Una modernización insuficiente

LA COLUMNA “¿CÓMO MODERNIZAR a Colombia?” de James Robinson, publicada en El Espectador:

(http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/modernizar-colombia-articulo-532967), desató una amplia discusión sobre el futuro de las víctimas y el manejo de las tierras en Colombia que ojalá no cese sino que se continúe y profundice.Uno de sus argumentos centrales es la incapacidad o inexistencia del Estado en las zonas rurales del país, así como la resistencia de élites locales a la restitución de tierras, hechos que bajo una visión “realista” aconsejarían, más que reintegrar a los desplazados a sus parcelas, invertir en su educación y fomentar proyectos agroindustriales que les den oportunidades y atraigan a las élites, y de su mano al Estado, a invertir en el desarrollo.

Mucho de lo que afirma el profesor de Harvard es cierto y bienintencionado. El Estado es débil, casi efímero, en los campos, sin que sea claro con qué incentivos se fundarían colegios, universidades, centros de salud y hospitales en alejados parajes de nuestra geografía. Los ejércitos antirrestitución, con representación política en el Congreso, también existen y mantienen apoyo en un paramilitarismo latente y desestabilizador. Por eso, una solución pragmática parecería más aconsejable que utópicos planes y programas, incluso aquellos plasmados en la Ley de Víctimas.

El análisis de Robinson no sólo yerra por falta de contexto histórico y por su reduccionismo económico. ¿Por qué plantea la restitución y la educación en forma disyuntiva, como si tuviéramos que escoger entre la una y la otra? Claro que ambas son costosas, pero también necesarias. Además, el Estado que iría detrás de los inversionistas sería el Estado gendarme necesario para brindar seguridad a los enclaves productores, no el Estado social de derecho que pretende una verdadera inclusión social. Sin embargo, lo decisivo es que la solución al conflicto agrario pasa por superar el centralismo mediante la regionalización política.

Un mal tratamiento puede ser peor que la enfermedad. El conflicto armado en torno a la cuestión agraria puede visualizarse en términos de oportunidad de desarrollo o, adicionalmente, como factor propiciador de una profunda reorganización política y social. Lo primero se maneja con leyes, incentivos y mercados. Lo segundo con cambios constitucionales, reordenamiento territorial y asunción de responsabilidades de todo tipo. El Gobierno, y sus asesores internacionales, parecen empeñados en lo primero; líderes cívicos, organizaciones sociales, intelectuales y académicos en lo segundo.

La estructura de propiedad y tenencia de la tierra siempre ha tenido una estrecha relación con el modelo político. El siglo XVII inglés, que Robinson de seguro bien conoce, fue un laboratorio de revoluciones y reformas en torno a la tierra, el Estado y la organización social. Colombia podría avanzar hacia un reordenamiento político, con cinco grandes regiones, como lo propusiera el maestro Orlando Fals Borda, para construir un Estado social de derecho en campos y ciudades, previa y concomitantemente a la asunción de responsabilidades de los actores nacionales y locales. Pero también puede minimizar el desafío y reducirlo al foco inversionista de productividad, márgenes de utilidad y tasa de retorno, condenándonos así a otros cien años de saqueo, arbitrariedad y desgobierno.