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Ciertos sectores del petrismo y de la oposición, que discrepan en casi todo, paradójicamente coinciden en un punto: ambos asimilan la búsqueda de un acuerdo nacional —como el propuesto por el presidente Petro o el que aparece mencionado en el Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las FARC— con la pretensión de convocar una asamblea constituyente. Pero esa tesis es equivocada: aunque, por un lado, existe una cierta relación entre la idea de acuerdo nacional y la de convocar una constituyente, por el otro, no existe ninguna relación necesaria entre ambos procesos.
La relación existe por cuanto, como dijo bellamente Norberto Bobbio, “la vida política se desarrolla mediante conflictos que jamás son resueltos definitivamente, cuya solución se da mediante acuerdos momentáneos, treguas y aquellos tratados de paz más duraderos que son las constituciones”. Las mejores constituciones no son entonces simplemente una norma jurídica de particular jerarquía, sino que encarnan y materializan un verdadero pacto social fundacional, que regula la vida política y social, y que las inmensas mayorías reconocen como su gran acuerdo nacional.
Ciertos pactos políticos o acuerdos nacionales han desencadenado entonces procesos constituyentes, como sucedió en la transición española con los llamados Pactos de la Moncloa de 1977, que condujeron a la asamblea constituyente que redactó la Constitución de 1978, aún vigente. Sin embargo, no toda constituyente surge de un pacto político, ni todo acuerdo nacional conduce a una constituyente.
Puede haber constituyentes sin acuerdo nacional, por ejemplo, cuando son impulsadas por gobiernos autoritarios. Un ejemplo doloroso fue la constituyente impuesta por Maduro de 2017, que terminó de liquidar a la democracia venezolana. Puede haber también acuerdos nacionales de gran importancia que nunca pretendieron conducir a una constituyente. Un ejemplo también de España fue el pacto que las principales fuerzas políticas suscribieron en el año 2000 condenando inequívocamente la violencia terrorista de ETA, después de haber alcanzado otros acuerdos previos (los llamados pactos de Madrid, Ajuria Enea y Navarra). Esos pactos fueron esenciales pues eliminaron cualquier asomo de legitimidad de los atentados de ETA, pero, lejos de tener pretensiones constituyentes, fueron una reafirmación de la Constitución de 1978.
Hoy en Colombia una constituyente no sólo no es necesaria, sino que es riesgosa, como lo he mostrado en varias columnas anteriores, puesto que pondría en peligro la Constitución de 1991, que, sin ser perfecta, es un marco jurídico en que la gran mayoría de los colombianos nos reconocemos, a pesar de nuestras divisiones. Sin embargo, un acuerdo nacional parece necesario por cuanto estamos viviendo una crispación y polarización crecientes, que no sólo deterioran el debate democrático, sino que además impiden que avancemos en reformas que el país requiere. Todo esto favorece las posiciones extremas de derecha, izquierda e incluso de centro (porque también hay a veces un extremismo de centro, por extraño que suene). Un acuerdo nacional que reafirme los valores democráticos y constitucionales, que posibilite un avance concertado de las reformas sociales y en que participen no sólo las fuerzas políticas sino también otros actores —como las organizaciones populares, los empresarios o las iglesias— tal vez podría permitirnos salir de ese riesgoso impasse en que hoy estamos.
Requerimos entonces un gran acuerdo nacional, pero sin constituyente. Ojalá la oposición, por el entendible temor a una constituyente, no se niegue a intentar un acuerdo nacional. Y que el Gobierno concrete su propuesta y deje de enredarla con sus ambiguas menciones al poder constituyente.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
