El día en el que todos nuestros municipios tengan agua potable, habremos dado un paso para el progreso social; pero todo indica que nos encontramos muy lejos de lograrlo, pues de acuerdo con publicaciones recientes lo que sale por la tubería en 800 de los cerca de 1.200 municipios colombianos representa un riesgo para la salud (“800 municipios toman agua con riesgo para la salud”, El Tiempo, mayo 31 de 2013).
Aunque la encuesta nacional de calidad de vida del DANE para 2012 mostró que el promedio nacional de hogares que tenía acceso a acueducto era 87,4%, el porcentaje en las cabeceras municipales naturalmente es bastante mayor, llegando prácticamente al cubrimiento universal (97%), pero cuando se sale de la cabecera, el panorama cambia, ya que apenas un poco más de la mitad de los hogares tiene acceso (53,3%). Estas cifras en realidad no serían tan malas si todos esos hogares recibieran agua de buena calidad.
Infortunadamente, de acuerdo con el informe del Sivicap (Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano), para el período 2007-2011, la situación real de la calidad del agua clasificada según su nivel de riesgo para la población es la siguiente: sin riesgo 36,45%, riesgo bajo 29,87%, riesgo medio 17,27%, riesgo alto 12,54% e inviable sanitariamente 0,68%. Esto quiere decir que entre riesgo medio y alto hay cerca de 13,6 millones de personas y 315.000 reciben un producto inviable desde el punto de vista sanitario. Además, el promedio del país en el período es de riesgo medio. Pero lo más grave es que entre 2007 y 2011 el porcentaje de agua suministrada con riesgo alto aumentó un 5,3%, mientras que el nivel sin riesgo solamente tuvo una discreta mejoría del 3,2%.
El informe de la Defensoría del Pueblo de noviembre de 2011 muestra que en 466 municipios se suministra agua sin ningún tipo de tratamiento, de estos sólo en 4% el agua es apta para consumo humano, en 70% es de riesgo alto y en 21% (cerca de 100 municipios) es inviable. En cuanto a los que entregan agua tratada, 400 están en categoría sin riesgo, 239 en riesgo bajo, 212 en riesgo medio, 109 en riesgo alto y 10 en inviable.
No sobra recordar la relación directa que tiene el acceso al agua potable con la mejoría en los indicadores de salud pública, especialmente aquellos relacionados con los niños. Pero cuando el agua puede ser peligrosa o representa riesgos para la salud, estamos en una situación realmente preocupante. No sólo hay que pensar en los lugares más remotos y carentes de recursos, recordemos las denuncias que se hicieron públicas desde hace algunos meses sobre la calidad del agua en algunos sectores de la capital, que dejaron muchas dudas sobre si la calidad del agua que reciben muchos bogotanos es la que debería ser.
Ante un panorama tan delicado, los esfuerzos que ha realizado el Estado son claramente insuficientes, ya en la segunda década del siglo XXI tener hogares sin acceso a acueducto es preocupante, pero es alarmante que de aquellos que tienen acceso una proporción alta esté recibiendo agua que puede poner en peligro su salud. Este panorama justifica plenamente la declaratoria de algún tipo de emergencia que le permita al Estado emplear mecanismos extraordinarios, para sacar cuanto antes del riesgo en que se encuentran los 100 municipios que reciben agua inviable sanitariamente. Simultáneamente, hay que lograr a corto plazo una mejoría radical de la calidad del agua en todos los demás; esto es más importante para el país que muchas otras acciones para mejorar y mantener la salud de los ciudadanos.
El día en el que todos nuestros municipios tengan agua potable, habremos dado un paso para el progreso social; pero todo indica que nos encontramos muy lejos de lograrlo, pues de acuerdo con publicaciones recientes lo que sale por la tubería en 800 de los cerca de 1.200 municipios colombianos representa un riesgo para la salud (“800 municipios toman agua con riesgo para la salud”, El Tiempo, mayo 31 de 2013).
Aunque la encuesta nacional de calidad de vida del DANE para 2012 mostró que el promedio nacional de hogares que tenía acceso a acueducto era 87,4%, el porcentaje en las cabeceras municipales naturalmente es bastante mayor, llegando prácticamente al cubrimiento universal (97%), pero cuando se sale de la cabecera, el panorama cambia, ya que apenas un poco más de la mitad de los hogares tiene acceso (53,3%). Estas cifras en realidad no serían tan malas si todos esos hogares recibieran agua de buena calidad.
Infortunadamente, de acuerdo con el informe del Sivicap (Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano), para el período 2007-2011, la situación real de la calidad del agua clasificada según su nivel de riesgo para la población es la siguiente: sin riesgo 36,45%, riesgo bajo 29,87%, riesgo medio 17,27%, riesgo alto 12,54% e inviable sanitariamente 0,68%. Esto quiere decir que entre riesgo medio y alto hay cerca de 13,6 millones de personas y 315.000 reciben un producto inviable desde el punto de vista sanitario. Además, el promedio del país en el período es de riesgo medio. Pero lo más grave es que entre 2007 y 2011 el porcentaje de agua suministrada con riesgo alto aumentó un 5,3%, mientras que el nivel sin riesgo solamente tuvo una discreta mejoría del 3,2%.
El informe de la Defensoría del Pueblo de noviembre de 2011 muestra que en 466 municipios se suministra agua sin ningún tipo de tratamiento, de estos sólo en 4% el agua es apta para consumo humano, en 70% es de riesgo alto y en 21% (cerca de 100 municipios) es inviable. En cuanto a los que entregan agua tratada, 400 están en categoría sin riesgo, 239 en riesgo bajo, 212 en riesgo medio, 109 en riesgo alto y 10 en inviable.
No sobra recordar la relación directa que tiene el acceso al agua potable con la mejoría en los indicadores de salud pública, especialmente aquellos relacionados con los niños. Pero cuando el agua puede ser peligrosa o representa riesgos para la salud, estamos en una situación realmente preocupante. No sólo hay que pensar en los lugares más remotos y carentes de recursos, recordemos las denuncias que se hicieron públicas desde hace algunos meses sobre la calidad del agua en algunos sectores de la capital, que dejaron muchas dudas sobre si la calidad del agua que reciben muchos bogotanos es la que debería ser.
Ante un panorama tan delicado, los esfuerzos que ha realizado el Estado son claramente insuficientes, ya en la segunda década del siglo XXI tener hogares sin acceso a acueducto es preocupante, pero es alarmante que de aquellos que tienen acceso una proporción alta esté recibiendo agua que puede poner en peligro su salud. Este panorama justifica plenamente la declaratoria de algún tipo de emergencia que le permita al Estado emplear mecanismos extraordinarios, para sacar cuanto antes del riesgo en que se encuentran los 100 municipios que reciben agua inviable sanitariamente. Simultáneamente, hay que lograr a corto plazo una mejoría radical de la calidad del agua en todos los demás; esto es más importante para el país que muchas otras acciones para mejorar y mantener la salud de los ciudadanos.