Agua, información y equidad

EL AGUA POTABLE ES UN BIEN ALTAmente preciado del que depende la calidad de la vida de los seres humanos. Su distribución y consumo reflejan la racionalidad de nuestra conducta individual y colectiva.

Su disfrute adecuado afecta a presentes y futuras generaciones, propias y ajenas. El calentamiento de la Tierra y el crecimiento de la población hacen del agua potable además un bien escaso y costoso. El país, posible potencia mundial en la materia, está atrapado en la trampa del subdesarrollo y no termina por ponerse de acuerdo sobre los principios y las políticas públicas que deben gobernar el manejo racional del agua. La reciente decisión del Gobierno de promover normas que castiguen su uso excesivo por parte de los hogares, pese a que el sector agropecuario consume el 60% del agua, sirve para profundizar la reflexión y el debate sobre este bien público de importancia universal.

Dos millones de firmas respaldaron la iniciativa de un referendo para declarar el agua potable un derecho humano. Se busca asegurar que un bien primario vital, por lo menos en su satisfacción básica, sea gratuito y no esté sujeto a las leyes del mercado, con beneficio para los pobres. Los contradictores de la iniciativa, que no ha muerto como erróneamente se apresuraron a informar el pasado diciembre algunas cadenas radiales, arguyen que de buenas intenciones está sembrado el camino al infierno, que los pobres ya son subvencionados para disfrutar del precioso líquido y que la gratuidad universal acabaría por perjudicar a todos, en especial a las personas que aún no gozan del servicio público de acueducto y alcantarillado. Corresponderá al Congreso de la República en su próxima legislatura darle vía libre o no a la pregunta dirigida al pueblo de si el agua potable debe ser un derecho fundamental o un bien público comercializable bajo la vigilancia del Estado y las reglas de libertad reglada.

Lo que parecía ser un “páselas por inocente” el 28 de diciembre pasado resultó dura realidad: que los hogares con consumos superiores a cotas máximas para tierra fría, templada o cálida deberían cancelar una tarifa del doble y hasta del triple por los metros cúbicos de agua derrochados. Pero la información sigue siendo confusa. El Colombiano informó que el Gobierno Nacional expediría el decreto imponiendo multas a los derrochadores a partir del 1° de enero. Pero en la página de internet del Minambiente se habla de una decisión adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CAR). Consultada la página electrónica de la CAR el ciudadano tampoco encuentra la referida normatividad y funcionarios de la entidad afirman que la resolución en comento existe sólo en borrador y debe someterse a consulta ciudadana antes de su expedición, para lo cual ciertamente sería útil conocer la letra menuda de las normas propuestas.

Lo cierto es que muchos interrogantes quedan en el aire con tan trascendental medida. Si el desincentivo se refleja en un aumento apreciable de las tarifas del agua, ¿cuál es el monto calculado de las ganancias y quién se quedará con ellas? La Viceministra del Agua se apresura a afirmar que los excedentes cobrados por el consumo excesivo se destinarán a la recuperación de cuencas y a la propaganda sobre el mejor uso del agua. Pero, ¿en qué porcentajes? ¿En cuánto tiempo entregarán los particulares que explotan el negocio los excedentes al Estado? ¿La recuperación de cuencas se hará con la participación de los usuarios? ¿Qué tan equitativo resulta el desincentivo a los hogares, medida bien inspirada para fomentar un consumo responsable, si el sector agropecuario, el mayor consumidor de agua, no recibe un trato similar sino el contrario de incentivos cuestionables como lo han puesto de presente escándalos recientes?