EL MORTAL ATAQUE A RAÚL REYES en tierra ecuatoriana permitió al Ejército decomisar computadores, discos duros y memorias USB al segundo comandante de las Farc.
La información electrónica ha desembocado en el proceso de la “Farcpolítica” entre otros contra congresistas como Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja o contra intermediarios de paz como Álvaro Leyva y Carlos Lozano. Para blindar su actuación el Gobierno solicitó a INTERPOL un concepto técnico sobre el manejo dado a los computadores desde su decomiso.
La validez jurídica de las pruebas depende de su debida recepción y valoración por parte de las autoridades públicas. La cadena de custodia en su traslado no puede interrumpirse, so pena de comprometer los principios de objetividad e imparcialidad en el proceso judicial. Estos principios son aún más relevantes en épocas de lucha contra el terrorismo, cuando la demanda por resultados positivos puede incentivar errores o trucos que vician la investigación penal. No lejanos en el tiempo están los falsos positivos de la fuerza pública.
Del correcto procesamiento de la información de los computadores depende no sólo la suerte de valiosos integrantes de la oposición sino las relaciones internacionales con Venezuela y Ecuador. Frente a lo anterior, llama la atención la mise en scène del secretario general de la INTERPOL al entregar el informe en Bogotá. El funcionario se limitó a elogiar la heroica lucha del presidente Uribe contra la guerrilla responsable de la muerte de su padre y a notificar que no había evidencia de manipulación de los computadores. Poco comunicó Ronald Kenneth sobre el contenido del informe, piedra angular del proceso de la “Farcpolítica”. ¿Cuál es la nuez de tal contenido?
El informe diferencia dos momentos en la custodia del material incautado: del 1 al 3 de marzo de 2008 en manos del Ejército, y del 3 al 10 de marzo de 2008 en manos de la DIJIN. Para la INTERPOL, el manejo de las pruebas en el segundo momento se ajustó a las normas internacionales, mientras que en el segundo momento, no! Según lo consignado en el informe, entre el 1 de marzo de 2008 y el 3 de marzo de 2008 “el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley” (conclusión n° 2b).
Los expertos manifiestan que el acceso directo a los datos objeto de prueba, sin hacer previamente una copia imagen de los mismos, “puede complicar en gran medida el proceso de validación de las pruebas para presentarlas ante los tribunales”. En este caso “los funcionarios de las fuerzas del orden deben demostrar o probar que el acceso directo que efectuaron no afectó materialmente a la finalidad de las pruebas”. Se recomienda, en consecuencia, mejorar la formación de los agentes estatales que hallan pruebas electrónicas y quienes “generalmente no reciben la formación adecuada (…)”.
Por las anteriores razones sorprende la conclusión n° 3 del informe, según la cual INTERPOL no encontró indicios de que “se hayan creado, modificado o suprimido archivos de usuario en ninguna de dichas pruebas”. ¿Cómo entender esta deducción pese a la intervención militar de los datos y cuando luego se informa que en uno de los portátiles y dos de los discos duros externos decomisados se encontraron archivos creados con fechas futuras (que oscilan de marzo y agosto de 2009!)? Qué entre el diablo y escoja, como dice el refrán.
