13 Jun 2021 - 5:00 a. m.

Ciencia, gobierno y pandemia

Rodrigo Uprimny

Rodrigo Uprimny

Columnista

El pasado lunes 7 de junio, 140 instituciones del sector salud, entre las cuales están las principales asociaciones médicas y científicas del sector e importantes facultades de Medicina, presentaron una dramática declaración pública, que critica la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud sobre reactivación económica.

La declaración considera que la resolución es técnicamente problemática, manda mensajes equivocados y sus efectos podrían ser catastróficos: si no se modifica, las muertes diarias por COVID-19 podrían llegar en las próximas semanas a 800 y también se incrementarían los fallecimientos por otras enfermedades, debido al colapso del sistema de salud.

Estas preocupaciones parecen tener sustento: el 10 de junio se reportaron casi 30.000 contagios y más de 570 muertes por COVID-19. Sin contar el probable subregistro, son cifras dramáticas pues, además, la tendencia es ascendente.

Las asociaciones no se oponen a medidas de reactivación económica ni están pensando en nuevas cuarentenas, pues tienen claridad en que no es posible realizarlas por la debilidad de los programas sociales del Gobierno y la gravedad de la crisis social y económica asociada a la pandemia. Pero consideran que la reactivación puede y debe hacerse en forma más segura, escalonada y programada, a fin de salvar el mayor número de vidas.

Una de las principales críticas de la declaración es al “índice de resiliencia epidemiológica municipal” previsto en la Resolución 777, que es central pues orienta las decisiones sobre reapertura económica. Las asociaciones consideran que ese índice es inconsistente y carece de soporte científico. Por todas esas razones, las asociaciones, que tienen desarrollos académicos sobre el tema, solicitaron al ministro de Salud derogar la resolución y una reunión urgente para constituir un espacio de participación donde aportar a la mejoría de todos esos temas técnicos y buscar soluciones a la crisis del sistema de salud.

No soy experto en estas materias, por lo que no tengo claro si esas críticas tienen fundamento o si, por el contrario, la Resolución 777 es un buen instrumento técnico. Pero es increíble que, al momento de enviar esta columna a prensa, el Gobierno no hubiera aceptado esa reunión urgente pues esa petición está firmada, reitero, por las principales asociaciones médicas y científicas del sector salud y tiene que ver con la posibilidad de salvar vidas frente a esta terrible pandemia.

En una democracia no le corresponde a la academia ni a la ciencia adoptar las políticas. Esto es tarea de las autoridades electas, pero los ciudadanos tenemos derecho a que el Gobierno, al tomar esas decisiones, tenga en cuenta la mejor evidencia científica posible. Es una expresión de nuestro derecho a beneficiarnos de los avances de la ciencia, como lo dijo la Observación General No. 25 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

La solicitud de estas asociaciones es una nueva oportunidad para que el Gobierno tome en serio la ciencia y la transparencia en el manejo de la pandemia y establezca, como algunos lo propusimos hace más de un año, un comité científico asesor de alta credibilidad y calidad técnica, semejante al del presidente Macron, con especialistas en salud pero también en economía y ciencias sociales, que le permita adoptar, en coordinación con los gobernadores y alcaldes, las mejores políticas y explicarlas transparentemente. Esto siempre fue importante pero hoy lo es aún más, dada la gravedad de la crisis sanitaria y social y la dificultad de lograr políticas que equilibren, en la mejor forma posible, la protección de la salud, la reactivación económica y la superación de la crisis social.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

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