Ecuador: un nuevo grito contra la prohibición

La crisis de Ecuador es no solo dolorosa sino compleja, como intenté mostrarlo en mi última columna, porque en ella juegan tanto factores internos, que son responsabilidad de los ecuatorianos, como factores internacionales, sobre los cuales ese país y sus gobiernos tienen poco control. En esta ocasión me centro en estos últimos por cuanto considero que la crisis ecuatoriana es una nueva evidencia de los terribles costos que la prohibición de las drogas impone a muchos países y, en especial, a América Latina.

Los analistas, con distintos énfasis, coinciden en que la explosión de violencia en Ecuador, cuya tasa de homicidio pasó de 7 por 100.000 habitantes en 2020 a aproximadamente 45 el año pasado, está asociada al fortalecimiento de las bandas criminales por su mayor involucramiento en el narcotráfico internacional. El enfrentamiento entre esas bandas y de éstas con el Estado es el factor dinamizador de esta violencia. A su vez, el mayor involucramiento de Ecuador en el narcotráfico se debió esencialmente a una recomposición internacional del negocio, que permitió a esas bandas locales, en alianza con mafias transnacionales, aprovechar los puertos ecuatorianos para exportar masivamente cocaína, especialmente a Europa.

Este aumento desmesurado de violencia por la presencia de poderosas organizaciones de narcotraficantes no es algo inédito en la región: con las obvias particularidades nacionales, recuerda la situación de Colombia a finales de los ochenta o la de México desde 2007. Evoluciones semejantes, con distintas intensidades y modalidades, han ocurrido en otros países de América Latina.

Es cierto que el narcotráfico no es la única economía ilícita en la región pues, como lo ha mostrado el sociólogo Marcelo Bergman, el “negocio del crimen” ha florecido en múltiples formas (robos de carros y celulares, extorsión etc.), lo cual explica, en gran medida, la persistencia e incluso el incremento de la violencia en América Latina. Por la cantidad de dinero que mueve y su capacidad de reproducirse, el narcotráfico es la economía ilegal más poderosa, por lo cual articula y dinamiza a las distintas organizaciones criminales y les confiere una enorme capacidad de violencia y desestabilización. Imaginemos nuestra región sin narcotráfico: eso no acabaría totalmente la violencia ni el crimen, pero los reduciría drásticamente y los haría manejables porque privaría a las organizaciones criminales de su negocio más rentable.

Ahora bien, el narcotráfico existe esencialmente porque existe la prohibición de las drogas: si no hubiera esa prohibición y hubiera un mercado regulado de esas sustancias, entonces no habría narcotráfico o sería una cosa muy menor. La evidencia contundente, como lo hemos mostrado varios analistas, es que la prohibición ha fracasado en evitar el abuso de sustancias psicoactivas, como la marihuana o la cocaína, pues no reduce el mercado. En cambio, tiene efectos gravísimos sobre la salud pública y crea el narcotráfico, con todas sus secuelas de corrupción y violencia. Por el contrario, la regulación o legalización regulada (distinta del mercado libre) protege mejor la salud pública y acaba con la violencia y corrupción extremas del narcotráfico, ya que elimina ese rentable y proteico mercado ilícito.

Sin negar la cuota de responsabilidad que le cabe a cada país, y en especial a sus élites, por no enfrentar más lúcidamente la violencia del narcotráfico, la crisis ecuatoriana es una nueva muestra de la injusticia de la prohibición, frente a la cual América Latina debería unirse para exigir su desmonte. Incluso a gritos. Por ejemplo, en la próxima reunión, en marzo, de la Comisión de Estupefacientes en Viena.

(*) Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.