La sevicia de homicidas y violadores, mostrada nuevamente en días recientes en contra de víctimas aún más indefensas, como la vista con el asesinato de una mujer y la múltiple violación de una niña, ambas con Síndrome Down, muestra que el debate sobre la “cadena perpetua”, debe superar a legisladores o académicos y ponerlo en consideración del Constituyente primario.
La negativa del Congreso de la República de permitir que se lleve a cabo consulta al pueblo colombiano sobre si considera que a los jueces de la república les debe ser dable aplicar esta condena o no, olvida que la prioridad del Estado se encuentra esencialmente en proteger a los indefensos y no a los agresores.
Sorprende y contrasta que académicos y juristas reputados, incluidos vecinos de este espacio de opinión, equilibran, centran y anteponen, los derechos y consecuencias de la posibilidad de una pena como la perpetua para quién ha causado grave e irreparable daño alguien indefenso, al dolor causado a la víctima o el efecto disuasivo del delito, como consecuencia de una respuesta contundente, cuando lo que espera toda sociedad es la persecución y anulación del victimario.
Un Estado que no responde con firmeza contra los agresores de sus súbditos, internos o externos, es un Estado camino a la ilegitimidad y la autodestrucción, pues abre curso permanente y constante al impulso natural y humano de la búsqueda de la justicia, que es modulado cuando aquel hace su labor de cobrar con equilibrio la deuda del daño causado al inocente. También es inviable un Estado que se niega o que no permite consultar la voluntad de quienes lo conforman como titulares de la ciudadanía, impedido por los delegados del poder popular, en cabeza de congresistas, que ocupan su posición bajo el mandato de defender a sus verdaderos jefes.
La consulta al país debe hacerse, y si el Congreso ha considerado darle la espalda a esta realidad, por estar inmerso en discusiones académicas, en cambio de atender un clamor ciudadano, es necesario rodear este obstáculo e ir directamente a la ciudadanía, pues es la base la que debe decidir, sobre asuntos tan sensibles. La senadora Gilma Jiménez ha asumido el reto de llevarle al país la pregunta sobre como prefiere tratar a sus violadores de niños, encontrándose con los obstáculos que la prensa ha expuesto y por bien de la democracia e independientemente de que opinión tenga cada quién al respecto, no debe seguirse negándole esta posibilidad a los colombianos.
* Corporación Soluciones
La sevicia de homicidas y violadores, mostrada nuevamente en días recientes en contra de víctimas aún más indefensas, como la vista con el asesinato de una mujer y la múltiple violación de una niña, ambas con Síndrome Down, muestra que el debate sobre la “cadena perpetua”, debe superar a legisladores o académicos y ponerlo en consideración del Constituyente primario.
La negativa del Congreso de la República de permitir que se lleve a cabo consulta al pueblo colombiano sobre si considera que a los jueces de la república les debe ser dable aplicar esta condena o no, olvida que la prioridad del Estado se encuentra esencialmente en proteger a los indefensos y no a los agresores.
Sorprende y contrasta que académicos y juristas reputados, incluidos vecinos de este espacio de opinión, equilibran, centran y anteponen, los derechos y consecuencias de la posibilidad de una pena como la perpetua para quién ha causado grave e irreparable daño alguien indefenso, al dolor causado a la víctima o el efecto disuasivo del delito, como consecuencia de una respuesta contundente, cuando lo que espera toda sociedad es la persecución y anulación del victimario.
Un Estado que no responde con firmeza contra los agresores de sus súbditos, internos o externos, es un Estado camino a la ilegitimidad y la autodestrucción, pues abre curso permanente y constante al impulso natural y humano de la búsqueda de la justicia, que es modulado cuando aquel hace su labor de cobrar con equilibrio la deuda del daño causado al inocente. También es inviable un Estado que se niega o que no permite consultar la voluntad de quienes lo conforman como titulares de la ciudadanía, impedido por los delegados del poder popular, en cabeza de congresistas, que ocupan su posición bajo el mandato de defender a sus verdaderos jefes.
La consulta al país debe hacerse, y si el Congreso ha considerado darle la espalda a esta realidad, por estar inmerso en discusiones académicas, en cambio de atender un clamor ciudadano, es necesario rodear este obstáculo e ir directamente a la ciudadanía, pues es la base la que debe decidir, sobre asuntos tan sensibles. La senadora Gilma Jiménez ha asumido el reto de llevarle al país la pregunta sobre como prefiere tratar a sus violadores de niños, encontrándose con los obstáculos que la prensa ha expuesto y por bien de la democracia e independientemente de que opinión tenga cada quién al respecto, no debe seguirse negándole esta posibilidad a los colombianos.
* Corporación Soluciones