Se busca fiscal

Aparte de que en Colombia la justicia siempre ha cojeado, que además ha estado atravesada por la política (o la politiquería), que desde hace tiempos ha habido “choque de trenes” entre los poderes ejecutivo y judicial, no es extraño lo que acaba de acontecer con la fiscal general de la Nación Viviane Morales.

La declaratoria de nulidad de su elección de parte del Consejo de Estado y su posterior renuncia irrevocable al cargo, pueden sugerir que la crisis del poder judicial es enorme.

Porque, sobre todo, al hablar de justicia en este país hay que referirse, por ejemplo, a la impunidad, a la politización de aquélla, que la han convertido en un coto de caza los que desean que algunas cosas –o muchas- permanezcan en la oscuridad. O porque, en ocasiones, la justicia acierta y pone en la picota a los que han delinquido al amparo de los poderes, como son los relativamente recientes casos de la parapolítica, las chuzadas del DAS y los desafueros en Agro Ingreso Seguro, sólo por citar los de más dimensión.

Se ha dicho (y se ha visto), desde hace rato, que la penetración de la política en las “entrañas” del poder judicial, ha vulnerado el Estado de Derecho. Desde el gobierno pasado (para no ir más atrás) se presenciaron con estupor los modos soterrados y abiertos del poder ejecutivo metiendo sus narices en las decisiones de la justicia. Unas veces para torpedear y en otras para atemorizar a los encargados del ejercicio.

Para recordar no más el enfrentamiento permanente que hubo entre el gobierno de Álvaro Uribe con la Corte Suprema de
Justicia. Y era que había “material” para la injerencia indebida del ejecutivo en las investigaciones y actuaciones de la corte. Pasaba, por ejemplo, que estaba detenido por parapolítica el primo del entonces presidente; era que había escándalos a granel, como en el caso parientes de la excanciller María Consuelo Araújo; era que habían detenido al hermano del entonces ministro del Interior, por conexiones con la mafia. Era, además, que ya se había capturado al exdirector del DAS, Jorge Noguera, acusado de colaborar con grupos paramilitares, y hoy condenado a 24 años de prisión.

El escándalo de la parapolítica dio para que se armaran montajes en contra de magistrados que la investigaban, como fue el caso Tasmania para desprestigiar a Iván Velásquez, o la puesta de micrograbadoras en la Sala Plena de la Corte para vigilar sus reuniones. Se formó una red de espionaje y de chuzadas van, chuzadas vienen, que ni en los más calientes tiempos de la Guerra Fría. Hubo también extrañas visitas de implicados en delitos a la Casa de Nariño.

La renuncia de la fiscal general, que con la nulidad de su elección quedó sin piso jurídico para seguir actuando, muestra, de otro lado, que ella tenía una suerte de incompatibilidad ética, como fue su matrimonio con Carlos Alonso Lucio, exguerrillero y exasesor de las autodefensas. Sin embargo, ¿los demandantes estaban apegados a la ética o a intereses políticos? ¿No es una coincidencia con el juicio al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias? ¿Acaso hace parte de un movimiento en contra de la fiscal a la que ya le endilgaba el uribismo una “persecución política” y una “venganza criminal”?

Sin conocerse todavía la totalidad de la sentencia del Consejo de Estado, no deja de ser inquietante el momento en que la fiscal tuvo que renunciar. Cuando, por ejemplo, avanzan investigaciones sobre las falsas desmovilizaciones y en una coyuntura en la cual algunos “paracos” extraditados están afinando su voz.

La exfiscal, a la que no le tembló nada –o eso dicen- cuando comenzó a acusar a los “intocables”, entre ellos los del cartel de la contratación en Bogotá, debe de estar pensando hoy cómo continuarán los procesos contra tantos encartados que tienen una particularidad: son de sectores sociales comprometidos con el poder. Ese mismo poder que, desde hace años, hace lo que le da la gana para que sigan en Colombia imperando la corrupción, los negocios turbios, el narcotráfico y la impunidad.