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La renuncia forzada y tardía del defensor abre al presidente Santos la posibilidad de hacer una moñona: reforzar una institución trascendental como la Defensoría, recuperar el prestigio del cargo de defensor y mejorar la equidad de género en la cúpula del Estado.
Esa moñona sólo requiere que el presidente elabore una terna con tres mujeres, que sean intachables éticamente, competentes profesionalmente y estén comprometidas con la paz y los derechos humanos. Y mujeres con esos rasgos hay muchas.
La Defensoría es una institución muy importante pues no sólo le corresponde en general promover los derechos humanos, sino que desarrolla también labores específicas trascendentales, como suministrar defensa jurídica a quienes la requieran pero no puedan pagarla, o denunciar posibles violaciones de derechos humanos. En cierta forma la Defensoría es el abogado de los sin abogado y la voz de los sin voz.
La mayor parte de los funcionarios de la Defensoría están muy comprometidos con esas difíciles labores institucionales y no sólo trabajan incansablemente, sino que incluso asumen grandes riesgos personales. Algunas masacres han podido ser evitadas gracias a que algunos valientes funcionarios de la Defensoría en las regiones lograron que hubiera la alerta temprana, que permitió prevenir la atrocidad. Pero para que la Defensoría cumpla bien su misión se requiere también que el defensor o defensora del Pueblo tenga enorme credibilidad moral pues la Defensoría no tiene poder sancionatorio. Su único poder es su “magistratura moral”, que es la capacidad de influir debido a la credibilidad y al respeto que generen sus actuaciones, sus informes y sus denuncias. Y esa magistratura requiere que la autoridad moral del defensor o defensora sea incuestionable.
El drama es que, en los últimos 12 años, los defensores no han tenido la autoridad moral que tuvieron en su momento Jaime Córdoba o Eduardo Cifuentes, este último antes de su infortunada renuncia, lo cual ha debilitado el impacto de la Defensoría. Volmar Pérez nunca asumió verdaderamente la tarea de defensor y Otálora, quien no hizo una mala labor de fortalecimiento presupuestal e institucional de la Defensoría, perdió toda credibilidad moral por sus maltratos y acosos.
Santos puede recuperar el brillo de la Defensoría con una excelente terna. Y, por razones de equidad de género, debería hacer una terna de mujeres para que tengamos nuestra primera defensora del Pueblo. Es no sólo un asunto de justicia con las mujeres, sino que además reduce la discriminación por sexo, porque acostumbra a la sociedad a ver a las mujeres en puestos de alta responsabilidad. Y candidatas es lo que hay.
Posdata: ¡Qué diferencia entre la indigna renuncia de Otálora y la dignidad y solidez argumentativa de la carta de renuncia de su defensor delegado en asuntos constitucionales, Luis Manuel Castro, que confirma que los últimos defensores no estuvieron a la altura de sus valiosos funcionarios! Como antiguo profesor de Lucho siento un enorme orgullo.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
