El banco, el ministro y el presidente

El conflicto entre el gobierno y la Junta del Banco de la República (JBR), debido a que ésta incrementó la tasa de interés de referencia en 1 %, tiene al menos cuatro dimensiones que deben ser distinguidas para lograr una mejor discusión.

Los cuatro integrantes de la JBR que votaron a favor del incremento y varios analistas que han apoyado la medida, como Salomón Kalmanovitz, consideraron que era necesaria por el aumento de las expectativas inflacionarias y la incertidumbre generada por la guerra en Irán. Sin embargo, otros integrantes de la JBR, como César Giraldo, consideraron que no son claras las presiones inflacionarias y que en todo caso éstas provendrían de choques de oferta. Consideran entonces que el incremento de la tasa no sirve para contener la inflación, por cuanto ésta no deriva de un exceso de demanda, por lo cual es una medida que afecta innecesariamente el crecimiento y el empleo.

Una primera discusión es sobre la validez jurídica de la medida. Petro la ha calificado de inconstitucional, esencialmente con el argumento de que la JBR no habría respetado su deber de coordinar sus medidas con la política económica general. No comparto su tesis: la decisión es constitucional y jurídicamente válida.

El presidente tiene razón en que la Constitución establece ese deber de coordinación y que, como lo ha señalado la Corte Constitucional en la Sentencia C-481 de 1999 (tal vez la más importante sobre el tema), esto significa que, si bien la finalidad básica de la JBR es “preservar el poder adquisitivo de la moneda (CP art. 373), no puede sin embargo ser indiferente a los resultados de sus decisiones sobre el empleo y el crecimiento, que explícitamente debe tomar en consideración”. Por eso el ministro hace parte de la JBR (que no es usual en otras regulaciones de la banca central) y ésta no sólo debe preocuparse de la inflación: tiene que mirar también el impacto de sus decisiones en otras variables macroeconómicas, como el PIB. Ahora bien, en este caso la JBR efectivamente lo hizo, como lo muestra la correspondiente minuta de la sesión.

El gobierno tiene derecho a no compartir el análisis y la decisión de la JBR, pero no puede pretender que ésta se someta a los criterios presidenciales ya que esto acabaría con su autonomía, que la Constitución protege para preservar la estabilidad monetaria. Por eso la referida sentencia de la Corte aclara que la coordinación “no debe entenderse como la imposición de una colaboración con determinada política económica de un gobierno, sino como la búsqueda de coherencia y cooperación entre las autoridades económicas”.

Por eso, y esa es la segunda dimensión de este debate, es inaceptable que el ministro de Hacienda haya resuelto dejar de asistir a las sesiones de la JBR por no compartir sus medidas. Esto sí es inconstitucional y representa un bloqueo de parte del gobierno a las labores de un órgano autónomo, pues es el ministro quien preside la JBR. Irónico que este bloqueo lo haga un gobierno que tanto se queja de que existen bloqueos institucionales. Ojalá el ministro reconsidere su imprudente decisión, que puede implicarle, además, responsabilidades disciplinarias e incluso penales.

La tercera dimensión del debate es si la regulación constitucional de la autonomía de la JBR es apropiada o amerita ser repensada. Yo tiendo a compartirla, pero creo que son posibles ajustes que la mejoren. Por su complejidad es un punto que espero abordar más sistemáticamente en otra oportunidad.

La cuarta y última discusión, que es la que ha concentrado el debate público, es si el alza fue o no una buena medida. Yo comparto muchas de las críticas de Giraldo, pero independientemente de eso, creo que es un debate necesario, que debe darse públicamente sin que pueda considerarse que afecte la autonomía de la JBR. La JBR es una autoridad con enorme impacto, por lo cual sus decisiones deben estar sometidas al escrutinio público. Pero esta discusión debe darse sin estigmatizaciones: sin santificar a la JBR pero tampoco demonizándola.

* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.