El pasado miércoles, el Gobierno, la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría acordaron que las cifras oficiales sobre violencia contra líderes sociales serían unificadas y se basarían en la información de la Fiscalía, a la que corresponde investigar esos asesinatos.
A primera vista la propuesta suena, pues es bueno que exista claridad sobre esa atroz violencia y parece razonable que las estadísticas se funden en los hallazgos de la investigación criminal. Pero en realidad es pésima, al menos por las siguientes tres razones.
Primera, porque es un error de diseño institucional. El órgano que tiene la responsabilidad de combatir un fenómeno no debe ser el que recolecte las estadísticas de su evolución, por cuanto es obvia la tentación de manipular las cifras para mostrar buenos resultados. Es como poner a los estudiantes a que se califiquen. Casi todos sacarían cinco, pues, como dijo Oscar Wilde, los seres humanos nos resistimos a todo… salvo a las tentaciones.
Por eso las estadísticas deben ser recolectadas por instituciones independientes. En cambio, en este caso la Fiscalía, que tiene la responsabilidad de esclarecer esos crímenes para castigar a los perpetradores y prevenir nuevos, le va a decir al país si esa violencia está aumentando o disminuyendo. Es un obvio conflicto de intereses, sobre todo si se tiene en cuenta que un punto que suscita a veces discusión es si la persona asesinada era o no un líder social. Esa calificación no debería hacerla ni la Fiscalía ni el Gobierno, pues es grande la tentación de negar ese carácter para argumentar que la violencia contra líderes sociales se ha reducido. Y recordemos lo que dijo Oscar Wilde sobre las tentaciones…
Segunda, porque esa propuesta vacía las competencias de la Defensoría. Precisamente para evitar ese conflicto de intereses, hasta ahora la Defensoría había realizado la tarea, importante y valiosa, de llevar la información sobre esa violencia, pues al ser (en teoría) un órgano independiente del Gobierno y de la Fiscalía no tiene el incentivo de reducir esas cifras. ¿Por qué cede entonces el actual defensor Carlos Camargo esa importante función?
Algunos dirán que exagero, pues no hay por qué temer que el fiscal Barbosa amañe las cifras. Pero, y esa es la tercera razón para criticar la propuesta, el problema es que en el pasado, siendo consejero presidencial de Derechos Humanos, Barbosa ya manipuló las cifras de la ONU sobre asesinatos de líderes sociales para mostrar supuestos éxitos del gobierno Duque, como lo mostré en columnas anteriores y también lo señaló Human Rights Watch. Por ejemplo, en octubre de 2019, Barbosa sostuvo que el gobierno Duque había logrado reducir esos asesinatos en 47 %, lo cual simplemente era falso. Si Barbosa ya incurrió en esa manipulación, ¿por qué va a resistir ahora la tentación? Nuevamente recordemos a nuestro querido Oscar Wilde…
Esta propuesta es tan mala que suscita una inevitable sospecha: que el Gobierno y sus aliados en esas instituciones, que son constitucionalmente independientes pero están hoy ocupadas por personas demasiado cercanas al Ejecutivo, maquillen estas cifras para disculpar un hecho contundente: que ni el Gobierno ni la Fiscalía han podido enfrentar estos crímenes y persisten en su PAO (Plan de Acción Oportuna), que no ha funcionado, en vez de aplicar los instrumentos previstos en el Acuerdo de Paz contra esas violencias, que podrían dar mejores resultados.
Posdata. Lamento la decisión de la Corte Constitucional en el caso de Carolina Sanín. La Corte contradice sus precedentes y atropella la libertad de expresión. Espero poder comentarla próximamente.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
El pasado miércoles, el Gobierno, la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría acordaron que las cifras oficiales sobre violencia contra líderes sociales serían unificadas y se basarían en la información de la Fiscalía, a la que corresponde investigar esos asesinatos.
A primera vista la propuesta suena, pues es bueno que exista claridad sobre esa atroz violencia y parece razonable que las estadísticas se funden en los hallazgos de la investigación criminal. Pero en realidad es pésima, al menos por las siguientes tres razones.
Primera, porque es un error de diseño institucional. El órgano que tiene la responsabilidad de combatir un fenómeno no debe ser el que recolecte las estadísticas de su evolución, por cuanto es obvia la tentación de manipular las cifras para mostrar buenos resultados. Es como poner a los estudiantes a que se califiquen. Casi todos sacarían cinco, pues, como dijo Oscar Wilde, los seres humanos nos resistimos a todo… salvo a las tentaciones.
Por eso las estadísticas deben ser recolectadas por instituciones independientes. En cambio, en este caso la Fiscalía, que tiene la responsabilidad de esclarecer esos crímenes para castigar a los perpetradores y prevenir nuevos, le va a decir al país si esa violencia está aumentando o disminuyendo. Es un obvio conflicto de intereses, sobre todo si se tiene en cuenta que un punto que suscita a veces discusión es si la persona asesinada era o no un líder social. Esa calificación no debería hacerla ni la Fiscalía ni el Gobierno, pues es grande la tentación de negar ese carácter para argumentar que la violencia contra líderes sociales se ha reducido. Y recordemos lo que dijo Oscar Wilde sobre las tentaciones…
Segunda, porque esa propuesta vacía las competencias de la Defensoría. Precisamente para evitar ese conflicto de intereses, hasta ahora la Defensoría había realizado la tarea, importante y valiosa, de llevar la información sobre esa violencia, pues al ser (en teoría) un órgano independiente del Gobierno y de la Fiscalía no tiene el incentivo de reducir esas cifras. ¿Por qué cede entonces el actual defensor Carlos Camargo esa importante función?
Algunos dirán que exagero, pues no hay por qué temer que el fiscal Barbosa amañe las cifras. Pero, y esa es la tercera razón para criticar la propuesta, el problema es que en el pasado, siendo consejero presidencial de Derechos Humanos, Barbosa ya manipuló las cifras de la ONU sobre asesinatos de líderes sociales para mostrar supuestos éxitos del gobierno Duque, como lo mostré en columnas anteriores y también lo señaló Human Rights Watch. Por ejemplo, en octubre de 2019, Barbosa sostuvo que el gobierno Duque había logrado reducir esos asesinatos en 47 %, lo cual simplemente era falso. Si Barbosa ya incurrió en esa manipulación, ¿por qué va a resistir ahora la tentación? Nuevamente recordemos a nuestro querido Oscar Wilde…
Esta propuesta es tan mala que suscita una inevitable sospecha: que el Gobierno y sus aliados en esas instituciones, que son constitucionalmente independientes pero están hoy ocupadas por personas demasiado cercanas al Ejecutivo, maquillen estas cifras para disculpar un hecho contundente: que ni el Gobierno ni la Fiscalía han podido enfrentar estos crímenes y persisten en su PAO (Plan de Acción Oportuna), que no ha funcionado, en vez de aplicar los instrumentos previstos en el Acuerdo de Paz contra esas violencias, que podrían dar mejores resultados.
Posdata. Lamento la decisión de la Corte Constitucional en el caso de Carolina Sanín. La Corte contradice sus precedentes y atropella la libertad de expresión. Espero poder comentarla próximamente.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.