EN ESTOS DÍAS FRANCIA ENFRENTA una huelga general por el aumento en la edad para pensionarse y para gozar de una renta completa.
Las jóvenes generaciones protestan. Más del setenta por ciento de la población francesa los apoya. Simultáneamente Colombia se apresta a discutir restricciones presupuestales al reconocimiento de derechos sociales. Ambas situaciones tocan un tema neurálgico para la estabilidad de las democracias contemporáneas: el debate democrático sobre la solidaridad social. No es que los temas de la interdependencia existente entre los miembros de una comunidad y de las obligaciones mutuas que de ella se derivan sea nuevo. Las preguntas sobre la justa distribución de cargas y beneficios sociales han ocupado a filósofos y políticos desde tiempos inmemoriales. No obstante, la condición cultural presente añade elementos que hacen más dramático el trámite de los procesos para decidirlas.
En épocas pretéritas, donde los vínculos familiares y comunitarios eran aún estrechos, el apoyo material mutuo, voluntario y altruista, entre los miembros de la comunidad, no era visto como un acto supererogatorio o excepcional, propio de héroes o santos. En la cultura capitalista e individualista hoy imperante, movida por los circuitos del poder burocrático y del dinero, las virtudes ciudadanas se erosionan y la indignación aumenta entre jóvenes y trabajadores. ¿Por qué sus antecesores han podido gozar más tempranamente de la renta y ellos están obligados a trabajar más? La respuesta de Sarkozy es escueta y escatológica: sin reforma, el sistema pensional amenaza con colapsar. Falta al Presidente francés profanidad de análisis. El aumento de cargas públicas a las nuevas generaciones no resuelve el problema de fondo. Éste tiene que ver con el eclipse de la solidaridad en la educación. Educación individualista que los ahora revoltosos estudiantes recibieran y que es producto del sistema económico que su farandulero Presidente defiende.
En Colombia las cosas no son muy diferentes. El Gobierno pretende imponer, a como dé lugar, reformas que hacen depender el reconocimiento de los derechos fundamentales a la disponibilidad fiscal. Los enfermos recibirían atención hasta el límite de los recursos del Estado. Agotado el presupuesto anual, no tendrían derechos. Esto sin importar que el Estado en Colombia favorezca a los ricos con los impuestos de la clase media y de los pobres. Esto no es todo lo grave. Por contera, el Gobierno evade el debate abierto sobre temas de derechos fundamentales y justicia social. Acude a las técnicas retóricas de llamar “derecho fundamental” lo que es un mero “interés general” —el equilibrio fiscal— y, de paso, negar el carácter de fundamental a derechos sociales como la salud o la seguridad social. A diferencia de Francia, donde los debates sobre equidad, justicia y solidaridad son ventilados en los medios de comunicación por una opinión pública informada, en Colombia la coalición mayoritaria emplea la estrategia de erigirse en gobierno y oposición al mismo tiempo. El Partido de la U sirve de factor distractor en el Congreso, se rasga las vestiduras en defensa de lo social pero luego vota favorablemente las iniciativas gubernamentales. Logra así desorientar a la población y evadir el costo político de sus decisiones. La técnica retórica ya la había patentado el ex presidente Uribe al fungir simultáneamente, en insólito desdoblamiento, de responsable de la administración y crítico de sus ministros. Es hora de que los movimientos sociales enarbolen proyectos diferentes y propuestas alternativas que incentiven la solidaridad y la equidad. ¿Por qué no empezar por el fortalecimiento de la educación y la salud pública, tan perseguidas por el santouribismo para mantener al pueblo en mansa ignorancia?
