En septiembre de 1990, secuestraron al jefe de redacción del diario El Tiempo, Francisco Santos.
En el acto, los facinerosos asesinaron a su conductor, José Oromacio Ibáñez. Por aquellas mismas fechas, en la que el país estaba bajo el dominio de las mafias del narcotráfico, habían desaparecido varias personas, entre ellas la periodista Diana Turbay de Uribe, posteriormente asesinada.
Antes de aquellos hechos y después, las expresiones nefastas del secuestro humillaron al país, lo sumieron en desconciertos y lo avergonzaron ante el orbe.
Secuestros de reporteros, de políticos, de campesinos, de agricultores, de ciudadanos de diversas condiciones económicas y políticas, han atravesado la historia de los últimos cincuenta años en Colombia. Unas veces, como expresión de maniobras extorsivas de delincuentes comunes; en otras, de grupos de extrema izquierda y de extrema derecha.
El secuestro, uno de los delitos más abominables, ha sido repudiado y condenado en todo el mundo. Como diría hace años un dirigente de izquierda en Colombia, “no hay causa, noble o vil que lo justifique”. Y mucho menos se debe convertir en instrumento de las tácticas de movimientos que dicen estar del lado de las luchas populares y que, a la postre, hacen más daño a estas.
El reciente secuestro de tres periodistas en Norte de Santander, en la convulsionada zona del Catatumbo, por la guerrilla del Eln, tornó a recordar otros tantos episodios en los que no solo hay una violación al derecho internacional humanitario, sino una especie de intimidación al resto de la ciudadanía. El de los tres reporteros ha sido, como lo han calificado expertos en derechos humanos, un “crimen internacional”, puesto que los periodistas tienen especial protección en los contextos de un conflicto armado, como el que acaece en Colombia.
Los del Eln, una guerrilla fundada por sacerdotes, parecen no reconocer aún el fracaso de la lucha armada y persisten, a modo de un somatén, en sus equivocados métodos en los que el secuestro ha sido parte de su táctica. Privar de la libertad a tres periodistas, en momentos en que tal movimiento busca diálogos con el Estado, tiene más de palazo de ciego que de una actitud que permita el desarrollo de acercamientos a una negociación.
Y aunque la prensa en Colombia ha estado más del lado de los poderes, y en buena parte ha olvidado dar protagonismo a la gente que padece las incontables miserias de un sistema inequitativo y opresor, no es pábulo para que una banda de insurrectos secuestre reporteros. O como lo señaló una vocera de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, se requiere protección “para que la prensa pueda hablar desde esos sitios y contar las historias de los desaparecidos, de los líderes de tierras, de los asesinatos de defensores de derechos humanos o de los niños que mueren de hambre…” (El espectador, 29-05-2016, p.8)
A su vez, el Estado tiene la obligación de generar condiciones para que la prensa (insisto en que a buena parte le interesa más la frivolidad) pueda ejercer su misión de informar con veracidad (que si no es así, es desinformar). E independientemente del medio que sea, debe garantizar la libre locomoción por el territorio nacional y proteger a los reporteros. Desde luego, estos deben cumplir con protocolos de seguridad, en fin.
La zona del Catatumbo, como otras de Colombia, sometidas al abandono oficial, es un polvorín. Son caldo de cultivo para la presencia de bandas armadas, guerrillas y paramilitares (con nuevas etiquetas). La ausencia de una reforma agraria, las distintas manifestaciones de la pobreza, la carencia de acceso a la salud, la educación y otros rubros a los que todos tienen derecho, son parte de la situación de precariedad de sus habitantes.
El llamado “posconflicto” para que funcione, deberá erradicar las causas de tantas desventuras populares y el Estado tendrá que dejar de favorecer a las transnacionales y a otros agentes generadores de injusticia social y desbarajuste de las mayorías. Esta semana de nuevos paros agrarios y del magisterio, es una posibilidad para que los medios informen sobre las calamidades que sufren tantos colombianos, en particular en los campos.
Los maestros, que están exigiendo dignificación del servicio de salud, advierten que el gobierno de Santos y su ministra de Educación “ha declarado la guerra a la educación pública y al magisterio”, al tiempo que en zonas como el Catatumbo, los campesinos quieren recuperar sus cultivos tradicionales y tener mercado para los mismo. La prensa debiera incluir en sus agendas informativas despliegues sobre los olvidados. Y ojalá no haya más secuestros en Colombia.
En septiembre de 1990, secuestraron al jefe de redacción del diario El Tiempo, Francisco Santos.
En el acto, los facinerosos asesinaron a su conductor, José Oromacio Ibáñez. Por aquellas mismas fechas, en la que el país estaba bajo el dominio de las mafias del narcotráfico, habían desaparecido varias personas, entre ellas la periodista Diana Turbay de Uribe, posteriormente asesinada.
Antes de aquellos hechos y después, las expresiones nefastas del secuestro humillaron al país, lo sumieron en desconciertos y lo avergonzaron ante el orbe.
Secuestros de reporteros, de políticos, de campesinos, de agricultores, de ciudadanos de diversas condiciones económicas y políticas, han atravesado la historia de los últimos cincuenta años en Colombia. Unas veces, como expresión de maniobras extorsivas de delincuentes comunes; en otras, de grupos de extrema izquierda y de extrema derecha.
El secuestro, uno de los delitos más abominables, ha sido repudiado y condenado en todo el mundo. Como diría hace años un dirigente de izquierda en Colombia, “no hay causa, noble o vil que lo justifique”. Y mucho menos se debe convertir en instrumento de las tácticas de movimientos que dicen estar del lado de las luchas populares y que, a la postre, hacen más daño a estas.
El reciente secuestro de tres periodistas en Norte de Santander, en la convulsionada zona del Catatumbo, por la guerrilla del Eln, tornó a recordar otros tantos episodios en los que no solo hay una violación al derecho internacional humanitario, sino una especie de intimidación al resto de la ciudadanía. El de los tres reporteros ha sido, como lo han calificado expertos en derechos humanos, un “crimen internacional”, puesto que los periodistas tienen especial protección en los contextos de un conflicto armado, como el que acaece en Colombia.
Los del Eln, una guerrilla fundada por sacerdotes, parecen no reconocer aún el fracaso de la lucha armada y persisten, a modo de un somatén, en sus equivocados métodos en los que el secuestro ha sido parte de su táctica. Privar de la libertad a tres periodistas, en momentos en que tal movimiento busca diálogos con el Estado, tiene más de palazo de ciego que de una actitud que permita el desarrollo de acercamientos a una negociación.
Y aunque la prensa en Colombia ha estado más del lado de los poderes, y en buena parte ha olvidado dar protagonismo a la gente que padece las incontables miserias de un sistema inequitativo y opresor, no es pábulo para que una banda de insurrectos secuestre reporteros. O como lo señaló una vocera de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, se requiere protección “para que la prensa pueda hablar desde esos sitios y contar las historias de los desaparecidos, de los líderes de tierras, de los asesinatos de defensores de derechos humanos o de los niños que mueren de hambre…” (El espectador, 29-05-2016, p.8)
A su vez, el Estado tiene la obligación de generar condiciones para que la prensa (insisto en que a buena parte le interesa más la frivolidad) pueda ejercer su misión de informar con veracidad (que si no es así, es desinformar). E independientemente del medio que sea, debe garantizar la libre locomoción por el territorio nacional y proteger a los reporteros. Desde luego, estos deben cumplir con protocolos de seguridad, en fin.
La zona del Catatumbo, como otras de Colombia, sometidas al abandono oficial, es un polvorín. Son caldo de cultivo para la presencia de bandas armadas, guerrillas y paramilitares (con nuevas etiquetas). La ausencia de una reforma agraria, las distintas manifestaciones de la pobreza, la carencia de acceso a la salud, la educación y otros rubros a los que todos tienen derecho, son parte de la situación de precariedad de sus habitantes.
El llamado “posconflicto” para que funcione, deberá erradicar las causas de tantas desventuras populares y el Estado tendrá que dejar de favorecer a las transnacionales y a otros agentes generadores de injusticia social y desbarajuste de las mayorías. Esta semana de nuevos paros agrarios y del magisterio, es una posibilidad para que los medios informen sobre las calamidades que sufren tantos colombianos, en particular en los campos.
Los maestros, que están exigiendo dignificación del servicio de salud, advierten que el gobierno de Santos y su ministra de Educación “ha declarado la guerra a la educación pública y al magisterio”, al tiempo que en zonas como el Catatumbo, los campesinos quieren recuperar sus cultivos tradicionales y tener mercado para los mismo. La prensa debiera incluir en sus agendas informativas despliegues sobre los olvidados. Y ojalá no haya más secuestros en Colombia.