El segundo punto en las negociaciones de paz entre el gobierno Santos y las Farc plantea no menos dificultades que el primero.
Esto, porque la regulación de la participación política tiene tanta trascendencia como la de la tierra. La autodeterminación colectiva supone un grupo de personas con voluntad de vivir sometido a unas mismas leyes. Ponerse de acuerdo sobre las reglas de la contienda política no es tarea fácil. Las antagónicas posturas de los negociadores sobre democracia revelan las diferencias de fondo sobre lo que debe ser una constitución para el país en el posconflicto.
Sobre democracia existen dos concepciones diferentes entre las partes. El Gobierno defiende una visión liberal representativa, bien resumida en la fórmula “un hombre (mujer), un voto”. La voluntad común se establece mediante el voto libre e igualitario. Presidente, senadores, representantes, alcaldes, gobernadores, diputados y concejales son elegidos directamente en circunscripciones nacionales o territoriales. Las leyes deben ser aprobadas por el voto mayoritario (simple o calificado), previo un proceso de deliberación efectivo según doctrina de la Corte Constitucional, lo que da a la nuestra un toque de democracia deliberativa.
Por su parte, las Farc defienden una visión corporativista de la democracia. Según ésta, la voluntad del pueblo debe representarse, entre otros, a nivel de la “cámara territorial” que vendría a reemplazar la cámara de representantes, por sectores sociales diversos: campesinos, indígenas, negritudes, estudiantes, trabajadores, mujeres, partidos políticos, gremios, integrantes de comunidades LGTBI, etc. El peso que tenga el voto de cada sector al establecer la voluntad general dependería del tamaño de la agrupación correspondiente. El llamado “poder popular” vendría a complementar el poder electoral de los partidos políticos en las instituciones.
Cada concepción de la democracia tiene sus más y sus menos. La representativa toma en serio el igual valor de cada persona en la conformación y el ejercicio del poder político. Pero el énfasis en el individuo indistinto y desasociado castiga a las minorías. La democracia corporativa pretende corregir la crisis de la representación que evidencia el modelo liberal. Quiere “meterle pueblo” al proceso con la participación de movimientos sociales en un “poder popular”, que haga contrapeso a los partidos políticos. Su desventaja es la segmentación de la voluntad en heterogéneas agrupaciones que demandan reconocimiento en desmedro de la construcción igualitaria del bien público: ¿cómo evitar que religiosos, militares y hasta separatistas no exijan igual participación?
Las diferencias de orden teórico deben ser discutidas democráticamente. Más si se trata de una divergencia sobre la definición misma de democracia, sobre su valor y su significado. Mucho avanzó la civilización en 1789 al abolir estamentos, colectivos, abolengos y dinastías; también con la extensión del voto universal, pese a que el fin de la esclavitud y el voto de la mujer vinieran más tarde. La contrarrevolución conservadora y el colectivismo comunista nunca vieron con buenos ojos la instauración del universalismo individualista, postura crítica compartida hoy por pensadores posmodernos. Prudente es evitar retrocesos históricos que nos lleven a abandonar la igual consideración y respeto de cada persona en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas, fundamento de legitimidad del Estado constitucional, social y democrático de derecho.
El segundo punto en las negociaciones de paz entre el gobierno Santos y las Farc plantea no menos dificultades que el primero.
Esto, porque la regulación de la participación política tiene tanta trascendencia como la de la tierra. La autodeterminación colectiva supone un grupo de personas con voluntad de vivir sometido a unas mismas leyes. Ponerse de acuerdo sobre las reglas de la contienda política no es tarea fácil. Las antagónicas posturas de los negociadores sobre democracia revelan las diferencias de fondo sobre lo que debe ser una constitución para el país en el posconflicto.
Sobre democracia existen dos concepciones diferentes entre las partes. El Gobierno defiende una visión liberal representativa, bien resumida en la fórmula “un hombre (mujer), un voto”. La voluntad común se establece mediante el voto libre e igualitario. Presidente, senadores, representantes, alcaldes, gobernadores, diputados y concejales son elegidos directamente en circunscripciones nacionales o territoriales. Las leyes deben ser aprobadas por el voto mayoritario (simple o calificado), previo un proceso de deliberación efectivo según doctrina de la Corte Constitucional, lo que da a la nuestra un toque de democracia deliberativa.
Por su parte, las Farc defienden una visión corporativista de la democracia. Según ésta, la voluntad del pueblo debe representarse, entre otros, a nivel de la “cámara territorial” que vendría a reemplazar la cámara de representantes, por sectores sociales diversos: campesinos, indígenas, negritudes, estudiantes, trabajadores, mujeres, partidos políticos, gremios, integrantes de comunidades LGTBI, etc. El peso que tenga el voto de cada sector al establecer la voluntad general dependería del tamaño de la agrupación correspondiente. El llamado “poder popular” vendría a complementar el poder electoral de los partidos políticos en las instituciones.
Cada concepción de la democracia tiene sus más y sus menos. La representativa toma en serio el igual valor de cada persona en la conformación y el ejercicio del poder político. Pero el énfasis en el individuo indistinto y desasociado castiga a las minorías. La democracia corporativa pretende corregir la crisis de la representación que evidencia el modelo liberal. Quiere “meterle pueblo” al proceso con la participación de movimientos sociales en un “poder popular”, que haga contrapeso a los partidos políticos. Su desventaja es la segmentación de la voluntad en heterogéneas agrupaciones que demandan reconocimiento en desmedro de la construcción igualitaria del bien público: ¿cómo evitar que religiosos, militares y hasta separatistas no exijan igual participación?
Las diferencias de orden teórico deben ser discutidas democráticamente. Más si se trata de una divergencia sobre la definición misma de democracia, sobre su valor y su significado. Mucho avanzó la civilización en 1789 al abolir estamentos, colectivos, abolengos y dinastías; también con la extensión del voto universal, pese a que el fin de la esclavitud y el voto de la mujer vinieran más tarde. La contrarrevolución conservadora y el colectivismo comunista nunca vieron con buenos ojos la instauración del universalismo individualista, postura crítica compartida hoy por pensadores posmodernos. Prudente es evitar retrocesos históricos que nos lleven a abandonar la igual consideración y respeto de cada persona en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas, fundamento de legitimidad del Estado constitucional, social y democrático de derecho.