Uribe y el poder judicial

En los tiempos del presidente Turbay (el mismo que decía que el único preso político de Colombia era él), los militares eran unos consentidos suyos.

Poco importaba, por ejemplo, que al poeta Luis Vidales lo mandaran a torturar en las caballerizas de Usaquén. A los troperos no les interesaba si allí estaba detenido el autor de Suenan Timbres, sino que era un comunista.

En los días de Belisario Betancur, sobre todo en dos de ellos, el 6 y 7 de noviembre de 1985, se dijo también que el único “preso” por los militares fue el presidente. La toma –y la retoma- del Palacio de Justicia sigue siendo un episodio no sólo trágico en la historia colombiana, sino sobre el cual todavía faltan hacer muchas investigaciones.

Ahora, con la sentencia a treinta años de prisión al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega por la desaparición forzada de once personas en los episodios del Palacio de Justicia, varios asuntos se discuten en la opinión pública (cualquier cosa que ésta sea) y el Presidente Uribe ha salido a oponerse al fallo de la juez María Stella Jara y a defender al inculpado.

El incidente propiciado por el primer mandatario no es de poca monta. Es ya un abierto desafío al poder judicial. Se ha interpretado tal actitud de distintas maneras. Una puede ser que para el Presidente sólo habrá justicia en este caso si absuelven, en segunda instancia, al militar, porque, al parecer, la condena infligida es una suerte de deshonra a los “soldados de la patria”. También se ha considerado dicha posición presidencial como un apoyo velado a la impunidad.

No deja de haber “mala leche” en la alocución presidencial después de la condena a Plazas, al insinuar que el fallo condenatorio era también contra todos los militares. Algo turbio hay en esas declaraciones. Mientras tanto, la jueza en cuestión se encuentra amenazada de muerte, le han llegado sufragios y tiene que ser protegida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El tropel armado por el Presidente contra el poder judicial y en particular contra la Corte Suprema de Justicia es de vieja data. Se recuerda el bochinche cuando la Corte llamó a indagatoria por parapolítica a Mario Uribe Escobar, en septiembre de 2007. Ese mismo año, vino otra descarga contra la Corte, cuando el “buen muchacho” del DAS Jorge Norguera fue destituido e inhabilitado por 16 años.

Una más reciente, se presentó con la detención de Mario Aranguren. Desde hace rato, entonces, la pelea está “cazada” entre el Presidente y la Corte. ¿Qué representa esta actitud? ¿Acaso es la de revivir un viejo sueño dictatorial ahora derrumbado?
Hay otras interpretaciones para sumar a las andanadas presidenciales contra la justicia.

Una es la de estar presionando para que no haya fallos adversos contra algunos de sus colaboradores, implicados, por ejemplo, en la yidispolítica, en las “chuzadas” del DAS, en la parapolítica. Es la creación de una ambiente de “guerra sucia”, de intimidaciones y de preparación de atmósferas para justificar después la creación de una ley de garantías para los oficiales.

Se ha dicho, de otro lado, que la condena a Plazas Vega “golpea la moral de las tropas”. Lo que debería es ponerlas a pensar en la legalidad, en el cumplimiento cabal de la ley, en no incurrir en crímenes de lesa humanidad, como es la desaparición forzada, ni en otras conductas violatorias de los derechos humanos.

La condena al coronel Plazas Vega ha producido respuestas exageradas, en particular del Ejecutivo. La misma jueza del caso así lo dijo: “Me parece que es una reacción desproporcionada y desafortunada”, mas no quiso responder si se sentía intimidada (El Espectador 15-06-2010). También dijo que, en asuntos de protección a su vida, “la Rama Ejecutiva ha sido indolente frente a mi situación”.
  
Vuelve el “choque de trenes” entre el Ejecutivo y la justicia, esta vez aupado por el Presidente, al que poco le ha faltado para incurrir en desacato a fallo judicial. Es una refriega que desestabiliza más este país de desafueros e impunidades a granel.