JUAN GABRIEL TOKATLIAN HA PUESto el tema sobre el tapete en una reciente columna en elpais.com. La poslegalidad avanza en los países desarrollados amenazando el Estado de derecho y la democracia, a la par de los intentos en países periféricos por mejorar el respeto de los derechos humanos y la sujeción a la ley.
Por poslegalidad entiende el reputado internacionalista la manipulación, desconocimiento y quiebra del derecho interno e internacional por parte de Estados que operan “con escasa rendición de cuentas hacia adentro y con excesivo despliegue militar hacia afuera”. A su definición podríamos añadir que la poslegalidad —nueva expresión del pensamiento posmoderno— antepone la política al derecho y la economía a la política, con lo cual la orientación de la conducta, en especial de los altos funcionarios, obedece más a los motivos de conveniencia que a razones de principio. El desconcierto reinante por la crisis económica y la incertidumbre que se cierne sobre las libertades individuales por la demanda de seguridad, generan el ambiente propicio para que el respeto a la ley sea visto como un preciosismo innecesario ante la necesidad de resultados positivos en la lucha contra el terrorismo.
Colombia no es ajena al desafío de la poslegalidad. Ejemplos de subestimación de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de derecho en el pasado reciente sobran: yidispolítica, ley de injusticia y paz, bombardeo a Ecuador, chuzadas del DAS, falsos positivos. Lo grave es pensar que el escenario ha cambiado y que la amenaza a los derechos humanos ha cesado. El más reciente suceso que pone en evidencia la actualidad de la poslegalidad son las falsas desmovilizaciones para legitimar el pacto de paz entre el gobierno Uribe y los paramilitares. Se simuló así la entrega de un supuesto frente de las Farc con miras a consolidar la tesis de que la Ley de Justicia y Paz no estaba hecha a la medida de los capos de ultraderecha, sino que también cobijaba generosamente a los guerrilleros. Ahora tendrán que responder el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo y las autoridades superiores que orquestaron la defraudación legal. No esperaban los sagaces otrora poderosos que se encontrarían con una fiscal no contemporizadora y dispuesta a hacer respetar la ley penal en tiempos de relativización del derecho y trivialización de la justicia.
La institucionalidad del Estado de derecho en Colombia es débil para contener la ola de pensamiento posdemocrático que se expande rápidamente en ámbitos de poder influyentes en el país. La recuperación del arcaico fuero militar es sólo una muestra de ello. Tampoco existe aún la suficiente conciencia democrática en la población para detectar y desactivar las tendencias poslegalistas de nuestros gobernantes, tan hábiles en el manejo antidemocrático, concentrado y autoritario de los recursos y bienes públicos. Menos todavía ayuda a la construcción de república democrática un Congreso experto en habilitar al Ejecutivo para que legisle por decreto, como sucede corrientemente en la débil democracia colombiana. Un ejemplo, para no ir muy lejos, es la Ley de Víctimas, tan pletórica en promesas pero tan errática a la hora de diferenciar entre responsabilidad estatal por fallas del servicio y funciones sociales del Estado, en desmedro de los derechos de la población desterrada de los campos, hoy convertidos algunos en paraísos agroindustriales.
