Se habla mucho en los últimos días sobre cómo será el país en el posconflicto. El ejercicio es bien importante. No se trata de negar la cruda realidad de asesinatos, muerte y destrucción que nos rodea y que hunde sus raíces en la ignorancia, la injusticia y la descomposición social.
Pensar en mundos futuros posibles es un ejercicio útil y necesario para una sociedad en paz. Ciertamente desafía la inteligencia. ¿Cómo transformar a los actores, de hábiles estrategas políticos que disponen de la vida y muerte de otros, en prudentes ciudadanos, amigos del diálogo y de la deliberación democrática? A la mente vienen cuatro escenarios no excluyentes entre sí.
Un enfoque material resuelve el asunto con reparto de tierras, plata y poder. Es realista, pero tiene su límite en el negocio del narcotráfico que, mientras subsista, hará de la paz algo efímero. Otro enfoque, centrado en la racionalidad estratégica, da privilegios judiciales y ventajas políticas a los involucrados en la guerra (guerrilleros, militares y policías, paramilitares): indultos y amnistías (impunidad), cupos en el Congreso, circunscripciones especiales, Asamblea Constituyente, etc. Este punto de vista debe advertir que la comunidad internacional no cesará de perseguir a los actores de los delitos más graves para que respondan por sus actos, porque muchos de sus crímenes no han lesionado sólo a víctimas particulares, sino a la humanidad en general. Los negociadores saben que cualquier decisión que eluda su responsabilidad penal sólo aplazará en el tiempo la acción de la justicia internacional. Un acercamiento más ideológico, y con ello más polémico e interesante, incluye nacionalizaciones, expropiaciones, reforma agraria, limitación a la injerencia extranjera en la compra de tierras e inversiones en sectores estratégicos; prioridad en la defensa del medio ambiente. Cabe preguntarse si el foro natural para tales decisiones es el Congreso de la República de la era posconflicto, no la mesa de negociaciones. Si es esto último, lo decidido tendrá que ser refrendado por el pueblo si pretende legitimidad. Un cuarto escenario abarca la educación ciudadana y la cultura democrática. Las negociaciones de paz son una oportunidad de lujo para construir un país más libre y justo, no autoritario, no dogmático, no militarista, no misógino. Un país donde no se persiga a los que piensan diferente o tienen diversa orientación sexual; donde nadie sea humillado por su condición económica o social gracias a que todos gozan de su derecho fundamental a un mínimo vital; donde se no empalice, asesine, descuartice y queme a las mujeres; donde no se viole, maltrate, esclavice o explote a sus menores de edad; donde las disputas por convicciones políticas o personales, por profundas que sean, no se zanjen con tiros, insultos, descalificaciones o amenazas, sino con amplio entendimiento, argumentos, humor y generosidad. El país actual exige una revolución del pensamiento, no una revolución armada.
Notas: 1. Tienen razón Rodrigo Uprimny y Cecilia Orozco: el procurador, en cumplimiento de la Constitución, debe autodestituirse; añadiría que también los magistrados que lo nominaron. 2. ¡Qué hermoso ejemplo el dado por Richard Franklin, hijo del valiente y digno general Valdemar Franklin Quintero, asesinado a manos del Cartel de Medellín cuando se desempeñaba como comandante de la Policía de Antioquia! Invito a leer su carta a los lectores en El Espectador del día de ayer.
Se habla mucho en los últimos días sobre cómo será el país en el posconflicto. El ejercicio es bien importante. No se trata de negar la cruda realidad de asesinatos, muerte y destrucción que nos rodea y que hunde sus raíces en la ignorancia, la injusticia y la descomposición social.
Pensar en mundos futuros posibles es un ejercicio útil y necesario para una sociedad en paz. Ciertamente desafía la inteligencia. ¿Cómo transformar a los actores, de hábiles estrategas políticos que disponen de la vida y muerte de otros, en prudentes ciudadanos, amigos del diálogo y de la deliberación democrática? A la mente vienen cuatro escenarios no excluyentes entre sí.
Un enfoque material resuelve el asunto con reparto de tierras, plata y poder. Es realista, pero tiene su límite en el negocio del narcotráfico que, mientras subsista, hará de la paz algo efímero. Otro enfoque, centrado en la racionalidad estratégica, da privilegios judiciales y ventajas políticas a los involucrados en la guerra (guerrilleros, militares y policías, paramilitares): indultos y amnistías (impunidad), cupos en el Congreso, circunscripciones especiales, Asamblea Constituyente, etc. Este punto de vista debe advertir que la comunidad internacional no cesará de perseguir a los actores de los delitos más graves para que respondan por sus actos, porque muchos de sus crímenes no han lesionado sólo a víctimas particulares, sino a la humanidad en general. Los negociadores saben que cualquier decisión que eluda su responsabilidad penal sólo aplazará en el tiempo la acción de la justicia internacional. Un acercamiento más ideológico, y con ello más polémico e interesante, incluye nacionalizaciones, expropiaciones, reforma agraria, limitación a la injerencia extranjera en la compra de tierras e inversiones en sectores estratégicos; prioridad en la defensa del medio ambiente. Cabe preguntarse si el foro natural para tales decisiones es el Congreso de la República de la era posconflicto, no la mesa de negociaciones. Si es esto último, lo decidido tendrá que ser refrendado por el pueblo si pretende legitimidad. Un cuarto escenario abarca la educación ciudadana y la cultura democrática. Las negociaciones de paz son una oportunidad de lujo para construir un país más libre y justo, no autoritario, no dogmático, no militarista, no misógino. Un país donde no se persiga a los que piensan diferente o tienen diversa orientación sexual; donde nadie sea humillado por su condición económica o social gracias a que todos gozan de su derecho fundamental a un mínimo vital; donde se no empalice, asesine, descuartice y queme a las mujeres; donde no se viole, maltrate, esclavice o explote a sus menores de edad; donde las disputas por convicciones políticas o personales, por profundas que sean, no se zanjen con tiros, insultos, descalificaciones o amenazas, sino con amplio entendimiento, argumentos, humor y generosidad. El país actual exige una revolución del pensamiento, no una revolución armada.
Notas: 1. Tienen razón Rodrigo Uprimny y Cecilia Orozco: el procurador, en cumplimiento de la Constitución, debe autodestituirse; añadiría que también los magistrados que lo nominaron. 2. ¡Qué hermoso ejemplo el dado por Richard Franklin, hijo del valiente y digno general Valdemar Franklin Quintero, asesinado a manos del Cartel de Medellín cuando se desempeñaba como comandante de la Policía de Antioquia! Invito a leer su carta a los lectores en El Espectador del día de ayer.