Uno de los lemas de campaña del Centro Democrático en 2018 fue que Duque debía ganar la Presidencia para evitar que Colombia cayera en el “castrochavismo”. La gran paradoja es que en estos años de su gobierno Colombia ha mostrado al menos seis síntomas de deterioro democrático semejantes a los de la Venezuela chavista, como lo mostré en unos trinos recientes, cuyo contenido retomo y desarrollo en esta columna.
Primero, la afectación grave de la separación de poderes por la tentativa del gobierno de copar los poderes independientes. Los jefes de los órganos de control, como el fiscal, la procuradora y el defensor del Pueblo, son hoy amigos o exfuncionarios de Duque, fueron electos por su apoyo y no han mostrado independencia frente al gobierno, como lo deja claro su mutismo frente a los terribles excesos de la Policía en la represión de las protestas. El contralor ha resultado también cercano al gobierno. Duque ha igualmente consolidado mayorías legislativas recurriendo, entre otras cosas, a la mermelada que tanto criticó en el gobierno Santos; y ha buscado copar el Banco de la República. Duque ha nombrado a cuatro de los integrantes de la Junta y en ella tiene también asiento el ministro de Hacienda, con lo cual seis de sus siete integrantes le son cercanos. Hoy sólo el poder judicial y algunos gobiernos seccionales mantienen independencia frente a la presidencia.
Segundo, el abuso de los poderes de excepción y de la legislación por decreto, aprovechando la emergencia sanitaria. En pocos meses, Duque expidió 115 decretos legislativos, o sea con fuerza de ley, que equivalen a casi un tercio de todos los decretos legislativos expedidos durante la vigencia de la Constitución de 1991. Nadie ha legislado tanto ni limitado tanto nuestros derechos a punta de simples decretos como este Gobierno.
Tercero, la persecución jurídica de los opositores. No hemos llegado a los extremos de Nicaragua, en que siete precandidatos fueron encarcelados en las pasadas elecciones, pero la acusación de la Fiscalía y el fallo de responsabilidad fiscal contra Fajardo, sin sustentos sólidos, muestran un preocupante empapelamiento de los opositores. Esto se suma al intento fallido de la Fiscalía de judicializar, sin bases, a Petro y a Claudia López, mientras no avanzan las investigaciones que involucran al gobierno, como la Ñeñepolítica o la violencia policial en las protestas.
Cuarto, la debilidad de las garantías electorales. El registrador Vega, también cercano al gobierno, en vez de ofrecer seguridades a los opositores, sale con la insólita declaración de que quien sienta que no tiene garantías pues que no se presente a las elecciones. Quinto, el uso electoral de la contratación pública. En una reforma groseramente inconstitucional a la ley de presupuesto, el gobierno apoyó la suspensión de la Ley de Garantías (cuya permanencia Duque había defendido en el pasado), que permite al gobierno nacional y a los gobiernos locales usar la contratación pública a favor de sus candidatos.
Y bueno, sexto, faltaba amordazar a la prensa, amenazándola. Pero eso ya ocurrió en dos formas: i) el articulito aprobado en una ley contra la corrupción, que amenaza con sanciones a periodistas y medios que formulen denuncias y críticas supuestamente calumniosas a funcionarios públicos. Y ii) las amenazantes declaraciones del fiscal Barbosa de que detrás de las críticas a las autoridades siempre hay “algún delincuente parapetado”.
Estos seis síntomas autoritarios de ese “castrochavismo” que tanto denuncia el uribismo se han materializado durante el gobierno Duque. No estamos igual que Nicaragua o Venezuela, pero nos vamos pareciendo. Duque nos lega un Estado de derecho profundamente deteriorado.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
Uno de los lemas de campaña del Centro Democrático en 2018 fue que Duque debía ganar la Presidencia para evitar que Colombia cayera en el “castrochavismo”. La gran paradoja es que en estos años de su gobierno Colombia ha mostrado al menos seis síntomas de deterioro democrático semejantes a los de la Venezuela chavista, como lo mostré en unos trinos recientes, cuyo contenido retomo y desarrollo en esta columna.
Primero, la afectación grave de la separación de poderes por la tentativa del gobierno de copar los poderes independientes. Los jefes de los órganos de control, como el fiscal, la procuradora y el defensor del Pueblo, son hoy amigos o exfuncionarios de Duque, fueron electos por su apoyo y no han mostrado independencia frente al gobierno, como lo deja claro su mutismo frente a los terribles excesos de la Policía en la represión de las protestas. El contralor ha resultado también cercano al gobierno. Duque ha igualmente consolidado mayorías legislativas recurriendo, entre otras cosas, a la mermelada que tanto criticó en el gobierno Santos; y ha buscado copar el Banco de la República. Duque ha nombrado a cuatro de los integrantes de la Junta y en ella tiene también asiento el ministro de Hacienda, con lo cual seis de sus siete integrantes le son cercanos. Hoy sólo el poder judicial y algunos gobiernos seccionales mantienen independencia frente a la presidencia.
Segundo, el abuso de los poderes de excepción y de la legislación por decreto, aprovechando la emergencia sanitaria. En pocos meses, Duque expidió 115 decretos legislativos, o sea con fuerza de ley, que equivalen a casi un tercio de todos los decretos legislativos expedidos durante la vigencia de la Constitución de 1991. Nadie ha legislado tanto ni limitado tanto nuestros derechos a punta de simples decretos como este Gobierno.
Tercero, la persecución jurídica de los opositores. No hemos llegado a los extremos de Nicaragua, en que siete precandidatos fueron encarcelados en las pasadas elecciones, pero la acusación de la Fiscalía y el fallo de responsabilidad fiscal contra Fajardo, sin sustentos sólidos, muestran un preocupante empapelamiento de los opositores. Esto se suma al intento fallido de la Fiscalía de judicializar, sin bases, a Petro y a Claudia López, mientras no avanzan las investigaciones que involucran al gobierno, como la Ñeñepolítica o la violencia policial en las protestas.
Cuarto, la debilidad de las garantías electorales. El registrador Vega, también cercano al gobierno, en vez de ofrecer seguridades a los opositores, sale con la insólita declaración de que quien sienta que no tiene garantías pues que no se presente a las elecciones. Quinto, el uso electoral de la contratación pública. En una reforma groseramente inconstitucional a la ley de presupuesto, el gobierno apoyó la suspensión de la Ley de Garantías (cuya permanencia Duque había defendido en el pasado), que permite al gobierno nacional y a los gobiernos locales usar la contratación pública a favor de sus candidatos.
Y bueno, sexto, faltaba amordazar a la prensa, amenazándola. Pero eso ya ocurrió en dos formas: i) el articulito aprobado en una ley contra la corrupción, que amenaza con sanciones a periodistas y medios que formulen denuncias y críticas supuestamente calumniosas a funcionarios públicos. Y ii) las amenazantes declaraciones del fiscal Barbosa de que detrás de las críticas a las autoridades siempre hay “algún delincuente parapetado”.
Estos seis síntomas autoritarios de ese “castrochavismo” que tanto denuncia el uribismo se han materializado durante el gobierno Duque. No estamos igual que Nicaragua o Venezuela, pero nos vamos pareciendo. Duque nos lega un Estado de derecho profundamente deteriorado.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.