A pesar de sus diferencias, Duque y Santos son idénticos en un punto: ambos proclaman estar a favor de la igualdad de género, pero a ninguno de los dos le gusta la llamada “Ley de Cuotas” o Ley 581 de 2000, que ordena que al menos el 30 % de los cargos en los máximos niveles decisorios del Gobierno sean ocupados por mujeres. Y ambos gobiernos incumplieron burdamente esa ley.
En abril de 2012, el entonces presidente Santos declaró que no le gustaba la Ley de Cuotas porque las mujeres tenían suficientes méritos para llegar a los altos cargos sin ayuda. Esa declaración era no solo empíricamente falsa, sino normativamente insostenible.
A nivel empírico, Santos desconocía una evidencia contundente, que fue uno de los sustentos de la Ley 581: el llamado “techo de cristal”, conforme al cual las mujeres no logran acceder a cargos directivos, a pesar de que estén igual o mejor capacitadas que los hombres, por cuanto son excluidas de esos puestos a través de mecanismos discriminatorios sutiles y a veces no tanto. Eso ocurre mientras en la sociedad exista una cultura patriarcal, que hace necesarios mecanismos temporales de acción afirmativa, como las cuotas, con el fin de superar esos patrones discriminatorios estructurales contra las mujeres, que en Colombia aún subsisten.
A nivel normativo, Santos desconocía un principio básico del Estado de derecho: que el presidente debe acatar las leyes vigentes, aunque no le gusten, y por eso él tenía que cumplir la Ley 581.
Ese año su gobierno violó esa norma: hizo nombramientos de ministros y superintendentes que no respetaban el mínimo de 30 % de cargos para las mujeres, por lo cual SISMA Mujer, la Red Nacional de Mujeres y Dejusticia demandamos esos nombramientos. Al final, frente al evidente riesgo de que esos nombramientos fueran judicialmente anulados, Santos reorganizó su gabinete y cumplió con la Ley de Cuotas. A pesar de eso, el Consejo de Estado lo regañó y le pidió que sus nuevos nombramientos respetaran las cuotas previstas por la Ley 581.
Hoy Duque repite la misma historia. En su discurso público se proclama defensor de la igualdad de las mujeres y se preció de tener inicialmente un gabinete que iba más lejos que la Ley de Cuotas, pues era paritario: ocho mujeres en un gabinete de 16. Incluso en enero de 2019 había diez ministras y ocho ministros, lo cual era histórico. Pero no duró mucho: en agosto de 2020 eran solo siete mujeres en el gabinete, pues el presidente cambió a sus ministras por ministros cuando empezaron los problemas. Y este año Duque, que proclamó al posesionarse que su gobierno sería el de la legalidad y la paridad de género, ni siquiera cumple con la Ley de Cuotas: hoy, de los 18 integrantes del gabinete, solo cinco son mujeres, lo cual no llega al 30 % exigido por la Ley 581. Algo semejante ocurre con los departamentos administrativos y las superintendencias: una sola mujer directora frente a cinco hombres y dos mujeres superintendentes de diez superintendencias.
El presidente Duque se está entonces quedando con el pecado de violar la Ley 581 y nosotros nos quedamos sin la mínima equidad de género prevista por esa norma. Este comportamiento ilegal refuerza además los estereotipos patriarcales, pues pareciera que para Duque la paridad de género es un lujo para la posesión presidencial, pero hay que nombrar a hombres cuando las cosas se complican. Por eso SISMA Mujer, la Corporación Humanas, la Red Nacional de Mujeres y Dejusticia nos hemos visto obligadas a demandar todos esos nombramientos para que al menos el Gobierno cumpla la ley, que es su mínimo deber constitucional, pues muy lejos quedaron sus promesas de campaña de un gabinete paritario.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
A pesar de sus diferencias, Duque y Santos son idénticos en un punto: ambos proclaman estar a favor de la igualdad de género, pero a ninguno de los dos le gusta la llamada “Ley de Cuotas” o Ley 581 de 2000, que ordena que al menos el 30 % de los cargos en los máximos niveles decisorios del Gobierno sean ocupados por mujeres. Y ambos gobiernos incumplieron burdamente esa ley.
En abril de 2012, el entonces presidente Santos declaró que no le gustaba la Ley de Cuotas porque las mujeres tenían suficientes méritos para llegar a los altos cargos sin ayuda. Esa declaración era no solo empíricamente falsa, sino normativamente insostenible.
A nivel empírico, Santos desconocía una evidencia contundente, que fue uno de los sustentos de la Ley 581: el llamado “techo de cristal”, conforme al cual las mujeres no logran acceder a cargos directivos, a pesar de que estén igual o mejor capacitadas que los hombres, por cuanto son excluidas de esos puestos a través de mecanismos discriminatorios sutiles y a veces no tanto. Eso ocurre mientras en la sociedad exista una cultura patriarcal, que hace necesarios mecanismos temporales de acción afirmativa, como las cuotas, con el fin de superar esos patrones discriminatorios estructurales contra las mujeres, que en Colombia aún subsisten.
A nivel normativo, Santos desconocía un principio básico del Estado de derecho: que el presidente debe acatar las leyes vigentes, aunque no le gusten, y por eso él tenía que cumplir la Ley 581.
Ese año su gobierno violó esa norma: hizo nombramientos de ministros y superintendentes que no respetaban el mínimo de 30 % de cargos para las mujeres, por lo cual SISMA Mujer, la Red Nacional de Mujeres y Dejusticia demandamos esos nombramientos. Al final, frente al evidente riesgo de que esos nombramientos fueran judicialmente anulados, Santos reorganizó su gabinete y cumplió con la Ley de Cuotas. A pesar de eso, el Consejo de Estado lo regañó y le pidió que sus nuevos nombramientos respetaran las cuotas previstas por la Ley 581.
Hoy Duque repite la misma historia. En su discurso público se proclama defensor de la igualdad de las mujeres y se preció de tener inicialmente un gabinete que iba más lejos que la Ley de Cuotas, pues era paritario: ocho mujeres en un gabinete de 16. Incluso en enero de 2019 había diez ministras y ocho ministros, lo cual era histórico. Pero no duró mucho: en agosto de 2020 eran solo siete mujeres en el gabinete, pues el presidente cambió a sus ministras por ministros cuando empezaron los problemas. Y este año Duque, que proclamó al posesionarse que su gobierno sería el de la legalidad y la paridad de género, ni siquiera cumple con la Ley de Cuotas: hoy, de los 18 integrantes del gabinete, solo cinco son mujeres, lo cual no llega al 30 % exigido por la Ley 581. Algo semejante ocurre con los departamentos administrativos y las superintendencias: una sola mujer directora frente a cinco hombres y dos mujeres superintendentes de diez superintendencias.
El presidente Duque se está entonces quedando con el pecado de violar la Ley 581 y nosotros nos quedamos sin la mínima equidad de género prevista por esa norma. Este comportamiento ilegal refuerza además los estereotipos patriarcales, pues pareciera que para Duque la paridad de género es un lujo para la posesión presidencial, pero hay que nombrar a hombres cuando las cosas se complican. Por eso SISMA Mujer, la Corporación Humanas, la Red Nacional de Mujeres y Dejusticia nos hemos visto obligadas a demandar todos esos nombramientos para que al menos el Gobierno cumpla la ley, que es su mínimo deber constitucional, pues muy lejos quedaron sus promesas de campaña de un gabinete paritario.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.