¿Estado Social de Derecho o dictadura?

EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO FUE acogido en Colombia desde 1991.  

Pero hace años no es claro el sometimiento del Gobierno a la ley. Tampoco lo es su cumplimiento de los fines sociales del Estado. Al Estado Social de Derecho le ha surgido un serio competidor: el Estado de opinión. Por primera vez en la historia republicana del país se plantea la disyuntiva Estado Social de Derecho o dictadura. Las encuestas reflejan una amplia mayoría de la población a favor de la continuidad del actual Presidente en el principal cargo del Estado, pese al vencimiento del período preestablecido o a la importancia de la alternación de los dirigentes en el poder. ¿Qué explica el deslizamiento del pensamiento democrático por la tentación totalitaria?

La historia europea de los años veinte nos brinda pistas para responder la pregunta. La crisis económica, unida a las gravosas condiciones impuestas a Alemania en Versalles, llevaron a la población a perder su confianza en el Estado de Derecho como garantía contra el ejercicio despótico del poder. Las críticas al funcionamiento de los partidos en el Parlamento crecieron hasta desacreditar al sistema de representación por medio de los partidos políticos. Un líder carismático, con poderes suficientes para conjurar el estado de excepción, vino a reemplazar la deliberación democrática. La dictadura se impuso sobre el Estado Social de Derecho que no logró canalizar las reivindicaciones sociales y políticas del proletariado. El paso de la democracia liberal a la democracia social de la mano de sindicatos, asociaciones políticas y organizaciones sociales fue truncado por una burguesía en ascenso temerosa de la participación popular en la creación de la legislación. Habría que esperar a la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial para que Europa se tomara en serio el Estado Social de Derecho y rechazara la dictadura.

La Constitución de 1991 pretendió ampliar la democracia y realizar las reformas sociales postergadas desde 1936. Pero fue ingenua ante la penetración del narcotráfico en la sociedad y la política. La emergente clase social narcoparamilitar accedió en una década al poder político regional y nacional, con un discurso de derecha y de salvación nacional, dispuesta a limpiar al país tanto de la guerrilla como del pensamiento de izquierda democrática que amenazaba su hegemonía política y el lavado de su nueva riqueza. El Estado Social de Derecho fue paulatinamente reemplazado por el Estado comunitario. Los ciudadanos tornáronse súbditos, dependientes de las dádivas del gran salvador. La trampa, el engaño y el crimen sustituyeron el respeto a las normas y los procedimientos. Ni la caída del estatuto antiterrorista ni las angustiosas defensas judiciales han podido contener el actuar criminal de chuzadores, asesinos, calumniadores, cohechadores, intimidadores, infractores internacionales y déspotas oficiales. La opción definitiva entre Estado Social de Derecho o dictadura se acerca. Esperaremos expectantes la decisión del guardián de la Constitución de 1991.

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Es imperiosa la búsqueda de una salida al inconmensurable dolor de los secuestrados y sus familias. ¿Aceptarían el Gobierno y las Farc un canje de los soldados y policías por voluntarios que se ofrezcan a reemplazarlos? Ambas partes se sorprenderían del número de personas dispuestas a ir al monte para aliviar el sufrimiento de estos muertos en vida. Ninguno de los señores de la guerra perdería así sus estratégicas posiciones. Estarían obligados a repensar seriamente el acuerdo humanitario. ¿Qué pensarán al respecto los precandidatos presidenciales?