El ‘Yidisgate’

YIDIS PUEDE TUMBAR A URIBE, quitarle la legitimidad a su segundo mandato o sepultarle la segunda reelección. La cosa no es de poca monta. Pero, con independencia de quién gana o pierde en este proceso, lo que verdaderamente está en juego es la solidez y la continuidad de nuestras instituciones republicanas.

El ex ministro del Interior y de Justicia de Uribe, Fernando Londoño Hoyos, equipara a la Corte Suprema de Justicia con el comité de salud pública en tiempos de la Revolución Francesa y la acusa de ejecutar un complot contra el Presidente. El vicepresidente de la República, Francisco Santos, a nombre propio, en un insólito acto de desdoblamiento, insinúa que la Corte recibió dineros del narcotráfico para evitar la extradición de Macaco. La mácula de la Corte por aceptar agasajos sociales, sin preguntar cómo ni quién financia, contribuye a crear suspicacias y a minar su credibilidad.

De la crisis podemos salir fortalecidos institucionalmente o mediante una solución de facto, como la sugerida por el tristemente célebre ‘héroe de Invercolsa’, al convocar al 83 por ciento de colombianos que supuestamente apoyan a Uribe para evitar que lo “tumben”. La salida institucional depende de un trabajo serio, metodológicamente controlado, prudente y respetuoso de las garantías procesales por parte de los jueces y magistrados penales. Por fortuna, la ciencia del derecho ha avanzado bastante desde las épocas del atentado de Bruto a César. La lógica de las pruebas en materia criminal es un ámbito del derecho que puede ser discutido con argumentos, analizado técnicamente y justificado objetivamente de forma que las dudas de una persecución política queden definitivamente erradicadas.

Un importante reto que enfrentarán los fiscales y jueces es evaluar científicamente la validez de los testimonios y documentos presentados por Yidis, así como la de las pruebas fílmicas de los testigos de su presunto pasado paramilitar. No deja de sorprender, sin embargo, el asunto de los tiempos: cuando Yidis cambia su voto y posibilita la continuidad en el poder del actual gobierno, salva la patria; cuando amenaza con denunciar el ‘conejo’ que le habrían hecho, el enviado del ex ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt corre a aconsejarla; pero cuando presenta los recibos de las consignaciones a Teodolindo, se descubre un video en que un funcionario de Barrancabermeja la acusa de secuestradora y de jefe paramilitar. Cierra la faena un abogado cercano al Gobierno, el doctor Jaime Lombana, quien descalifica a Yidis de psicópata, detalle que habría escapado a la atención de los magistrados, enceguecidos por sus supuestas torvas motivaciones golpistas.

La objetividad de los procedimientos y las decisiones de la justicia tiene una firme base en la ciencia y en el conocimiento. La estabilidad institucional depende de que todos así lo entendamos. Aun cuando es explicable que la trascendencia política del desenlace del affaire Yidis ponga nerviosos a muchos, una actitud democrática y republicana exige confiar críticamente en el carácter imparcial y en la idoneidad de los jueces. Tal confianza crítica y la fidelidad a los procedimientos nos preservan de épocas de violencia y precaven salidas de facto que luego, apagadas las pasiones, mucho lamentaremos. El ‘Yidisgate’ plantea un verdadero desafío a la madurez de nuestra sociedad y a nuestra capacidad de vivir sujetos al imperio de la ley y del derecho, no a la arbitrariedad de quienes advierten al César sobre los idus de marzo.