La terrible situación que vive Venezuela no tiene una salida democrática fácil, pero una cosa es clara: la Asamblea Constituyente (AC) propuesta por Maduro no sólo no es la solución, sino que agrava la crisis.
En mi columna del 4 de junio (“Constituyente inmadura”) mostré que esa AC era antidemocrática, pues la forma de elección de los constituyentes (un porcentaje corporativo y otro con circunscripciones electorales amañadas) y el control total por el Gobierno de los organismos electorales permitirá que sea una AC controlada por Maduro y que no represente la voluntad del pueblo venezolano. Que era además inconstitucional, porque una AC en Venezuela sólo puede ser convocada por un pronunciamiento directo de la ciudadanía, como un referendo, que Maduro elude porque sabe que lo perdería. Y que además esa AC destruiría la Constitución de 1999, que es uno de los pocos puntos de confluencia que permitiría la salida de la crisis, pues tanto los chavistas como la oposición y la población en general parecen aceptar esa Constitución.
Todo lo anterior ya es gravísimo. Pero hay otros dos elementos que empeoran la cosa: i) la AC no tiene término, pues el Decreto 2830 que la convoca no le fija ninguno, con lo cual podría ser una AC que se mantenga por algunos meses, pero también por años o décadas, y ii) su tarea no es redactar una Constitución y limitarse a eso, como lo hacen las AC verdaderamente democráticas, sino que sería un órgano supremo para todo. En efecto, ese mismo decreto la caracteriza como depositaria del poder constituyente originario, cuya “voz suprema” servirá para “decidir el futuro de la patria”.
Esto significa que esa AC, que no tiene plazos y que será controlada por Maduro, puede hacer lo que quiera, pues va a ser la voz suprema que decidirá el futuro de Venezuela. Esa AC podría, entonces, por citar algunos ejemplos, ampliar el período de Maduro, disolver la Asamblea Nacional donde hoy es mayoritaria la oposición o destituir a la fiscal general que, a pesar de ser chavista, hoy se opone al autoritarismo desbordado de Maduro.
Ya no habrá Constitución, pues esta AC concentrará todos los poderes del Estado, por período indefinido y como, por su forma de elección, estará controlada por Maduro, esto significa que a partir de la instalación de esa AC, Maduro será un dictador que concentrará todos los poderes del Estado.
Esta AC invoca entonces el poder constituyente del pueblo, pero no para establecer una Constitución, que sea un pacto de convivencia entre fuerzas enfrentadas, que es el sentido de una AC genuinamente democrática, como la que nosotros tuvimos en 1991, sino para poner en marcha una maquinaria, que con el disfraz de la democracia y del régimen constitucional pretende aplastar a la oposición y la movilización popular, que lleva más de 100 días en las calles.
Esta AC es entonces realmente una especie de agujero negro autoritario, que consumirá lo que queda de democracia en Venezuela. Y por ello la comunidad internacional debe oponerse con vigor a esa AC, que representa el quiebre final de la democracia venezolana.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
La terrible situación que vive Venezuela no tiene una salida democrática fácil, pero una cosa es clara: la Asamblea Constituyente (AC) propuesta por Maduro no sólo no es la solución, sino que agrava la crisis.
En mi columna del 4 de junio (“Constituyente inmadura”) mostré que esa AC era antidemocrática, pues la forma de elección de los constituyentes (un porcentaje corporativo y otro con circunscripciones electorales amañadas) y el control total por el Gobierno de los organismos electorales permitirá que sea una AC controlada por Maduro y que no represente la voluntad del pueblo venezolano. Que era además inconstitucional, porque una AC en Venezuela sólo puede ser convocada por un pronunciamiento directo de la ciudadanía, como un referendo, que Maduro elude porque sabe que lo perdería. Y que además esa AC destruiría la Constitución de 1999, que es uno de los pocos puntos de confluencia que permitiría la salida de la crisis, pues tanto los chavistas como la oposición y la población en general parecen aceptar esa Constitución.
Todo lo anterior ya es gravísimo. Pero hay otros dos elementos que empeoran la cosa: i) la AC no tiene término, pues el Decreto 2830 que la convoca no le fija ninguno, con lo cual podría ser una AC que se mantenga por algunos meses, pero también por años o décadas, y ii) su tarea no es redactar una Constitución y limitarse a eso, como lo hacen las AC verdaderamente democráticas, sino que sería un órgano supremo para todo. En efecto, ese mismo decreto la caracteriza como depositaria del poder constituyente originario, cuya “voz suprema” servirá para “decidir el futuro de la patria”.
Esto significa que esa AC, que no tiene plazos y que será controlada por Maduro, puede hacer lo que quiera, pues va a ser la voz suprema que decidirá el futuro de Venezuela. Esa AC podría, entonces, por citar algunos ejemplos, ampliar el período de Maduro, disolver la Asamblea Nacional donde hoy es mayoritaria la oposición o destituir a la fiscal general que, a pesar de ser chavista, hoy se opone al autoritarismo desbordado de Maduro.
Ya no habrá Constitución, pues esta AC concentrará todos los poderes del Estado, por período indefinido y como, por su forma de elección, estará controlada por Maduro, esto significa que a partir de la instalación de esa AC, Maduro será un dictador que concentrará todos los poderes del Estado.
Esta AC invoca entonces el poder constituyente del pueblo, pero no para establecer una Constitución, que sea un pacto de convivencia entre fuerzas enfrentadas, que es el sentido de una AC genuinamente democrática, como la que nosotros tuvimos en 1991, sino para poner en marcha una maquinaria, que con el disfraz de la democracia y del régimen constitucional pretende aplastar a la oposición y la movilización popular, que lleva más de 100 días en las calles.
Esta AC es entonces realmente una especie de agujero negro autoritario, que consumirá lo que queda de democracia en Venezuela. Y por ello la comunidad internacional debe oponerse con vigor a esa AC, que representa el quiebre final de la democracia venezolana.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.