¿QUÉ DIFERENCIA AL COBRADOR DE impuestos del asaltante de caminos? Que el primero sigue un deber ser jurídico mientras que el segundo ejerce su arbitrariedad. Esa es la diferencia entre un Estado de derecho y un régimen de facto.
El Gobierno burla al primero y se viste del segundo. En la persecución a sus enemigos, trafica con la ley; aplica la legítima defensa preventiva y colectiva en las relaciones internacionales; aúpa a las fuerzas de seguridad y de Policía para que violen las libertades básicas; calumnia e injuria a los opositores; minimiza los falsos positivos; canoniza como gestores de paz a criminales. ¡Y ello en nombre de la paz! Todas estas acciones obedecen a una concepción del poder que desprecia el derecho y lo concibe como un obstáculo para la consecución de sus fines supremos. Se encarna así la mentalidad premoderna, arcana y cerrera de los sectores más retardatarios de la sociedad.
En otras latitudes diversos gobiernos también han caído bajo la tentación de privilegiar el efectismo de la estrategia militar sobre el garantismo de los derechos. En la lucha contra las bandas terroristas en Alemania Occidental se emplearon agentes con patente de corzo para delinquir; en su hermana República Democrática funcionaba un sofisticado sistema de espionaje que destruyó incluso la confianza entre familiares; en España las GAL libraron su guerra sucia de secuestros y asesinatos contra cabecillas de la Eta; en Guantánamo y Abu Grail se institucionalizó la tortura. Todas esas prácticas debieron ser luego abandonadas ante la conciencia de que ellas envilecen a las autoridades, traicionan la conciencia moral de la humanidad e igualan el Estado a una banda criminal.
El presidente Uribe no calcula el daño que le ocasiona al país su pragmatismo antijurídico. Al igual que bajo las dictaduras que azotaron el cono sur, la política de pacificación del último lustro implica un retroceso de décadas de construcción de civilidad y conciencia democrática. Interpretaciones resbaladizas que le tuercen el cuello a la ley están a la orden del día. Para la muestra, un botón: la Ley de Justicia y Paz, enderezada de sus entuertos por la Corte Constitucional, ahora se utiliza para dar la libertad a guerrilleros capturados en forma individual, bajo el seudoargumento de acuerdos humanitarios o inexistentes desmovilizaciones.
El derecho es rehén y lacayo de voluntad omnímoda del gobernante. Contribuye éste así a la deslegitimación del Estado y refuerza, o paradoja, la posición de las guerrillas. El comportamiento errático del Gobierno se ve ratificado por politólogos y sociólogos que hablan de la inexistencia del Estado de derecho. No distinguen estos científicos sociales la ausencia del Estado en ciertas zonas del país, con la disposición mental de vivir bajo el amparo del derecho. Lo primero es un problema práctico y material, lo segundo un problema cultural. El Gobierno debe dar ejemplo de republicanismo, o sea, de libertad e igualdad con sujeción a la ley, no sólo exigirlo. No transitará Colombia de un estado de naturaleza, donde el hombre es un lobo para el hombre, a un estado de paz y civilidad, mientras las partes en conflicto no entiendan que la paz sólo es posible por vía del derecho, del respeto recíproco de los derechos humanos y de la vigencia del orden constitucional y legal.
