Justicia, virtud suprema

Un célebre e influyente pensador del siglo XX, John Rawls, afirmaba que la justicia es la virtud suprema de la sociedad. Ella es el equivalente a la verdad en el ámbito del conocimiento.

Sin justicia pierde legitimidad el Estado y las autoridades públicas, cual jauría hambrienta, dominan pero no gobiernan. La justicia, ese tercero imparcial y ecuánime, ideado para zanjar regladamente las diferencias, si funciona, es garante de igualdad y paz. De lo contrario, sirve de artificio letal y arma de persecución política.

En las sociedades bien ordenadas brilla la virtud de la justicia. En ellas los ciudadanos no sólo gozan de un sentido elaborado de lo que es justo o injusto, sino que elevan la justicia a cualidad fundamental de sus instituciones sociales. Ciertamente se trata de un ideal lejano, pero no por ello inalcanzable. La suma de educación para la democracia, igualdad de oportunidades y diseño institucional adecuado permite acercarse a este objetivo. Indispensable resulta poner los pies sobre la tierra y reconocer factores materiales y culturales que impiden realizar los ideales de la civilización.

Los poderes de facto, legales o ilegales, que aún reinan en nuestra sociedad, son enemigos de la justicia o pretenden que ella sólo sirva a sus intereses. Dirigentes gremiales promueven reformas para agilizar cobros judiciales o para privatizar la resolución de grandes controversias, esto por vía de árbitros ejecutores de una justicia paralela. La toma de la justicia por los particulares socialmente organizados opera igualmente mediante el ejercicio del poder mediático. Los acusados, más si cuentan como adversarios políticos, son condenados en prensa, radio y televisión sin debido proceso ni fórmula de juicio. Por el contrario, cuando la justicia finalmente opera, sus decisiones son desafiadas por nostálgicos del poder o agitadores profesionales. En una sociedad pobre en la virtud de la justicia, los intereses privados, de clara o dudosa procedencia, le compiten al Estado su hegemonía en el gobierno de los asuntos generales.

Una reforma a la administración de justicia requiere estudios sociales extensos sobre los poderes de facto existentes en la sociedad y sobre el nivel de democratización alcanzado por su población. La resistencia privada a la construcción de un verdadero Estado de derecho que sea constitucional, social y democrático, es todavía prevaleciente. Pero no por mucho tiempo. Señales de hastío por la manipulación a que han sido sometidas las instituciones públicas permiten avizorar un futuro más halagüeño. En esa tarea la educación política, cívica y democrática es de la mayor importancia.

Otro grande del pensamiento, Immanuel Kant, testigo de las brutalidades de su tiempo pero confiado en la buena guía de la razón, entendió que no hay mayor contribución a la justicia que tomarse en serio el deber de respetar la ley. Este legado republicano, transmitido de generación en generación desde Sócrates, ha permitido el surgimiento de institucionales sociales justas, al servicio de la realización de los derechos y deberes humanos. Bien haría el país en entender que la ausencia de justicia en el territorio no es signo de un país asediado por los malos sino de una población con bajos niveles de cultura política y pésimos dirigentes políticos y sociales.