El ministro Juan Fernando Cristo reveló hace un par de días la intención de hundir el acelerador a la reforma política. Junto con los partidos de la coalición irían decidiendo qué proyectos tramitarán en vía expedita (fast track) en el Congreso y qué otros cursarán por vía ordinaria. Con razón el editorial de El Espectador advirtió este domingo que “la administración de Juan Manuel Santos parece querer utilizar irresponsablemente la vía del fast track para evitar debates complejos y que deberían darse con profundidad”.
Es claro que la reconciliación necesita altas dosis de generosidad. Superar el conflicto armado bien vale sucesivos actos de desprendimiento. Reconocer representación legislativa a las Farc y relajar los requisitos para obtener personería jurídica como partido se justifican con creces. Acompañar esos beneficios con un estatuto de garantías a la oposición y con un tribunal electoral independiente permite combatir mejor la corrupción. Incluso la financiación estatal de campañas y el uso igualitario del espectro electromagnético podrían encontrar apoyo en el sector privado, pese a que tales medidas suspenden el jugoso negocio de las costosas campañas electorales. Pero modificar estructuralmente el sistema político por vía expedita a un año de elecciones legislativas y a 15 meses de las presidenciales es inoportuno e inconveniente. No sobra recordar que la democracia presupone un sistema decisorio de reglas ciertas con resultados inciertos, no lo contrario, uno de reglas sorpresa con resultados preestablecidos.
La paz se construye no sólo dejando las armas; también con lealtad a las instituciones y los procedimientos establecidos, siempre revisables y modificables como resultado de estudios y discusiones serias. Por eso no son bienvenidas la reforma a la circunscripción nacional para Senado ni la imposición de listas cerradas sin suficiente investigación empírica y amplia deliberación pública. Ambos cambios favorecen a caciques regionales o a caudillos en las agrupaciones políticas precariamente democráticas; además, minan la confianza del elector.
El Gobierno debe contener sus deseos de sacar provecho del clamor popular contra la corrupción mediante una reforma política de gran calado en tan desacertado momento. En río revuelto, ganancia de pescadores. Desde el jefe negociador De la Calle hasta las Farc han salido a criticar el paso en falso del Gobierno al proponer reformas ajenas a la implementación de los acuerdos de paz y tramitadas sin la debida contradicción y reflexión.
Más que reformas estructurales hoy se requiere lealtad a las reglas de elección existentes, claro está, corregidas para incluir a los ejércitos insurgentes y garantizar su efectiva participación política. Que la generosidad con los excluidos no se convierta en factor adicional de deslegitimación como consecuencia del abuso del poder de reforma excepcional.
El respeto a las reglas del juego muestra una igual consideración hacia los otros, con independencia de su militancia ideológica. Constituye una falsa generosidad con las Farc envenenar su relación con otras agrupaciones debido a un desproporcionado favorecimiento o incluso a la utilización de medios de reforma propios de regímenes dictatoriales para fines diversos al propósito de la paz.
Mucho avanzaremos en la construcción de una sociedad justa y pacífica cuando dejemos de trampear al adversario y, por el contario, honremos su inteligencia y dignidad. Si bien esto supone alto grado de empatía y cierta disposición ética, nunca es tarde para hacer lo correcto, pese a lo contraproducente que parezca por limitar el interés particular o grupal.
El ministro Juan Fernando Cristo reveló hace un par de días la intención de hundir el acelerador a la reforma política. Junto con los partidos de la coalición irían decidiendo qué proyectos tramitarán en vía expedita (fast track) en el Congreso y qué otros cursarán por vía ordinaria. Con razón el editorial de El Espectador advirtió este domingo que “la administración de Juan Manuel Santos parece querer utilizar irresponsablemente la vía del fast track para evitar debates complejos y que deberían darse con profundidad”.
Es claro que la reconciliación necesita altas dosis de generosidad. Superar el conflicto armado bien vale sucesivos actos de desprendimiento. Reconocer representación legislativa a las Farc y relajar los requisitos para obtener personería jurídica como partido se justifican con creces. Acompañar esos beneficios con un estatuto de garantías a la oposición y con un tribunal electoral independiente permite combatir mejor la corrupción. Incluso la financiación estatal de campañas y el uso igualitario del espectro electromagnético podrían encontrar apoyo en el sector privado, pese a que tales medidas suspenden el jugoso negocio de las costosas campañas electorales. Pero modificar estructuralmente el sistema político por vía expedita a un año de elecciones legislativas y a 15 meses de las presidenciales es inoportuno e inconveniente. No sobra recordar que la democracia presupone un sistema decisorio de reglas ciertas con resultados inciertos, no lo contrario, uno de reglas sorpresa con resultados preestablecidos.
La paz se construye no sólo dejando las armas; también con lealtad a las instituciones y los procedimientos establecidos, siempre revisables y modificables como resultado de estudios y discusiones serias. Por eso no son bienvenidas la reforma a la circunscripción nacional para Senado ni la imposición de listas cerradas sin suficiente investigación empírica y amplia deliberación pública. Ambos cambios favorecen a caciques regionales o a caudillos en las agrupaciones políticas precariamente democráticas; además, minan la confianza del elector.
El Gobierno debe contener sus deseos de sacar provecho del clamor popular contra la corrupción mediante una reforma política de gran calado en tan desacertado momento. En río revuelto, ganancia de pescadores. Desde el jefe negociador De la Calle hasta las Farc han salido a criticar el paso en falso del Gobierno al proponer reformas ajenas a la implementación de los acuerdos de paz y tramitadas sin la debida contradicción y reflexión.
Más que reformas estructurales hoy se requiere lealtad a las reglas de elección existentes, claro está, corregidas para incluir a los ejércitos insurgentes y garantizar su efectiva participación política. Que la generosidad con los excluidos no se convierta en factor adicional de deslegitimación como consecuencia del abuso del poder de reforma excepcional.
El respeto a las reglas del juego muestra una igual consideración hacia los otros, con independencia de su militancia ideológica. Constituye una falsa generosidad con las Farc envenenar su relación con otras agrupaciones debido a un desproporcionado favorecimiento o incluso a la utilización de medios de reforma propios de regímenes dictatoriales para fines diversos al propósito de la paz.
Mucho avanzaremos en la construcción de una sociedad justa y pacífica cuando dejemos de trampear al adversario y, por el contario, honremos su inteligencia y dignidad. Si bien esto supone alto grado de empatía y cierta disposición ética, nunca es tarde para hacer lo correcto, pese a lo contraproducente que parezca por limitar el interés particular o grupal.