"Datamédica"

SI UNA PERSONA EN COLOMBIA SE REtrasa en un pago financiero o de servicios, lo reportan a centrales de riesgo. Una vez allí sufre una especie de muerte civil.

El deudor incumplido pasa a ser un indeseable del sistema que irriga dinero a la economía. A la sanción no le falta lógica, pese a equivocaciones y abusos que el legislador y las cortes de justicia han intentado impedir mediante la protección de los derechos de hábeas data y al buen nombre, entre otros. Los usuarios de los servicios de salud estamos en mora de exigir la creación de una central de riesgos, que podríamos bautizar “Datamédica”, a la cual reportar los incumplimientos en la prestación del servicio público de salud. Ya es hora de que se establezcan mecanismos para sancionar socialmente a las entidades o instituciones prestadoras de salud que incurren en abusos contra los titulares del derecho a la salud. Ante cada incumplimiento la entidad respectiva recibiría estrellas negras, multas, impedimentos de afiliar nuevos usuarios hasta que no mejore el mal servicio o sanciones disciplinarias. Datamédica se convertiría en un indicador de calidad y competencia de los agentes del sistema de salud y coadyuvaría a la vigilancia efectiva de las agencias gubernamentales.

La propuesta surge ante el crecimiento del abuso de actuaciones dilatorias, evasivas o negligentes de los prestadores de la salud para evitar los altos costos de medicamentos y tratamientos que por Constitución y por Ley deben suministrar a los usuarios. No es excepcional ver verdaderas prácticas de “chicaneo” destinadas a burlar o aburrir al usuario para que finalmente desista de sus pretensiones de acceder a los bienes y servicios que su condición requiere. El mal diligenciamiento repetido de formularios obligatorios por parte del médico tratante, las largas e interminables colas, la entrega de boletas limitadas, las filas humanas que ven morir a enfermos terminales tratados indignamente, son pan de todos los días. El ánimo de lucro campea, más cuando la población es pobre y los tratamientos y medicamentos costosos.

Recientemente el director de la Nueva EPS, entidad privada surgida del liquidado Instituto de Seguros Sociales, reportaba con ironía sobre una sentencia de tutela en que no sólo se ordenó el préstamo de un equipo médico a un paciente sino se exigió el pago de un arriendo para que el costoso equipo estuviera bajo techo seguro. La actitud del directivo, más que el de un celoso guardián de recursos escasos, refleja su desprecio hacia los pobres. Ciertamente exigir el pago de un arriendo para suministrar un equipo médico requerido en asunto vital suena exorbitante. ¿Pero, estimó el juez otras alternativas? ¿Era su solución, siendo la máquina necesaria para preservar la vida, más costosa que exigir el internamiento clínico del paciente con la dolencia crónica? ¿Debe negarse el equipo vital requerido a quien no tiene medios para ponerlo bajo seguro? Nada de esto se discutió por el periodista que hizo la nota. La mala prensa contra la tutela prepara el retroceso en la salud que el legislador, a iniciativa del gobierno, se apresta a ejecutar por vía estatutaria.

La actitud inhiesta del prestador de salud ilumina el entendimiento de los derechos sociales en la era Santos. Ellos son costosos privilegios que deben ser repartidos por el Legislador, no derechos fundamentales de rango constitucional. Mucho sudor y lágrimas esperan a los usuarios de la salud. Sobre todo si son pobres. Hoy más que nunca necesitamos de un “Datamédica” para protegernos de poderosos abusos y del abuso de poderosos.