
Bueno, y qué tal los “compatriotas” que se han visto obligados a abandonar el país por las persecuciones, por los fragores de un largo conflicto interno. Aumentó el número de colombianos refugiados en Ecuador, Venezuela, Panamá y Canadá. Cerca de seiscientos mil. Más que Sudán, ostentador, por otra parte, del mayor número de desplazados internos del mundo. En cuanto a las solicitudes de asilo, Colombia está detrás de Irak (invadido por una superpotencia), Somalia y Eritrea.
La compleja tragedia del desplazado tiene que ver con la pérdida de identidad, de terruño, de espacios mentales y culturales, y de aquello de lo cual se habla tanto en consejos comunales: de patria (con mayúscula o minúscula, el desterrado se queda sin patria). El desplazado extravía la relación pasado-porvenir, y es un despojado de sus raíces, de un pedazo de cielo (y de suelo), de la posibilidad de un asentamiento.
Tener unos cuantos desplazados es ya una vergüenza, pero aumentar su número y alcanzar la millonada que tiene el país sí rebasa los límites de la ignominia. Acordémonos, por ejemplo, que el proyecto paramilitar —que no parece haber terminado— contempló, en su expansionismo, el quedarse con las mejores tierras, y para ello se apropió, entre 1997 y 2005, de más de cinco millones de hectáreas y provocó desplazamientos masivos. Esto sin contar las masacres y otros desafueros.
Ah, sí, pero no son sólo los desplazados y refugiados los que han aumentado, lo cual, de por sí, ya es una desgracia nacional. Aumentaron los cultivos de coca, los asesinatos y como va el asunto de la caída del dólar, también los desempleados. Se habla de doscientos mil puestos perdidos a causa de la revaluación. El caso es que sectores de la sociedad, que puede que les importe muy poco el desplazamiento, se empiezan a estremecer por la crisis económica.
Así pudieran interpretarse, por ejemplo, las palabras del presidente de la Andi, el uribista Luis Carlos Villegas, cuando dice que no le parece conveniente la reelección. Tal vez no sea porque el evento desbarate más el Estado de Derecho y aporree la “retaciada” Constitución del 91, sino porque podría generar inestabilidad entre sectores de la oligarquía.
¿Rara la posición del dirigente gremial? No. Porque por ella no lo van a acusar de “comunista disfrazado” o de “colaborador de la guerrilla”, cuando ha sido uno de los promotores del sistema establecido por Uribe: la plutocracia. Pero tal vez haya un temor por lo que pasó con Fujimori y Menem, reformadores de constituciones para perpetuarse en el poder.
Un poder que, aquí, en este país de inequidades e iniquidades, parece importarle muy poco el “despatriamiento” de los desplazados y refugiados.
CUANDO ALGUNOS (O MUCHOS) INcautos creen que aquí hay una “profundización” de la democracia y una elevación del nivel de vida de los desamparados, la realidad muestra otros paisajes, melancólicos y desconsoladores, como el aumento del número de desplazados internos en Colombia, de las solicitudes de asilo y de refugiados. Esta situación, en sí misma escabrosa, es suficiente para decir que aquí hay, en efecto, una hecatombe.
¿Acaso será por ello que Uribe, aunque no lo module, aspira a otra reelección? El desplazamiento, una iniquidad social, ha impuesto a Colombia un abominable marbete que lo caracteriza como un país en el cual se violan “masiva, generalizada y sistemáticamente” los derechos humanos y con la crisis humanitaria más aguda del hemisferio occidental. Es deshonroso, sobre todo para un gobierno que aspira a prolongarse en el poder, que haya más de cuatro millones de desplazados.
Bueno, y qué tal los “compatriotas” que se han visto obligados a abandonar el país por las persecuciones, por los fragores de un largo conflicto interno. Aumentó el número de colombianos refugiados en Ecuador, Venezuela, Panamá y Canadá. Cerca de seiscientos mil. Más que Sudán, ostentador, por otra parte, del mayor número de desplazados internos del mundo. En cuanto a las solicitudes de asilo, Colombia está detrás de Irak (invadido por una superpotencia), Somalia y Eritrea.
La compleja tragedia del desplazado tiene que ver con la pérdida de identidad, de terruño, de espacios mentales y culturales, y de aquello de lo cual se habla tanto en consejos comunales: de patria (con mayúscula o minúscula, el desterrado se queda sin patria). El desplazado extravía la relación pasado-porvenir, y es un despojado de sus raíces, de un pedazo de cielo (y de suelo), de la posibilidad de un asentamiento.
Tener unos cuantos desplazados es ya una vergüenza, pero aumentar su número y alcanzar la millonada que tiene el país sí rebasa los límites de la ignominia. Acordémonos, por ejemplo, que el proyecto paramilitar —que no parece haber terminado— contempló, en su expansionismo, el quedarse con las mejores tierras, y para ello se apropió, entre 1997 y 2005, de más de cinco millones de hectáreas y provocó desplazamientos masivos. Esto sin contar las masacres y otros desafueros.
Ah, sí, pero no son sólo los desplazados y refugiados los que han aumentado, lo cual, de por sí, ya es una desgracia nacional. Aumentaron los cultivos de coca, los asesinatos y como va el asunto de la caída del dólar, también los desempleados. Se habla de doscientos mil puestos perdidos a causa de la revaluación. El caso es que sectores de la sociedad, que puede que les importe muy poco el desplazamiento, se empiezan a estremecer por la crisis económica.
Así pudieran interpretarse, por ejemplo, las palabras del presidente de la Andi, el uribista Luis Carlos Villegas, cuando dice que no le parece conveniente la reelección. Tal vez no sea porque el evento desbarate más el Estado de Derecho y aporree la “retaciada” Constitución del 91, sino porque podría generar inestabilidad entre sectores de la oligarquía.
¿Rara la posición del dirigente gremial? No. Porque por ella no lo van a acusar de “comunista disfrazado” o de “colaborador de la guerrilla”, cuando ha sido uno de los promotores del sistema establecido por Uribe: la plutocracia. Pero tal vez haya un temor por lo que pasó con Fujimori y Menem, reformadores de constituciones para perpetuarse en el poder.
Un poder que, aquí, en este país de inequidades e iniquidades, parece importarle muy poco el “despatriamiento” de los desplazados y refugiados.