1993 - 2013: transformación de la universidad pública
Un país pensado seriamente y en grande necesita fortalecer sus universidades. Por eso, debería cuestionarnos a los colombianos la cartilla Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia, presentada por el Sistema Universitario Estatal (SUE) y que muestra de manera técnica y rigurosa la situación financiera de las universidades del país. Todo comienza en 2007, con las reuniones del SUE y el Ministerio de Educación Nacional (MEN).
Los rectores planteábamos la queja sobre la falta de recursos para las universidades públicas. Por otro lado, el gobierno nacional basaba su discurso en la creencia de que las universidades estábamos bien de recursos y que interesaba financiar la demanda, no la oferta.
Mucha agua corrió bajo el puente en los últimos cuatro años y desde entonces las universidades públicas actuaron con base en un trabajo racional, técnico y sostenido. Esto es lo que hizo la comisión de vicerrectores administrativos y financieros cuyo resultado es el documento en mención, entre otros logros.
Gracias a diversos esfuerzos, en 2009 el Congreso de la República aumentó recursos para cobertura y para Colciencias. El mismo año, el dinero que iba al Icfes se direccionó a las universidades estatales.
Con el nuevo gobierno, en el debate de reforma a la Ley 30, se logró con la ministra de Educación aumentar en 3% la base presupuestal de las universidades estatales. Esta fue una noticia esperanzadora, pero se hundió en medio de desacuerdos con el proyecto entero.
Los debates en 2012 encontraron mejor eco de los congresistas y por ello se aumentó el aporte de la nación en $100.000 millones para la base presupuestal. Además, en la reforma tributaria se anunció un dinero, pero no permanente.
En resumen, nada se ha dirigido sólidamente al problema financiero estructural.
Lo cierto es que el estudio del SUE muestra que entre 1993 y 2011 incrementamos en 232% el número de matriculados, al pasar de 159.000 a 529.000. En posgrados pasamos de 19.000 a 34.000 estudiantes, entre 2003 y 2011, mientras que los indicadores de movilidad internacional crecieron en 1.000% desde 1993.
El número de docentes con doctorado también se incrementó en 204% en 10 años, pasando de 834 a 2.500, y estamos lejos de los 8.000 que necesitamos. Adicional a esto, requerimos convertir 7.700 docentes ocasionales en profesores de planta.
Aparte de esos aumentos de cobertura y mejoras académicas, en lo físico tenemos que los metros cuadrados construidos pasaron de 2,1 millones a 2,7 millones en 20 años. Sin embargo, para llegar al estándar internacional de 11 m²/estudiante, requerimos $5 billones, aparte de unos $200.000 millones para apoyos socioeconómicos a los estudiantes más necesitados.
Más allá de ver este tema como las necesidades de las universidades, lo que realmente nos da este estudio son fundamentos sólidos, razonados y construidos con profundidad para buscar un país más equitativo y competitivo. En efecto, un país pensado seriamente y en grande.
Un país pensado seriamente y en grande necesita fortalecer sus universidades. Por eso, debería cuestionarnos a los colombianos la cartilla Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia, presentada por el Sistema Universitario Estatal (SUE) y que muestra de manera técnica y rigurosa la situación financiera de las universidades del país. Todo comienza en 2007, con las reuniones del SUE y el Ministerio de Educación Nacional (MEN).
Los rectores planteábamos la queja sobre la falta de recursos para las universidades públicas. Por otro lado, el gobierno nacional basaba su discurso en la creencia de que las universidades estábamos bien de recursos y que interesaba financiar la demanda, no la oferta.
Mucha agua corrió bajo el puente en los últimos cuatro años y desde entonces las universidades públicas actuaron con base en un trabajo racional, técnico y sostenido. Esto es lo que hizo la comisión de vicerrectores administrativos y financieros cuyo resultado es el documento en mención, entre otros logros.
Gracias a diversos esfuerzos, en 2009 el Congreso de la República aumentó recursos para cobertura y para Colciencias. El mismo año, el dinero que iba al Icfes se direccionó a las universidades estatales.
Con el nuevo gobierno, en el debate de reforma a la Ley 30, se logró con la ministra de Educación aumentar en 3% la base presupuestal de las universidades estatales. Esta fue una noticia esperanzadora, pero se hundió en medio de desacuerdos con el proyecto entero.
Los debates en 2012 encontraron mejor eco de los congresistas y por ello se aumentó el aporte de la nación en $100.000 millones para la base presupuestal. Además, en la reforma tributaria se anunció un dinero, pero no permanente.
En resumen, nada se ha dirigido sólidamente al problema financiero estructural.
Lo cierto es que el estudio del SUE muestra que entre 1993 y 2011 incrementamos en 232% el número de matriculados, al pasar de 159.000 a 529.000. En posgrados pasamos de 19.000 a 34.000 estudiantes, entre 2003 y 2011, mientras que los indicadores de movilidad internacional crecieron en 1.000% desde 1993.
El número de docentes con doctorado también se incrementó en 204% en 10 años, pasando de 834 a 2.500, y estamos lejos de los 8.000 que necesitamos. Adicional a esto, requerimos convertir 7.700 docentes ocasionales en profesores de planta.
Aparte de esos aumentos de cobertura y mejoras académicas, en lo físico tenemos que los metros cuadrados construidos pasaron de 2,1 millones a 2,7 millones en 20 años. Sin embargo, para llegar al estándar internacional de 11 m²/estudiante, requerimos $5 billones, aparte de unos $200.000 millones para apoyos socioeconómicos a los estudiantes más necesitados.
Más allá de ver este tema como las necesidades de las universidades, lo que realmente nos da este estudio son fundamentos sólidos, razonados y construidos con profundidad para buscar un país más equitativo y competitivo. En efecto, un país pensado seriamente y en grande.