Cumbres borrascosas

LA SENADORA ZULEMA JATTIN ESTÁ tras las rejas por orden de la Corte Suprema de Justicia. Afirma que se trata de un secuestro, no de una detención. Para sorpresa de todos, el presidente del Congreso, el senador Hernán Andrade, se solidariza con ella.

Lo mismo el presidente del Partido de la U, Luis Carlos Restrepo. Ninguna manifestación de los dos patricios en pro de la justicia. Para ellos sigue siendo un complot de la Corte. Mientras tanto los paramilitares extraditados a Estados Unidos dan detalles de la toma del poder mediante el apoyo al candidato Uribe y a sus co-religionarios. Alias El Alemán advierte que “sólo los gringos conocerán la verdad”. Cuenta de la cumbre política en la finca La 21, celebrada en noviembre de 2001, para hacerse al poder y sacar avante sus intereses. Entre ellos, la Ley de Justicia y Paz, redactada por ellos y defendida por el Gobierno. Pero al pacto mafioso se le atravesaron las Cortes. Primero la Constitucional, al quebrarle la columna vertebral a la ley de impunidad. Y, principalmente, la Suprema, seguida de la Fiscalía. Luego vinieron los seguimientos y las interceptaciones del DAS a magistrados y a dirigentes de la oposición. Pero la estantería se les cayó con tantas mentiras. La verdad, de nuevo, brillará.

La confrontación promete ser de marca mayor. Sobre todo en época electoral. Los ‘paras’ comienzan a pasar cuenta de cobro a sus apoyos políticos. La Corte Suprema de Justicia deberá encargarse de ir, con pies de plomo, hasta las últimas consecuencias. Sus magistrados han sabido ejercer con altura sus funciones. Si el presidente Uribe cree en la inocencia de sus apoyos, debería postular al cargo de Fiscal General a juristas intachables, ajenos al Gobierno o a la oposición. A la par, las investigaciones judiciales por las interceptaciones ilegales deben continuarse. De nada valen las promesas de no volverlo a hacer. Están en juego el Estado de derecho y la democracia.

Se avecinan tiempos de gran turbulencia. La estabilidad del país estará sometida a una prueba de fuego. De ella podemos salir fortalecidos o condenados a una ruptura institucional de impredecibles repercusiones. Internacionalmente la gravedad y la magnitud de los falsos positivos no podrán ser minimizadas con el argumento de las “falsas imputaciones” contra las Fuerzas Armadas. La política de incentivos perversos en la lucha contra el enemigo hace comprensible la dimensión del crimen: 1.600 casos investigados por la Fiscalía. El escándalo no se resuelve con mañas semánticas. Recordemos no más al ex asesor José Obdulio Gaviria, el Le Pen colombiano, quien afirma que en Colombia no hay desplazados por la violencia, sino “migrantes”.

Ni siquiera un pacto político de alto nivel, consistente en cesar las investigaciones a cambio de renunciar a la reelección, entra en consideración. Los compromisos internacionales del Estado colombiano con los derechos humanos obligan a investigar todos los crímenes de lesa humanidad cometidos en las últimas décadas, con independencia de su procedencia y de su impacto. Al final triunfará la justicia. De nada servirán los intentos de ocultar la verdad mediante el respaldo popular, el apoyo económico de empresarios nacionales o extranjeros o la corrupción de los organismos de control y de seguridad. Como acertadamente afirmara el escritor William Ospina en reciente ocasión: “La seguridad podrá defendernos, pero sólo la justicia nos protegerá”.