La Comuna San José en Manizales es víctima de un macro proyecto de renovación urbana ideado por el gobierno nacional en 2008 y ejecutado por el actual alcalde de Manizales.
La situación afecta a más de 23 mil personas de estratos 1 (52%), 2 (40%) y 3 (8%). Lo que pudo pensarse como la recuperación de una extensa zona deprimida de la ciudad, se ha convertido según el sentir de sus habitantes en un “macro desastre” por pésima planeación y peor ejecución. Para rematar, se trata de un proyecto uribista, castigado por el actual gobierno nacional para escarmiento político.
Una mezcla de ceguera e incuria caracteriza la masiva intervención gubernamental detrás de la cual se esconde la intención de capturar la plusvalía de terrenos céntricos y planos en una geografía quebrada. ¿No dimensionaron acaso la administración local y la planeación nacional que renovar un área de 111 hectáreas urbanas, habitada por población con enormes privaciones, ameritaba una concepción del proyecto distinta a la negociación patrimonial atemperada con asistencialismo? Resulta claro que no son el ingreso y la vivienda, sino la propiedad y los negocios los móviles del macro desastre.
El país está ante un caso de desplazamiento forzado intra urbano ejecutado por las autoridades bajo la mampara legal. Cientos de habitantes de la Comuna San José atestiguan sobre los atropellos, falsas o incumplidas promesas, engaños y arbitrariedades de los ejecutores del proyecto. Estos, por su parte, escudados en las normas, atribuyen el descontento a desconocimiento o desinformación de la comunidad sobre los procedimientos seguidos. Una respuesta que revictimiza a los afectados y los señala responsables de su propia suerte.
El macro proyecto o macro desastre es concebido en forma divergente por los involucrados. De declaratorias de utilidad pública, avalúos, negociaciones voluntarias, expropiaciones forzosas, acompañamiento social, se viste el discurso de la administración. Desprecio, desolación, indolencia, desarraigo e insensibilidad es lo que sienten por su parte los pobladores. Un inquilino de la localidad lo expresaba gráficamente: “somos vistos como una ‘plaga’, pese a que nosotros somos el ‘alma’, la esencia, los guardianes de las casas.
El afán de lucro atropella así los derechos al trabajo, vivienda, salud, educación de una población ocupada en el rebusque y perseguida por la estigmatización social. La lógica de eficiencia y acumulación no es del todo compatible con la lógica de reconocimiento y distribución. Incluso, si la promesa de bienestar individual y colectivo pretende justificar las intervenciones masivas en la planeación de vías y ciudades, la percepción ciudadana es por lo general adversa a la miopía antropológica de las empresas públicas y privadas.
Por fortuna la indignación de los vecinos ha conducido a la movilización, con el apoyo solidario de sectores cívicos y universitarios. La comunidad de San José exige re direccionar el proyecto urbanístico: darle rostro humano. Su imaginación, autoconciencia y disposición a luchar por los derechos, en instancias nacionales e internacionales, les da autoridad moral. La reivindicación humanitaria puede convertirse en guía para la reconstrucción del tejido social; su desatención, en precursora de nuevas y variadas violencias. La dignidad de las personas y una política de inclusión, no la apropiación de plusvalía futura con medidas de “limpieza social”, deben alumbrar el proceder de las autoridades públicas. Estaremos atentos al desarrollo del caso.
La Comuna San José en Manizales es víctima de un macro proyecto de renovación urbana ideado por el gobierno nacional en 2008 y ejecutado por el actual alcalde de Manizales.
La situación afecta a más de 23 mil personas de estratos 1 (52%), 2 (40%) y 3 (8%). Lo que pudo pensarse como la recuperación de una extensa zona deprimida de la ciudad, se ha convertido según el sentir de sus habitantes en un “macro desastre” por pésima planeación y peor ejecución. Para rematar, se trata de un proyecto uribista, castigado por el actual gobierno nacional para escarmiento político.
Una mezcla de ceguera e incuria caracteriza la masiva intervención gubernamental detrás de la cual se esconde la intención de capturar la plusvalía de terrenos céntricos y planos en una geografía quebrada. ¿No dimensionaron acaso la administración local y la planeación nacional que renovar un área de 111 hectáreas urbanas, habitada por población con enormes privaciones, ameritaba una concepción del proyecto distinta a la negociación patrimonial atemperada con asistencialismo? Resulta claro que no son el ingreso y la vivienda, sino la propiedad y los negocios los móviles del macro desastre.
El país está ante un caso de desplazamiento forzado intra urbano ejecutado por las autoridades bajo la mampara legal. Cientos de habitantes de la Comuna San José atestiguan sobre los atropellos, falsas o incumplidas promesas, engaños y arbitrariedades de los ejecutores del proyecto. Estos, por su parte, escudados en las normas, atribuyen el descontento a desconocimiento o desinformación de la comunidad sobre los procedimientos seguidos. Una respuesta que revictimiza a los afectados y los señala responsables de su propia suerte.
El macro proyecto o macro desastre es concebido en forma divergente por los involucrados. De declaratorias de utilidad pública, avalúos, negociaciones voluntarias, expropiaciones forzosas, acompañamiento social, se viste el discurso de la administración. Desprecio, desolación, indolencia, desarraigo e insensibilidad es lo que sienten por su parte los pobladores. Un inquilino de la localidad lo expresaba gráficamente: “somos vistos como una ‘plaga’, pese a que nosotros somos el ‘alma’, la esencia, los guardianes de las casas.
El afán de lucro atropella así los derechos al trabajo, vivienda, salud, educación de una población ocupada en el rebusque y perseguida por la estigmatización social. La lógica de eficiencia y acumulación no es del todo compatible con la lógica de reconocimiento y distribución. Incluso, si la promesa de bienestar individual y colectivo pretende justificar las intervenciones masivas en la planeación de vías y ciudades, la percepción ciudadana es por lo general adversa a la miopía antropológica de las empresas públicas y privadas.
Por fortuna la indignación de los vecinos ha conducido a la movilización, con el apoyo solidario de sectores cívicos y universitarios. La comunidad de San José exige re direccionar el proyecto urbanístico: darle rostro humano. Su imaginación, autoconciencia y disposición a luchar por los derechos, en instancias nacionales e internacionales, les da autoridad moral. La reivindicación humanitaria puede convertirse en guía para la reconstrucción del tejido social; su desatención, en precursora de nuevas y variadas violencias. La dignidad de las personas y una política de inclusión, no la apropiación de plusvalía futura con medidas de “limpieza social”, deben alumbrar el proceder de las autoridades públicas. Estaremos atentos al desarrollo del caso.