El acuerdo con la CPI

El acuerdo del Gobierno Duque con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (FCPI) puede parecer inoportuno, lo cual explica la oposición al mismo de ciertas organizaciones de víctimas y de derechos humanos, pero paradójicamente podría tener impactos positivos en la consolidación de una paz con justicia.

Para entender el acuerdo, es necesario recordar que, desde 2004, la FCPI investiga los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Colombia. Esa investigación ha sido sólo “preliminar” debido al principio de complementariedad, según el cual la FCPI sólo puede abrir un caso formal, que pueda llevar a condenas, si el país no es capaz o no tiene la voluntad de castigar esos crímenes. Como Colombia mostraba algunos avances en sancionar esas atrocidades, la FCPI no abrió ningún caso formal. Pero como la impunidad seguía siendo altísima, en especial porque las investigaciones no llegaban a los máximos responsables, la FCPI mantuvo esa investigación preliminar durante todos estos años, con la amenaza de abrir un caso formal.

Este año, debido esencialmente a la JEP, que ha imputado cargos a altos responsables de secuestros y de falsos positivos, la FCPI consideró que había progresos significativos, por lo cual la investigación preliminar podía cerrarse, siempre y cuando hubiese garantías de que esos avances continuarían. Y esa es la esencia del acuerdo: la FCPI cierra la investigación preliminar, a cambio de un compromiso del gobierno de no sólo no interferir en las instancias judiciales que investigan esos crímenes, en especial la JEP, sino además de darles el soporte financiero necesario y abstenerse de cualquier tentativa de modificar su marco jurídico. Además, la FCPI seguirá pendiente de Colombia pues el acuerdo señala que si esos compromisos no son cumplidos, o los avances no siguen, la FCPI podría reconsiderar su decisión, lo cual significa que podría abrir casos formales por los crímenes cometidos en el país.

El acuerdo pudo ser prematuro pues los avances de la JEP, a pesar de ser muy significativos, no están consolidados: aún no hay condenas ni sanciones efectivas y existen tentativas por abolir o desestructurar esta jurisdicción. Además, existen atrocidades que no son competencia de la JEP, como los crímenes ocurridos después del acuerdo de paz y frente a las cuales la Fiscalía colombiana no muestra avances suficientes. El acuerdo corre además el riesgo de quedar atrapado en medio de las controversias electorales, lo cual es negativo. Por todo ello entiendo y comparto parcialmente la visión de quienes le solicitaron a la FCPI que planteara su visión y sus exigencias pero sin cerrar la investigación preliminar, al menos durante uno o dos años más, mientras se consolidaban los avances de la JEP.

A pesar de que pueda ser inoportuno, el acuerdo tiene sin embargo elementos muy positivos. En particular muestra que el acuerdo de paz, lejos de ser ese monstruo de impunidad que pintan sus detractores, es una paz con justicia pues han sido esencialmente los avances de la JEP y la perspectiva de que sigan lo que llevó a la FCPI a cerrar la investigación preliminar. La FCPI ha igualmente avalado el tipo de sanciones restauradoras que impondrá la JEP, si se cumplen rigurosamente, con lo cual debería cesar el debate sobre la supuesta incompatibilidad de esas sanciones con el derecho internacional. A su vez, al firmar este acuerdo, el presidente Duque aceptó la legitimidad de la JEP, la importancia de sus avances y se comprometió a preservarla y apoyarla efectivamente, con lo cual deberá oponerse a cualquier tentativa de contrarreforma de esa jurisdicción. El primer paso para cumplir el acuerdo con la FCPI es entonces que pida a su partido retirar el acto legislativo que pretende derogar la JEP.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.