Estamos vigilados por las agencias internacionales de inteligencia; por los hackers, el ejército, el DAS (que ya no existe, pero que lo hay lo hay), los espías de toda laya.
No se salva, en Colombia, pongamos por caso, ni el presidente de la república (o republiqueta). Y dentro del despelote, un “falso positivo” aquí, otro allá. Un centro de “hackeo” en un restaurante. Y, claro, un atentado contra una candidata presidencial, a la que, con certeza, también le intervienen llamadas y correos.
Estamos controlados, observados, monitoreados. Y hasta los militares que, según algunos tratadistas, son un mal necesario para el Estado, caen, porque igual los “chuzan”. Chuzan a los negociadores de La Habana y a los periodistas y a los izquierdistas. Y, por lo visto, a los derechistas también. Bueno, se incluyen a coroneles y generales. Y lo dicho: hasta el propio presidente tiene vigilancia clandestina detrás de sí. Ha sido blanco de interceptaciones ilegales. Se meten a su correo personal; ya sabemos asuntos suyos que pueden parecer irrelevantes, como querer comprar obras de Fernando Botero, avaluadas entre un millón seiscientos mil dólares y dos millones doscientos mil dólares, porque aspira a dejar “una inversión” para sus hijos. El Che Guevara se hubiera reído de esto último, porque, como lo escribió, “no dejaré nada material a mis hijos”.
Pero, en esencia, no son irrelevantes los espionajes al presidente. Es materia grave. ¿Quién o quiénes los hacen? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre espiar a Santos y vulnerar el proceso de paz de La Habana? ¿Qué poderes e intereses hay detrás de las interceptaciones?
Los últimos hechos en Colombia, como el descubrimiento de cadenas de corrupción en el Ejército, con militares que roban en licitaciones de armas; las chuzadas a los negociadores de paz; la filtración de coordenadas; el atentado contra la candidata Aída Avella, una militante de la Unión Patriótica que estuvo exiliada diecisiete años; el que algún alto militar invite a formar mafias para atacar a los fiscales, y las interceptaciones al presidente, muestran un país atravesado por la ilegalidad. Esta se volvió parte de la vida cotidiana. Y de la vida oficial. Un paradigma de comportamiento de civiles y militares.
Los más de mil casos de “falsos positivos”, que ocurrieron cuando el hoy presidente de Colombia era ministro de Defensa del gobierno Uribe, siguen siendo parte sustancial de la historia de la infamia. Y una mancha sangrienta en las conductas de los militares y de las instituciones. La participación de miembros del Ejército en esos crímenes es un baldón que les hizo perder mucha parte de su credibilidad. Que ha caído con estrépito a niveles negativos con los recientemente conocidos actos de corruptela.
Estos últimos hacen pensar en la ineptitud de los funcionarios y organismos fiscales para investigar y controlar las maniobras, transacciones, licitaciones, etc., de las Fuerzas Armadas. Porque, si no es por las filtraciones que informantes le hicieron a la revista Semana, la opinión pública estuviera todavía en Babia. La asqueante situación da -dicen en la calle y también en prostíbulos en los que a veces van los militares-, para que renuncie el ministro de Defensa.
Desde los tiempos del estado de sitio, los militares han sido la niña contemplada del Estado. Hoy, el Ministerio de Defensa tiene un presupuesto anual de 27,7 billones de pesos, muy por encima de las partidas dedicadas a educación, salud y cultura, por ejemplo. Quizá este panorama puede recordar aquellos tiempos nefastos de la dictadura argentina, en los setentas, cuando algún alto jefe castrense decía que “La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza más allá del bien y del mal”.
Tal vez algunos militares se creían (y se creen) blindados para cometer actos ilegales, porque, como se les ha dicho ayer y hoy, son “héroes de la patria”. Y pueden parecer intocables. Pero a la corrupción militar, en un país de variadas ollas podridas, se suman los atentados, las “chuzadas”, la diversidad de bandidajes y, además, los desafueros promovidos por los enemigos de las negociaciones de paz.
Desde hace rato, en Colombia se conjugan muy bien algunos verbos. Yo te chuzo, tú me chuzas, y en medio de todo, cuando las chuzadas no funcionan, entonces disparamos.
Estamos vigilados por las agencias internacionales de inteligencia; por los hackers, el ejército, el DAS (que ya no existe, pero que lo hay lo hay), los espías de toda laya.
No se salva, en Colombia, pongamos por caso, ni el presidente de la república (o republiqueta). Y dentro del despelote, un “falso positivo” aquí, otro allá. Un centro de “hackeo” en un restaurante. Y, claro, un atentado contra una candidata presidencial, a la que, con certeza, también le intervienen llamadas y correos.
Estamos controlados, observados, monitoreados. Y hasta los militares que, según algunos tratadistas, son un mal necesario para el Estado, caen, porque igual los “chuzan”. Chuzan a los negociadores de La Habana y a los periodistas y a los izquierdistas. Y, por lo visto, a los derechistas también. Bueno, se incluyen a coroneles y generales. Y lo dicho: hasta el propio presidente tiene vigilancia clandestina detrás de sí. Ha sido blanco de interceptaciones ilegales. Se meten a su correo personal; ya sabemos asuntos suyos que pueden parecer irrelevantes, como querer comprar obras de Fernando Botero, avaluadas entre un millón seiscientos mil dólares y dos millones doscientos mil dólares, porque aspira a dejar “una inversión” para sus hijos. El Che Guevara se hubiera reído de esto último, porque, como lo escribió, “no dejaré nada material a mis hijos”.
Pero, en esencia, no son irrelevantes los espionajes al presidente. Es materia grave. ¿Quién o quiénes los hacen? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre espiar a Santos y vulnerar el proceso de paz de La Habana? ¿Qué poderes e intereses hay detrás de las interceptaciones?
Los últimos hechos en Colombia, como el descubrimiento de cadenas de corrupción en el Ejército, con militares que roban en licitaciones de armas; las chuzadas a los negociadores de paz; la filtración de coordenadas; el atentado contra la candidata Aída Avella, una militante de la Unión Patriótica que estuvo exiliada diecisiete años; el que algún alto militar invite a formar mafias para atacar a los fiscales, y las interceptaciones al presidente, muestran un país atravesado por la ilegalidad. Esta se volvió parte de la vida cotidiana. Y de la vida oficial. Un paradigma de comportamiento de civiles y militares.
Los más de mil casos de “falsos positivos”, que ocurrieron cuando el hoy presidente de Colombia era ministro de Defensa del gobierno Uribe, siguen siendo parte sustancial de la historia de la infamia. Y una mancha sangrienta en las conductas de los militares y de las instituciones. La participación de miembros del Ejército en esos crímenes es un baldón que les hizo perder mucha parte de su credibilidad. Que ha caído con estrépito a niveles negativos con los recientemente conocidos actos de corruptela.
Estos últimos hacen pensar en la ineptitud de los funcionarios y organismos fiscales para investigar y controlar las maniobras, transacciones, licitaciones, etc., de las Fuerzas Armadas. Porque, si no es por las filtraciones que informantes le hicieron a la revista Semana, la opinión pública estuviera todavía en Babia. La asqueante situación da -dicen en la calle y también en prostíbulos en los que a veces van los militares-, para que renuncie el ministro de Defensa.
Desde los tiempos del estado de sitio, los militares han sido la niña contemplada del Estado. Hoy, el Ministerio de Defensa tiene un presupuesto anual de 27,7 billones de pesos, muy por encima de las partidas dedicadas a educación, salud y cultura, por ejemplo. Quizá este panorama puede recordar aquellos tiempos nefastos de la dictadura argentina, en los setentas, cuando algún alto jefe castrense decía que “La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza más allá del bien y del mal”.
Tal vez algunos militares se creían (y se creen) blindados para cometer actos ilegales, porque, como se les ha dicho ayer y hoy, son “héroes de la patria”. Y pueden parecer intocables. Pero a la corrupción militar, en un país de variadas ollas podridas, se suman los atentados, las “chuzadas”, la diversidad de bandidajes y, además, los desafueros promovidos por los enemigos de las negociaciones de paz.
Desde hace rato, en Colombia se conjugan muy bien algunos verbos. Yo te chuzo, tú me chuzas, y en medio de todo, cuando las chuzadas no funcionan, entonces disparamos.