Confianza electoral, fraude y democracia

La relación entre elecciones, violencia y democracia es compleja. El proceso electoral puede ser pacificador por cuanto las grandes decisiones son tomadas con base en la regla de mayoría, que consiste, según dijo alguna vez Bobbio, en “contar cabezas en vez de cortar cabezas”. Sin embargo, las elecciones pueden también generar violencias y rupturas institucionales, especialmente si existen dudas sobre si las cabezas fueron o no bien contadas: los partidos derrotados pueden entonces rechazar los resultados y recurrir a la violencia (y así, muchas cabezas corren el riesgo de ser cortadas). La democracia requiere por ello un sistema electoral confiable.

Nuestro proceso electoral es ambiguo: tiene rasgos muy negativos, pero otros muy positivos. Esta paradójica situación podría ser resumida así: antes de que depositemos nuestro voto ocurren irregularidades graves, pero una vez el voto está en la urna, el sistema funciona bien.

Los vicios antes de que votemos son evidentes: compra de votos, clientelismo, desinformación y amenazas de actores armados sobre los votantes. Igualmente existe una influencia excesiva y muchas veces indebida de dineros (tanto legales como ilegales) en las campañas. Todo esto distorsiona la participación electoral y debe ser corregido.

Depositado el voto, el sistema electoral es robusto y confiable. El proceso es complejo, pero amerita ser descrito. Nosotros votamos con tarjetones que reciben los jurados de cada mesa, que son ciudadanos elegidos al azar y que no se conocían previamente. Terminada la jornada, los jurados cuentan los votos y registran el resultado de su mesa en el llamado formulario E-14. Su labor es vigilada por los organismos de control, por observadores nacionales e internacionales y, sobre todo, por los testigos electorales, que son delegados de los partidos que pueden denunciar las irregularidades que constaten. Los resultados de cada mesa son transmitidos rápidamente a la Registraduría y esa información es agregada informáticamente. Esto permite tener en pocas horas un “preconteo”, que brinda unos resultados generales. Sin embargo, este preconteo es puramente informativo y no tiene valor jurídico. El verdadero resultado electoral lo da el “escrutinio”, que es realizado en los días siguientes esencialmente por jueces y notarios. Con la debida cadena de custodia, estas comisiones escrutadoras revisan los formularios E-14, corrigen eventuales inconsistencias y resuelven los reclamos de las campañas. Esta labor es hecha públicamente frente a los testigos electorales, los observadores y los delegados de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral. Sólo entonces los resultados electorales son oficiales.

El escrutinio puede durar varios días y por eso existe el preconteo: así podemos tener información oficial de la votación en pocas horas. Pero hay un costo: existen desfases entre preconteo y escrutinio, a veces fuertes, como el ocurrido con la votación del Pacto Histórico para Congreso en 2022. Esto es indeseable y genera rumores de fraude. Gracias a las mejoras técnicas, este desfase es hoy mínimo: según la MOE, fue de 0,2 % en las elecciones del pasado marzo.

Como vemos, Colombia combina mecanismos manuales y electrónicos, lo cual permite dejar el registro de todo lo ocurrido. Por ejemplo, los formularios E-14 son digitalizados y están disponibles en la web; esos registros permiten entonces controlar eventuales errores del software de la Registraduría y viceversa. Además, intervienen diversos actores independientes (jurados, testigos, jueces, notarios, registraduría, etc.) que se controlan mutuamente. Y la ciudadanía juega un gran papel: como jurados, testigos electorales u observadores.

Por todas esas razones, es muy difícil que exista en Colombia un fraude como el ocurrido en Venezuela. Obviamente el sistema es perfectible y debemos estar atentos frente a cualquier irregularidad, pero dadas las características de nuestro sistema de escrutinio, con actores múltiples y verificaciones cruzadas, las narrativas sin sustento de fraude son irresponsables: minan un bien público, que es la confianza en el resultado electoral.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.